Los 14 ministros de Hacienda del PP se reúnen este miércoles con la ministra del Sector, María Jesús Montero, en una mesa multilateral y con posiciones completamente opuestas, aunque por ahora los partidos populares aseguran que no se levantarán de su silla, como ocurrió hace casi un año cuando compareció como vicepresidente primero en la votación sobre la condonación de la deuda. Esta vez, sostienen, el encuentro es meramente informativo. Montero ha convocado a las autoridades locales al Consejo de Hacienda y Política Fiscal (CPFF) para presentar su propuesta de sistema de financiación autonómica, que presentó a los medios hace seis días tras alcanzar un acuerdo con ERC y que, de aprobarse, supondría la disposición de una financiación adicional de 21.000 millones para los municipios en 2027.
El ministro de Hacienda aseguró que el principio de ordinalidad se respetaría “para Cataluña, pero no en todo el sistema”, lo que provocó el rechazo masivo del Partido Popular. También de otras terminales territoriales del PSOE: Castilla-La Mancha y Extremadura. En el PP, Génova ataca la iniciativa porque cree que favorece a la Generalitat catalana. Y trabaja en un documento alternativo que se espera que vea la luz el próximo domingo en Zaragoza, donde Alberto Núñez Feijóo volverá a reunir a sus presidentes autonómicos. Esta vez en vísperas de las elecciones en Aragón. Eso sí, el equipo económico del líder del PP basa su modelo en el principio de ordinalidad. Sin embargo, con un “equilibrio” diferente al que propugna La Moncloa.
“[Hace falta un] Equilibrio para que el que más aporta no se quede atrás», aseguran fuentes de la dirección del Partido Popular en esta línea. La ordinalidad implica que un municipio que más aporta al sistema debe ocupar la misma posición en cuanto a los recursos recibidos. Cataluña, contribuyente neto junto con Madrid y Baleares, recibió aproximadamente una media de financiación por habitante. Ahora se ha garantizado que, al menos al inicio del nuevo sistema, es la tercera autonomía que más aporta y también la tercera recibe más, pero esta correspondencia no se aplica a los demás.
La semana pasada, Feijóo y sus barones lanzaron acusaciones sin reservas contra este lugar común, alegando que había resentimiento entre sus comunidades hacia Cataluña. En paralelo, el PP anunció el sábado que cuando Feijóo jure como presidente del Gobierno tras las elecciones generales previstas para 2027, su equipo aprobará un modelo de financiación autonómica diferente al de Montero, menos de un año después de su llegada a La Moncloa. Sin embargo, fuentes de Génova aceptan que la ordinalidad también debe condicionar su modelo, pero con una ponderación distinta a la dada por Montero. “Hay criterios que se aplican a unos y a otros no”, critica el Comité Ejecutivo Popular la propuesta del ministro socialista. Y exigen más información. “¿Votarán realmente sus representantes en el Congreso a favor de abolir el principio de igualdad y solidaridad?” preguntó el secretario general del PP, Miguel Tellado, este martes en un acto en Palencia.
La reunión del CPFF de este miércoles tiene carácter informativo ya que no se votará ningún documento. Pero los populares ya muestran de antemano su oposición. «Cada día nos enteramos de detalles que no nos gustan», afirmó este martes la ministra de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del gobierno andaluz, Carolina España. «Rompe la igualdad y es especialmente perjudicial para Galicia», afirmó Tutor de Hacienda de la Xunta, Miguel Corgos. Desde la Comunidad Valenciana, que es la más desfinanciada, y también desde el PP no son tan categóricos. «El número no pinta mal, pero aún nos falta saber mucho más, lo que llamaríamos la letra pequeña», ha afirmado este lunes el ministro de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas, José Antonio Rovira.
En septiembre de 2024, los barones presentaron en Madrid una visión general de su modelo de financiación previsto, que se limitaba a una declaración de los “principios” de “solidaridad” y de “igualdad” en respuesta a las concesiones del gobierno a Esquerra, que había acordado en verano la investidura de Salvador Illa en Cataluña.
Diferentes demandas
El problema para Génova es que, en este modelo que dice haber preparado, debe combinar las exigencias de sus once presidentes regionales con demandas diferentes según el territorio. De hecho, la Comunidad de Madrid y Baleares ya habían mostrado su voluntad de aplicar la ordinalidad. Fuentes de la dirección creen que resolverán este obstáculo cubriendo alrededor del 85% de las solicitudes de cada barón.
«Por supuesto que discutiremos entre comunidades autónomas, porque cada uno de nosotros tiene nuestras necesidades, nuestras realidades, nuestros puntos de vista, nuestras prioridades. Y si me permiten poner entre comillas incluso nuestro pequeño y justificado egoísmo», confirmó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el domingo en A Coruña en un acto con Feijóo. “Pero hay algo que nos une (…), el interés común de unidad, solidaridad e igualdad de todos los territorios prevalece sobre el egoísmo y el chantaje”, añadió.
