El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que el principio de «prioridad nacional» aplicado por Vox en los pactos con el PP para el gobierno en Extremadura y Aragón producirá ciudadanos «de primera y segunda». En declaraciones desde Nicosia, aseguró que su ejecutivo estará atento y actuará «con fuerza de ley» y con «determinación» si considera que este «proyecto de involución» viola los principios de igualdad, ya que, según advirtió, estos acuerdos «abren la puerta a futuras discriminaciones peligrosas».
«Cuando hablan de prioridad nacional, hablan de crear ciudadanos de primera y de segunda», denunció Sánchez desde Nicosia, donde asiste a la cumbre informal de líderes europeos organizada por Chipre. Y ha advertido de que, aunque el objetivo ahora son los inmigrantes, este acuerdo puede conllevar en el futuro una discriminación contra otros grupos tradicionalmente objetivo de la extrema derecha.
“Se empieza por esta discriminación, pero en los acuerdos tanto de Extremadura como de Aragón se hace referencia a asociaciones que cubren políticas sociales a las que el Estado no llega”, recuerda. Esto incluye tanto a grupos religiosos como feministas o comprometidos con la diversidad, enfatizó.
«Estamos hablando de abrir la puerta a una discriminación que hoy afecta a los inmigrantes, pero pasado mañana afectará sin duda a muchos otros colectivos que siempre han estado en el punto de mira de la extrema derecha», insistió Sánchez, quien cuestionó que después de tantos meses de negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno, «lo único que pueden ofrecer a España, Extremadura o Aragón es este proyecto de regresión y reacción». Y eso, subrayó, es una “auténtica catástrofe” para los intereses tanto regionales como nacionales.
«España avanza cuando mira hacia adelante y no hacia atrás, cuando reconoce derechos, no cuando los restringe, cuando ve la diversidad y la igualdad como elementos de desarrollo económico, prosperidad y cohesión, y no cuando ve en ellas un riesgo que evidentemente no existe», afirmó. Por ello, aseguró, el Gobierno «actuará con la fuerza de la ley y, por supuesto, con la máxima severidad» si ve normas que «contradicen los principios que garantizan la «igualdad fundamental» de los ciudadanos que viven en el país».
