A sus 22 años, Mayelín Rodríguez Prado recibió la máxima sentencia con la que el gobierno cubano castigó a un grupo de 13 personas que se manifestaron en el municipio de Nuevitas, en el centro de la isla, en agosto de 2022, la madre de una pequeña niña. pagar 15 años de prisión por difundir las protestas a través de la red social Facebook.
Prado, conocida como “La Chamaca”, registró el momento en que la policía cubana golpeó a tres niñas durante la manifestación y otras escenas represivas contra participantes en la revuelta. La joven, cuya hija tenía entonces menos de un año, fue detenida en su domicilio tras la protesta y recluida en régimen de incomunicación en la sede de la Seguridad del Estado.
El reciente fallo judicial emitido por el Juzgado Municipal de Camagüey, al que tuvo acceso el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), detalla que el tribunal acordó sancionar a Prado como “autor de un delito premeditado y consumado de propaganda hostil por parte de un”. “carácter continuado” y “autor de un delito de sedición doloso y consumado”. También anunciaron condenas de entre 4 y 14 años a otros 12 participantes en la manifestación por los mismos delitos. Según el Código Penal cubano, los disturbios son un “delito contra la seguridad interna del Estado”, y se condena a quien “perturbe el orden socialista mediante el uso de la violencia durante los disturbios y mediante acuerdo expreso o tácito”.
“Mayelín fue quien dio visibilidad a las protestas y la represión por parte de las autoridades, por lo que este veredicto es una forma de castigarla”, dijo el abogado cubano Raudiel Peña Barrios, miembro del grupo de asesoría jurídica Cubalex. El abogado destaca que el objetivo de estas elevadas penas es criminalizar la protesta pacífica y la libertad de expresión. “El mensaje es claro. Cualquier persona que proteste en cualquier lugar de Cuba, por pacífica que sea, será castigada. El delito de sedición tiene un contenido muy político, porque la sedición debe ser cometida por alguien que quiera cambiar el régimen político. El mensaje pretende transmitir que cualquier persona que ni siquiera participe en la manifestación pero la grabe, tome fotografías o vídeos también será sancionada”.
Cansados de la falta de electricidad y otras necesidades básicas, cientos de nuevitas caminaban hace dos años por las calles del barrio Pastelillo con ollas y sartenes, las linternas de sus celulares y tocando bocinas, cantando «libertad». Esta manifestación se produjo apenas un año después de las masivas protestas del 11 de julio, que el gobierno de La Habana dispersó con represión y castigos que dejaron tras las rejas a más de mil personas, algunas enfrentando hasta 30 años de prisión.
“Oraciones de ejemplo”
El activista cubano Marcel Valdés hecho público en
Estas frases “buscan ser ejemplarizantes” en medio del descontento que genera la situación socioeconómica del país, según Yaxys Cires, directora de estrategia del OCDH. “Estas sentencias se enmarcan en un contexto sumamente represivo como el actual, en el que también han ocurrido otros hechos: la detención del periodista José Luis Tan desde el pasado viernes 26 de abril; la detención arbitraria por varias horas de la intelectual Alina Bárbara López Hernández, quien también fue golpeada; y el reciente recordatorio en un programa de televisión cubano de que hay delitos como la sedición que se castigan con la pena de muerte. «Estos son algunos ejemplos», dice.
El subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, también criticó los veredictos de los manifestantes. “La dura sentencia de hasta 15 años de prisión esta semana para los cubanos que se reunieron pacíficamente en Nuevitas en 2022 es indignante”, dijo sobre las necesidades básicas, e “inimaginable”.
Hay otros casos de personas condenadas por el gobierno por hablar públicamente en las redes sociales. Entre los manifestantes de julio de 2021, Yoan de la Cruz, quien retransmitió en directo a través de Facebook la primera manifestación desde San Antonio de los Baños, fue encarcelado durante 10 meses y condenado a cinco años de trabajos correccionales sin internamiento.
Con el auge de Internet en la isla en los últimos años, el acceso de cada vez más cubanos a Internet y las manifestaciones de desobediencia pública de los últimos tiempos, el gobierno ha introducido instrumentos que limitan la libertad de expresión en estos espacios y los someten a sanciones La ley consideraba cada publicación como una amenaza. El Decreto Legislativo 370, aprobado en 2019, tipifica como delito la difusión de “información contraria al interés público, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas” en las redes sociales. Asimismo, el Decreto Legislativo 35 de 2021 regula la limitación del uso de información “a través de infraestructuras, plataformas o servicios de telecomunicaciones/TIC, de contenidos que violen los principios constitucionales, sociales y económicos del Estado”.
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