El juez del Juzgado Administrativo 2 de León ha confirmado que el alcalde de Valdelugueros (León) infló el censo antes de las elecciones de 2023. El concejal Emilio Orejas (PP) registró hasta 21 familiares en dos casas de la ciudad, su propiedad y la de su padre, al entender el magistrado que «la existencia de 501 empadronados frente a sólo 178 tarjetas sanitarias en una población envejecida es un fuerte indicio de residencia ficticia», entre otros ejemplos. El veredicto, aprobado por EL PAÍS en un juicio que comenzó en 2021, describe casos como el de un matrimonio de guardias civiles que trabajan en Vitoria, a 330 kilómetros de distancia, y afirman tener su residencia habitual en la ciudad. La denuncia provino de los concejales del PSOE y estuvo encabezada por el abogado Víctor Álvarez, quien reprendió el «juego de las chozas» del alcalde y los hechos «gravísimos» que obligaron a la revisión censal ordenada por el juez.
El auto judicial detalla cómo el alcalde de Valdelugueros aumentó la población de la ciudad hasta niveles que podrían alterar los resultados de la votación en las elecciones locales. «El término ‘vecino’ está indisolublemente ligado a la residencia habitual. La inscripción no es un acto de libre albedrío divorciado de la realidad física, sino el registro administrativo de un hecho: la residencia habitual en un lugar», explica el juez, cuestionando esa estabilidad vital de este supuesto barrio.
La afirmación se basa en factores clave como la ya mencionada falta de tarjetas sanitarias en una región muy antigua y despoblada: «Desafía la lógica y la experiencia común que más del 60% de los residentes de una comunidad rural, en su mayoría personas mayores, renuncien a la atención sanitaria local a menos que no vivan allí».
El Instituto Nacional de Estadística (INE), al observar los aumentos censales en varias localidades de cara a las elecciones locales de 2023, señaló que se produjo un aumento «injustificado» de la población, especialmente con una disminución de la población en las provincias, que ahora ha sido reducida por el poder judicial. El alcalde, expresidente de la Diputación de León, no respondió a las preguntas de EL PAÍS.
El abogado de los querellantes, Víctor Álvarez, explica que en casa del alcalde había doce personas, frente a las once que había al inicio del juicio, y que de las nueve personas que había en casa del padre del concejal ahora quedan cuatro, señal del «juego de mierda con los registros» en el que se arrea a la gente por sus propiedades.
El abogado lamenta que «ha pasado casi cinco años en el proceso y que a las elecciones de 2023 se llegó con el padrón aún no verificado, el ayuntamiento ni siquiera ha recurrido y se ha demostrado que se impidió a la oposición acceder al padrón, con excusas como que no había fotocopiadora, cuando en realidad sí la había». «El número de personas registradas en la casa del alcalde parece ser muy grave. Es imposible que allí viva tanta gente, como se desprende de las declaraciones de los testigos y de la descripción catastral de la casa. Por este motivo, se ordenó crear un expediente de verificación de esta propiedad para poder comprobar fácilmente, a través de las facturas de electricidad y servicios públicos, que vive tanta gente allí», decide.
El juez insiste en que “la actuación del Ayuntamiento de Valdelugueros al desestimar las quejas sobre el padrón y aprobar cifras oficiales, ignorando los evidentes indicios de irregularidades (y los casos de fraude ahora confirmados judicialmente) no fue conforme a Derecho”, aunque deja claro que “no puede ordenar la expulsión automática de los ciudadanos afectados por esta sentencia, ya que ello les conduciría a la indefensión al no haber formado parte del proceso”.
Por tanto, estas personas seguirán apareciendo en Valdelugueros, pero el Ayuntamiento deberá «iniciar de oficio la expulsión, escuchar a los interesados y decidir de acuerdo con la realidad comprobada». Entre los casos que recoge la sentencia se encuentra el de un guardia civil que trabaja en Vitoria, a 330 kilómetros de la ciudad leonesa, que explicó que «ella y su marido trabajaron tres días y luego se fueron a la ciudad y vivieron allí más tiempo», pero que ella despertó sospechas y que, según el juez, el ayuntamiento debería haber comprobado esa veracidad.
A tal efecto, alega que «la distancia entre su lugar de trabajo y la comunidad hace difícilmente compatible una residencia ‘habitual’ con el desempeño del servicio activo, salvo situaciones excepcionales que debían ser verificadas por la administración» y que el propio interesado admitió que fue denunciado falsamente que se encontraba en casa de sus padres cuando «declaró que se hospedaba en casa de su hermana». «Este error, reconocido judicialmente, demuestra la falta de rigor del Ayuntamiento en el mantenimiento del registro y confirma la queja de los denunciantes sobre la inexactitud de los datos», afirma el comunicado judicial, que describe la inexactitud de los censos, lo que obligó al alcalde a realizar una revisión. Otros dos hombres «admitieron sin ambigüedades que su registro fue instrumental, motivado por la necesidad de cumplir con un requisito administrativo para obtener licencias de caza en la reserva local» y que «declararon explícitamente que normalmente no permanecían en la comunidad», lo que «constituye una admisión de fraude legal al utilizar una regla (el registro) para perseguir un objetivo prohibido o diferente al esperado (obtener derechos de caza sin ser verdaderos vecinos)».
