A la hora de repartir tareas, las comunidades autónomas son responsables de proporcionar importantes servicios del Estado de bienestar (sanidad, educación, servicios sociales y vivienda). En cuatro décadas, el desarrollo constitucional ha sido extraordinario y hemos pasado de un Estado completamente centralizado a un modelo federal en el que los gobiernos regionales tienen el 24% de los ingresos, frente al 26% en Estados Unidos y el 40% en Alemania. En lugar de financiación autónoma, sería mejor hablar de financiación del Estado de bienestar.
La transformación no fue un paseo por el parque. Entre 1980 y 2009 se acordaron seis modelos de financiación, pero su renovación no ha sido posible desde 2014, lo que supone un claro incumplimiento de la ley. El resultado fue la falta de recursos, que es una de las causas del sobreendeudamiento de las autonomías.
Estos déficits financieros alimentaron gran parte del “descontento” de Cataluña, como enfatizó el presidente Montilla en ese momento. Bajo los gobiernos del PP, la crisis se profundizó con un fuerte ascenso del movimiento independentista y empeoró con el encarcelamiento y el exilio de los líderes independentistas. Con los indultos, las amnistías y el diálogo del gobierno de coalición, el clima mejoró significativamente.
Es en este contexto que tenemos que hacer la propuesta Financiamiento único Propuesto por la Generalitat catalana, presidida por Pere Aragonés (Esquerra Republicana de Catalunya), que ha optado por el diálogo y el gobierno. La iniciativa se propone en un momento de estancamiento del desarrollo regional. La falta de renovación supuso 111.727 millones de euros menos para las autonomías entre 2012 y 2022.
La propuesta de la Generalitat catalana supone un cambio significativo: Cataluña recaudará y legislará todos los impuestos y a cambio hará una doble aportación al Estado: por un lado como compensación por los servicios que el Estado presta en Cataluña y por otro será a través de un fondo de compensación territorial. Para financiar los servicios de los municipios del estado contribuyen. con menor capacidad financiera.
No son nuevos los números, sino los criterios: “No tiene por qué suponer un privilegio para Cataluña” y “debe ser compatible con el Estatuto, la Constitución española y el derecho a la Unión Europea”. “garantizar la autonomía fiscal y “aumentar la responsabilidad fiscal, la adecuación financiera y la transparencia”. Pone de relieve la defensa de los principios de lealtad y solidaridad, palabra que aparece 40 veces, y «la prohibición de privilegios económicos y sociales y la garantía de la igualdad de derechos y obligaciones para todos los españoles».
Los esfuerzos deben ser reconocidos, pero por coherencia, la ministra de Economía, Natalia Mas, debería defender la propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Es mejor hablar de valores que de equilibrios presupuestarios (cuánto aporta cada comunidad y cuánto recibe), que es necesario desacralizar. Las diferencias entre los distintos cálculos de las escalas son enormes y no pretenden aproximar posiciones. Con las cifras que tenemos ante nosotros, Europa nunca se habría construido. Tiene más sentido estudiar las experiencias internacionales positivas y admitir que los buenos resultados no se logran en un solo acto, sino tras sucesivos acuerdos.
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