El sistema público de pensiones español tiene dos fuentes de financiación. El factor más importante son los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales que pagan los empleados y los empleadores y se utilizan para financiar las pensiones actuales. Por ello es un «sistema de cotización» ya que se financia esencialmente con las cotizaciones de los empleados en activo y por «reparto», ya que los pensionados actuales reciben sus pensiones en base a sus cotizaciones anteriores y se financian con las cotizaciones de los empleados que pasan a ser empleados en activo. . Sin embargo, estas contribuciones no son suficientes para pagar el monto de la pensión y, por lo tanto, el sistema necesita una segunda fuente adicional de financiamiento, a saber, los impuestos generales. Y en este punto llega el debate de que el creciente pago de impuestos sobre las pensiones impide que estas se utilicen para otros fines.
Partiendo del diseño del sistema de pensiones, el investigador de Fedea y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García, señala los números rojos que representa la parte exclusivamente contributiva del sistema de pensiones (ingresos por cotizaciones menos pagos de pensiones contributivas). sin contar la parte que se paga con impuestos. Este saldo negativo se habría ampliado hasta los 55.919 millones de euros en 2023, equivalente a 3,8 puntos del PIB, ligeramente superior al déficit con el que cerraron las administraciones públicas (3,7%).
Para llegar a esta cifra, García parte de los resultados oficiales del sistema de seguridad social, que finalizó 2023 con un déficit del 0,6% del PIB, cifra muy similar a la del año anterior. Aunque este porcentaje es fijo, se incrementaría en dos décimas hasta el 0,8% del PIB si se excluyeran de los ingresos corrientes las aportaciones destinadas al mecanismo de equidad intergeneracional, “al tratarse de rentas que no han sido elegibles para su pago desde su finalización, las pensiones actuales son disponible”. el fondo de reserva, que solo estará disponible a partir de 2032”.
Sin embargo, este economista explica que para cubrir la totalidad de la factura de las pensiones, además de los ingresos netos habituales de las cotizaciones sociales, la Seguridad Social ha puesto a disposición otras dos transferencias específicas del Estado por valor de 27.231 millones de euros (1,9% del PIB). : uno para el pago de complementos a la pensión mínima (7.345 millones de euros) y el segundo, suma mucho mayor, para el pago de lo que García considera «mal llamado». gastos inapropiados (19.886 millones de euros). Sin tener en cuenta estas transferencias tributarias, lo que este investigador llama “saldo de cotizaciones del sistema de seguridad social” sería casi el 2,7% del PIB. Además, hay otros 1,2 puntos del PIB en transferencias gubernamentales (impuestos incluidos) para el pago de pensiones pasivas de jubilación de los funcionarios jubilados. En conjunto, el déficit de cotizaciones antes mencionado asciende a 3,8 puntos porcentuales del PIB, que debe financiarse mediante deuda e impuestos generales.
El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Social, rechaza esta contabilidad y defiende que financiar parte del sistema de pensiones a través de impuestos es legítimo y está muy extendido en el entorno social de otros países. Sin embargo, García y muchos otros investigadores de las pensiones sostienen que es precisamente esta radiografía financiera del sistema la que permite analizar más correctamente su funcionamiento para tomar las medidas necesarias que aseguren su sostenibilidad.
Por lo tanto, para los partidarios de esta contabilidad, es importante que sólo la situación financiera de la parte contributiva del sistema de pensiones -cuyo gasto representa el 13,1% del PIB y casi el 30% del gasto público total- sea objeto de debate social. Porque cuantos más recursos fiscales haya disponibles y más financiación necesaria para las pensiones, menos recursos estarán disponibles para otros posibles usos del gasto público, advierte García.
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