La cesión de una escuela de música privada a una escuela pública de Terrassa a cambio del desarrollo de un proyecto educativo genera tensiones entre el ayuntamiento y la asociación de padres (APA) del conservatorio municipal. Este último cree que la administración municipal prefiere una entidad privada y que no escucha otras demandas de las familias públicas que denuncian tarifas excesivas. El consistorio defiende que la operación se realizó para que el colegio privado pusiera en marcha un proyecto singular de educación musical que ayudara a salvar un colegio severamente segregado.
La historia se remonta a hace unos años cuando el Centro de Enseñanzas Musicales (CEM) de Terrassa, que tiene 40 años de historia y es un centro privado de enseñanza de música y también conservatorio, vio que el contrato de arrendamiento del local estaba ahí terminado arriba. “Ya nos han dicho que nos subirían el precio hasta una cantidad que no podríamos pagar, habríamos tenido que cerrar”, explica el director Ramon Rius. Cuando recibieron un burofax del propietario hace un año y medio, fueron a reunirse con el ayuntamiento. “Les presentamos la situación y se nos ocurrió la solución de utilizar el espacio de una escuela para realizar un proyecto social”, añade. De esta forma, el ayuntamiento eligió el colegio Auró, muy segregado, en el barrio de Can Palet, para que el CEM pudiera instalarse en su interior -en aulas que quedaron vacías tras la pérdida de alumnos de los últimos años- sin pagar alquiler ni cambio Desarrollo de un musical singular proyecto educativo. Fuera del horario escolar, el centro de música sigue impartiendo clases, fuera del horario escolar con alumnos de todos los colegios, pero de forma privada.
Pilar Castellar, directora del Colegio Auró, explica que con la instalación del CEM se creó una orquesta de cuerdas con los alumnos de 3º de primaria, pero los alumnos de años anteriores también reciben lecciones de lenguaje musical y los de infantil reciben ritmo y movimiento. El director cree que este proyecto representa un punto de inflexión en la escuela, donde el 90% de los estudiantes están en riesgo. “Hace dos años nadie venía a las jornadas de puertas abiertas; Este año eran 25 antes de que las familias ni siquiera cruzaran la puerta del colegio, ahora al menos están interesadas en nuestro proyecto». El concejal de Educación, Joan Salvador, cree que «es una situación en la que todos ganan», donde todas las partes ganan «porque No le cuesta ni un euro al ayuntamiento”, el CEM salva su problema de localización y el colegio recibe un proyecto único.
Pero el conservatorio de la ciudad ve la operación con recelo. Según la APA, se “favoreció” una escuela privada y el proyecto debería haberse licitado. Además, el conservatorio realizó algunos talleres en Auró, que luego perdió, aunque a cambio de que se abrieran en otra escuela. “El ayuntamiento no apoya las escuelas públicas, sino que prefiere las privadas”, se quejan las familias. El ayuntamiento admite que este proyecto no se podría llevar a cabo con el personal del jardín de invierno “porque implicaría costes que el ayuntamiento no podría cubrir”. El director del CEM considera el proyecto Auró un “experimento piloto” y ha propuesto extenderlo a otros colegios, extremo que el ayuntamiento descarta por ahora por los costes que supone para el ayuntamiento.
Actitud controvertida
Otro elemento que despertó sospechas en el conservatorio fue el hecho de que, al mismo tiempo que se firmaba el convenio entre el ayuntamiento y el colegio privado (el pasado mes de septiembre), se nombraba al hijo del director del CEM, en un cargo de confianza, como asesor del alcalde hasta finales de agosto pasado. El Consejo defiende que los dos hechos -acuerdo y contratación- fueron «casualidades» y que el nombramiento tuvo en cuenta el perfil profesional del candidato, que había sido director de comunicación de la patronal Cecot en Egarense.
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La lucha arancelaria
Las familias y el ayuntamiento tienen otra disputa abierta sobre los precios del jardín de invierno de la ciudad. La APA denuncia cantidades «abusivas» que perjudican a la clase media y convierten a Terrassa en «el jardín de invierno más caro de Cataluña». Desde hace dos años, este centro cuenta con tarifa social para que las familias paguen según su nivel de ingresos. El sistema se divide en 10 tramos: el tramo más alto alcanza una renta de hasta 94.000 euros (familias de cuatro), mientras que en centros de municipios vecinos como Sabadell o Sant Cugat el límite es inferior a la mitad. Una familia egarense con dos hijos y unos ingresos de 50.000 euros al año paga entre 120 y 180 euros al mes por estudios básicos o profesionales, lo que supone entre 300 y 500 euros más por curso que en las ciudades vecinas mencionadas anteriormente.
La APA considera este sistema “discriminatorio” y denuncia que “los estudiantes de clase media quedan excluidos porque no pueden pagar las tasas”, mientras que los estudiantes vulnerables siempre han estado protegidos porque ya tenían primas. Por su parte, el ayuntamiento sostiene que la intención era «aumentar las tasas a las rentas más altas para compensar a las más bajas» y de esta manera «eliminar el elitismo del conservatorio y dar la oportunidad de acceder a él a familias más vulnerables».
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