El Barnaclínic iniciará los traslados desde el Hospital Clínic en 2024. El centro de salud privado, que ofrece su propia cartera de servicios de pago en las mismas instalaciones que el hospital público, trasladará las consultas ambulatorias a otros edificios a finales de este año para reducir la convivencia entre la asistencia sanitaria pública y privada en la clínica, según informa EL PAÍS ha aprendido. Los primeros servicios en moverse fueron oftalmología, que ya opera en el distrito de Tres Torres de Barcelona; y odontología. “El compromiso es trasladar todas las consultas externas antes de final de año”, admiten fuentes del Clínic. Los movimientos llegan seis años después de que la Sindicatura de Greuges de Barcelona denunciara que la oferta de Barnaclínic «impedía» que las instalaciones del centro se dedicaran «plenamente» a «los beneficiarios de la sanidad pública».
El proceso de dispersión avanzará a medida que el centro encuentre espacios al aire libre en el barrio o construya otros nuevos; Sin embargo, no hay plazos para reubicar las 16 camas postoperatorias del hospital privado. “La apuesta del hospital es externalizar Barnaclínic, pero las camas y quirófanos seguirán siendo los de la clínica hasta que se encuentre una nueva ubicación. Pero al final lo conseguiremos”, subrayan desde el hospital.
La presencia de Barnaclínic supone una espina clavada para el sector público, ya que la sanidad privada interviene en establecimientos dependientes del Ayuntamiento de Barcelona, la Universidad de Barcelona y el Ministerio de Sanidad. La clínica fue fundada en el año 2000 con la intención de “contribuir a la sostenibilidad económica de la clínica y potenciar el talento de sus profesionales”. Sin embargo, a lo largo de estas dos décadas se ha suscitado un debate sobre el uso de recursos públicos (la clínica) para fines privados (Barnaclinic). La institución privada defiende que parte de los beneficios se reflejan en el propio hospital a través del alquiler y de inversiones en nuevos equipamientos; y que los médicos que normalmente acudirían a otra clínica privada tendrán la oportunidad de contratarlos en el mismo centro. “La clínica paga alquiler a la clínica, lo que repercute en la mejora de las propias instalaciones, que también son de uso público”, defienden contra Barnaclínic. Según el hospital, la empresa pagó 22,8 millones de euros a la clínica entre 2018 y 2022 por el uso de sus instalaciones. Los sindicatos y las plataformas, por otro lado, advierten contra la “parasitización y privatización” de la salud pública.
Hay cierto secretismo entre los propios trabajadores sobre la realidad de Barnaclínic. “Aquí la gente no quiere hablar porque ya ve bien su existencia. El personal trabaja en el sector público por la mañana y asesora en Barnaclínic por la tarde”, explica un delegado de un gran sindicato. Incluso los representantes de la plataforma Resistència Clínic, que denunció ante el Sindicato Greuges de Barcelona el uso inadecuado de los servicios públicos por parte de la institución privada, se niegan a hablar. “Tenemos miedo a las represalias”, explican. El ex concejal Boi Ruiz admitió en 2015 que más de 500 sanitarios del Clínic estaban vinculados al brazo privado del centro.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona advirtió en un informe de 2017 que las actividades privadas están “expulsando a los pacientes” de la sanidad pública al atender a sus usuarios en zonas públicas; y advirtió al ayuntamiento en 2018 contra «la permisividad de la existencia de una empresa sanitaria que utilice las instalaciones de un hospital mantenido con dinero público». Aunque en 2017 el exministro de Sanidad Toni Comín (entonces en ERC) anunció una reforma legal Cambio en Barnaclínic para adaptarse a las exigencias de la administración concursal, la entidad privada sigue operando como empresa pública y con una actividad empresarial similar a la de Dann.
La relación público-privada del centro llevó en 2014 a que la patronal Associació Catalana de Centres de Salut (Aces) demandara a Barnaclínic por competencia desleal, argumentando que la empresa no se beneficiaba de financiación pública sino que el sistema judicial apoyaba su actividad. La propia patronal insistió en 2018 en que el modelo de Barnaclínic «perjudica gravemente a los centros sanitarios privados al utilizar instalaciones, equipamientos y profesionales del sector público para el desarrollo de actividades privadas».
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