Al final, tras un largo enredo en el PP por la rebelión de Isabel Díaz Ayuso para incorporarse al registro de objetores del aborto, Génova finalmente se presentó al cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso ha ganado el juego interno y ha obligado a la dirección del PP a cambiar de posición y protegerla, aun cuando ella admite que una presidenta regional se niega a cumplir una ley estatal. Desde hace más de un mes, el PP está tensionado internamente por este tema que siempre divide al Partido Popular y finalmente, este lunes, Génova respaldó a Ayuso en su decisión de vulnerar la disposición legal que la obliga a crear un registro de médicos que rechazan el aborto.
El responsable de este papel fue el viceconsejero de Hacienda del PP, Juan Bravo, que actuó como portavoz este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité directivo popular. Bravo había escrito la respuesta con mucha mesura y la repitió dos veces cuando los periodistas le preguntaron por la rebelión legal de Ayuso.
La vicesecretaria ha dado protección a Ayuso, argumentando que si hay «dudas» o «diferencias» sobre la aplicación de una ley hay que «ir a los tribunales». «Las leyes se hacen cumplir o se cambian. Una de las cosas hay que hacer. Y si hay dudas tiene que ser el proceso judicial el que hay que resolver», ha defendido Bravo, en la línea del Gobierno de Madrid, que alega que los tribunales son quienes obligan a cumplir la ley y, si es necesario, crear un registro de objetores. “Las leyes se cambian o se hacen cumplir”, repitió Bravo más tarde, volviendo a preguntar. “Y si hay diferencias, hay que acudir a los tribunales para encontrar una solución”.
En realidad, no hay duda sobre la aplicación de la ley, que es restrictiva en la elaboración de estos registros de médicos disidentes. Se trata de una exigencia de la Ley de 2023, cuyo Protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024.
Pero de esta forma un tanto complicada, Génova apoya la negativa del gobierno de la Comunidad de Madrid a cumplir con el padrón. En rigor, no fue Ayuso sino el Ministerio de Sanidad quien llevó el caso a los tribunales precisamente por la negativa del Ejecutivo regional a cumplir una disposición legal. “¡Vete a otro lado a abortar!”, llegó a decir la dirigente madrileña en una sesión de control en el Parlamento de Madrid al ser cuestionada por la oposición, que la acusó de poner obstáculos a la interrupción voluntaria del aborto.
Lo sorprendente es el camino que tomó la dirección del PP para llegar a este punto. Hace poco más de un mes, a principios de octubre, Alberto Núñez Feijóo se vio obligado a realizar una declaración pública en respuesta a la polémica. Luego Feijóo se desmarcó de su baronesa madrileña -sin citarla- al subrayar que si llega al gobierno garantizará los abortos «conforme a las leyes», lo que supondría entonces respetar esta lista de objetores. Esto se interpretó porque la carta de Feijóo fue publicada en el contexto de la controversia del registro de objetores.
Pero poco después, el 13 de octubre, Feijóo ya daba señales de aclarar su postura y acercarse a la de Ayuso. En una entrevista en Antena 3, la líder del PP defendió la necesidad de respetar las leyes vigentes -cosa que Ayuso no hizo-; Esto significa que se crean registros de objeciones. Sin embargo, añadió inmediatamente que pretendía modificar la ley para introducir una «lista» «opuesta» en caso de que preste juramento como presidente tras las próximas elecciones generales. “¿Qué le importa a una mujer: saber qué médicos pueden ayudarla o quiere saber qué médicos no están dispuestos a tratarla?” Dijo Feijóo en esta entrevista.
Esta idea era contraria a lo que está pasando con todos los servicios sanitarios y a lo que han hecho los ayuntamientos del PP, a excepción de Madrid, que es el cumplimiento del padrón. De hecho, la demanda antiaborto de Ayuso provocó malestar en el resto de autonomías del PP que han acatado la ley. «Deja a los demás con el culo al aire», se quejaron en las zonas del PP.
La cuestión ahora es cómo valorarán el resto de comunidades del PP que han cumplido con el registro el hecho de que la dirección popular finalmente apoyara la negativa de la presidenta madrileña a cumplir la ley. De todos modos, gana Ayuso.
