El Juzgado nº 2 de Violencia sobre la Mujer de Móstoles ha admitido a trámite la denuncia de un ex miembro del Consejo Popular del Ayuntamiento de Madrid por acoso sexual en el trabajo (y otros delitos) contra el alcalde Manuel Bautista y contra el PP. La mujer decidió acudir a los tribunales tras meses pidiendo protección a su partido y después de que EL PAÍS expusiera el caso el 4 de febrero. A partir de ese momento consideró que fue objeto de una campaña de desprestigio por parte del ayuntamiento y de varios dirigentes del PP madrileño, hechos que también llevó ante los tribunales.
La demanda a la que tuvo acceso EL PAÍS fue presentada por su abogado Antonio Suárez-Valdés en la Sala de lo Penal del Juzgado de Instancia de Móstoles (Madrid). Pero de ahí fue remitida a un juzgado especializado en violencia machista, que la admitió a juicio el 15 de abril. Se trata de un documento de casi un centenar de páginas sobre presuntos delitos cometidos tanto por Bautista como por el propio Partido Popular como persona jurídica, en aplicación de los artículos 184.5 y 31 bis del Código Penal.
El auto de la jueza Eloísa Márquez de Prado señala que «los hechos resultantes de las denuncias anteriores tienen características que sugieren la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, vulneración de la integridad moral, lesiones, coacción y revelación de secretos» y acuerda el inicio de un procedimiento previo. Convoca a la mujer a declarar el 29 de junio, solicita que sea examinada por un médico forense «para determinar las consecuencias perjudiciales derivadas de los hechos denunciados» y que los acusados sean trasladados.
El escrito de demanda refiere que en otoño de 2022, Manuel Bautista le pidió a la actual demandante trabajar en su equipo y finalmente la clasificó como la número dos de su candidatura. Según sus declaraciones, las insinuaciones sexuales comenzaron en ese contexto de proximidad profesional, especialmente durante los paseos en coche cuando estaban solos. El Exedil califica estas propuestas de reiteradas y explícitas y asevera que ha dejado claro su rechazo desde el principio.
Tras esta negativa, la mujer afirmó que la relación cambió radicalmente y comenzó la “discriminación” y el acoso profesional. Según la denuncia, el alcalde pasó de sugerencias a difundir falsos rumores sobre una supuesta relación entre ambos, con declaraciones de carácter sexual en el ambiente de fiesta. Este contexto, dice, la incomodó mucho e incluso le hizo pensar en no presentarse antes de las elecciones.
En el ayuntamiento, el denunciante afirma que este comportamiento dio lugar a acoso en el lugar de trabajo. Según ella, fue progresivamente relevada de sus funciones, excluida de las reuniones y privada de su visibilidad institucional. Según la denuncia, hubo un proceso de aislamiento que culminó con un intento de privarlo de competencias y de un trato que considera humillante dentro del propio equipo de gobierno.
“El diario de reuniones muestra que durante más de un año en el cargo como concejal, todos mis colegas, excepto yo, defendieron solicitudes”, escribe en la denuncia, añadiendo una lista de situaciones en las que cree que recibió un trato degradante.
“Manuel me prohíbe ir a actos del PP de la Comunidad de Madrid y participar activamente en actos y actos del PP de Móstoles”, explica la mujer. “Hay una redistribución constante de tareas menores que no corresponden a mis funciones ni a mi cargo como concejal, lo que me priva de cualquier presencia en eventos relevantes”.
El PP de Madrid: «¿Vale la pena dar la cara por ti? ¿Por tus hijos, por tu padre?»
El entonces alcalde pidió ayuda a los órganos internos del PP. Desde hace meses llamó al partido de Madrid a investigar los incidentes y activar los protocolos internos previstos para situaciones de acoso. Tras acercarse al gabinete de la presidenta Díaz Ayuso, fue enviada a su número dos, Alfonso Serrano, quien a su vez nombró a Ana Millán como interlocutora del ayuntamiento. En una reunión del 11 de marzo de 2024 a la que luego asistió Serrano, Millán intentó persistentemente disuadir al ayuntamiento de acudir a los tribunales, según la denuncia, utilizando frases como «protegerse es no hacer nada», «una denuncia pública no te serviría de nada», «ayudar es no hacerla pública, eso te hunde», «en ese momento que no aguantes más y te presentes, realmente vale la pena por tus hijos», por ti, por tu ¿Niños?” ¿Padre?» o “En seis meses te destrozaron psicológicamente”.
La mujer no acudió a los tribunales en este momento y siguió pidiendo al partido que actuara internamente. Insistió. Pero el PP madrileño no tomó ninguna medida efectiva. Según su relato, Millán reconoció que era “amiga personal” de Bautista, aunque ella era la encargada de resolver el asunto.
Las presiones la afectaron tanto que la exedil finalmente presentó su acta concejal y pidió su cese como militante del partido en el que militaba desde 2010. Se dirigió entonces al Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, órgano responsable del cumplimiento de los estatutos del partido. Según los documentos a los que tuvo acceso EL PAÍS, el expediente fue presentado sin oírlo, sin citar a los testigos propuestos y sin ser informados de la conclusión de las diligencias. Luego el asunto se resolvió internamente.
En este contexto, la denuncia sostiene que no sólo existen conductas que se enmarcan dentro del tipo penal de acoso sexual, sino también acoso laboral, delitos contra la integridad moral, vulneración y coacción. Se lo atribuye al alcalde Manuel Bautista y también al PP como persona jurídica.
Y el documento supone que podría haber delito de revelación de secretos por lo ocurrido después, cuando los hechos fueron hechos públicos el pasado mes de febrero por EL PAÍS y el alcalde y algunos dirigentes del PP madrileño, lejos de apoyar a quien denunció el acoso, lanzaron una estrategia para desprestigiar a la mujer. En particular, la Comunidad de Madrid difundió información falseada y los correos electrónicos intercambiados con ella fueron enviados a los medios de comunicación en los que aparecía su identidad. La oficina presidencial dijo que fue un “error”.
La denuncia cita como testigos a once personas, entre ellas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano; y Ana Millán. La inclusión de estos nombres, según la defensa, es una respuesta al papel que desempeñaron en el manejo interno del caso luego de que el ayuntamiento informara al partido sobre lo sucedido.
La denuncia incluye una lista más amplia de testigos para acreditar sus declaraciones, así como documentos e informes médicos que demuestran que estuvo acompañada de profesionales médicos desde que comenzaron los hechos en 2023. El 9 de marzo, el Ministerio Público solicitó que se diera impulso procesal al caso y se iniciara una investigación, lo que finalmente ocurrió el pasado miércoles.
Después de que EL PAÍS publicara este viernes un extracto del contenido de la denuncia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió al ayuntamiento pese al relato del exalcalde. Aseguró que Bautista «está genial y está haciendo un trabajo de primera» y señaló que «no sabe de qué le acusan». La oposición volvió a pedir enérgicamente la dimisión del alcalde. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en el Parlamento, insistió en que todas las informaciones indican que Bautista «perpetró un patrón de acoso sexual y laboral contra una compañera de su partido, aprovechándose de su posición de poder».
