El Banco de España llama la atención sobre el reto de las pensiones. Ni la llegada de inmigrantes, ni los aumentos de las cotizaciones, ni los incentivos para retrasar la jubilación serán suficientes por sí solos para resolver un problema de “proporciones extraordinarias” y “uno de los mayores retos a los que se enfrentarán las grandes economías en los próximos años”, subraya en su informe anual publicado este martes. Además, el envejecimiento será aún más acusado en España que en otros países: en 2053, las previsiones del Instituto Nacional de Estadística sobre extranjeros residentes tendrían que triplicarse para que la ratio entre el número de adultos pueda seguir siendo la misma. los ocupados y los pensionados. El INE prevé que dentro de tres décadas habrá en España 14,8 millones de pensionistas, 18 millones de nacionales en edad de trabajar y 12 millones de extranjeros en activo. Según el Banco de España, mantener la actual tasa de dependencia del 26% supondría aumentar en más de 24 millones el número de trabajadores inmigrantes, hasta un total de 37 millones. Hay muchos más trabajadores extranjeros que españoles.
Con más del 17% de sus residentes nacidos en el extranjero, España es ya uno de los cuatro países del mundo con mayor proporción de extranjeros, tras Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Ante estas cifras y pese al alto dinamismo de los flujos migratorios hacia España, “parece poco probable que la inmigración pueda evitar el proceso de envejecimiento que vive nuestro país”, concluye. Por otro lado, si bien los inmigrantes son fundamentales para aliviar la escasez de mano de obra, no tienen la educación de los nacidos en España y no servirían en la misma medida para satisfacer las necesidades que creará el cambio tecnológico, advierte la organización ejecutiva del gobernador Pablo Hernández de Porque.
El jefe también cuestiona las previsiones del gobierno y de la Comisión Europea sobre el tema de las pensiones: en primer lugar, recuerda que los pagos de prestaciones siempre han estado por encima de las expectativas y, por lo tanto, se han revisado continuamente al alza. Y por otro lado, pone directamente en duda una de las principales medidas de austeridad propuestas por el ejecutivo y que Bruselas aceptó: los incentivos para posponer voluntariamente la jubilación más allá de la edad legal. Según los cálculos del gobierno, el gasto podría caer alrededor de 1,4 puntos porcentuales del PIB en 2050, ya que la mitad de los trabajadores retrasarán voluntariamente su jubilación tres años. El Banco de España ni siquiera se pone en duda el número de ciudadanos que aplazarán su jubilación. Esta cifra ha aumentado del 4% al 8% de quienes se jubilan en los últimos años y, por tanto, está lejos del 50%. El supervisor se limita a afirmar que existe una gran incertidumbre sobre cuántos retrasarán su jubilación.
Lo que está en duda, sin embargo, es la cantidad de ahorro que se puede lograr a través de la muestra de vida laboral de la Seguridad Social. Con esto señala que el ahorro podría ser mucho menor: al menos la mitad de lo que calcula el ejecutivo, también porque luego tendrían que pagar más beneficios por los incentivos. Estos consisten en un 4% más de pensión por año aplazado o una cantidad mucho menor en un solo pago. Por cada año que se pospone la jubilación, el Gobierno calcula un ahorro de nueve décimas del PIB, mientras que el Banco de España lo estima en dos décimas si todos cobran el 4% anual y seis décimas si todos cobran el pago único. En consecuencia, en lugar de la mitad de los trabajadores, todas las altas regulares tendrían que realizarse tres años después, teniendo en cuenta el pago único, para acercarse a la cifra de ahorro esperada por el gobierno. Si un porcentaje importante es el 4% anual, lo que sería lógico, el ahorro al final sería mucho menor. “Tendría un impacto limitado en la reducción del gasto en pensiones”, dijo el gobernador Pablo Hernández de Cos al presentar el informe.
Como ya se ha manifestado en otras ocasiones, la Institución recuerda que la reforma de las pensiones adoptada entre 2021 y 2023 supuso un aumento de las obligaciones de gasto sin un incremento igual de los ingresos. Y señala que la cláusula de ajuste de las pensiones prescrita por Bruselas probablemente se aplicará en 2025. Esto requiere que, a menos que se acuerden otras medidas alternativas, las contribuciones deben incrementarse por el valor de la variación del gasto planificado. Sin embargo, el Banco de España desaconseja tomar la vía del aumento de las cotizaciones sociales: según sus estimaciones, por cada punto en el que se aumentan las cotizaciones se pierde un 0,25% de empleo al cabo de cuatro años. Unos 50.000 puestos de trabajo por cada punto. La reforma adoptada ya prevé un aumento de casi tres puntos sin implementar la cláusula de revisión de aquí a 2025. Esto podría tener un impacto perjudicial sobre el empleo y la competitividad de la economía y tener implicaciones para la equidad intergeneracional, afirma el jefe.
Por este motivo, se propone analizar alternativas a los aumentos de precios. Y entre ellos, está sobre la mesa la evaluación de las llamadas cuotas de reposición. O lo que es lo mismo: ¿Qué porcentaje de su salario destina el empleado a su pensión? Esta es una medida de la generosidad del sistema y está por encima de la media de los países de nuestro entorno, señala el Banco de España. Un recorte supondría una reducción de la pensión inicial, pero beneficiaría la sostenibilidad del sistema. También exige estudiar la evolución del ahorro privado y su capacidad para complementar el sistema social público.
La presión fiscal sobre el impuesto a la renta aumenta debido a la inflación
Por otro lado, el supervisor presenta cifras sobre el aumento de los ingresos del gobierno debido a la inflación. Estima que alrededor de un tercio del aumento en la recaudación del impuesto sobre la renta desde 2019 se debe a que la tasa impositiva no se actualiza con los precios. Como resultado, la tasa promedio del impuesto sobre la renta pagada aumentó del 12,8% en 2019 al 14,7% en 2023. El 70% de este aumento del tipo impositivo pagado se debe a la no actualización, es decir, con el aumento de salario el empleado da un paso adelante y paga más, lo que en la jerga técnica se llama progresividad en frío.
Aunque el tipo impositivo efectivo ha aumentado más para los grupos de ingresos entre 16.300 y 28.500 euros, pagan poco impuesto sobre la renta. Entonces los que tienen mayores ingresos son los más afectados porque son los que pagan más impuestos y se reduce la desigualdad. El 20% de los contribuyentes con mayores ingresos, que parten de 42.000 euros, pagan el 73% de los ingresos tributarios, afirma la organización. Este aumento de la presión tributaria ha fortalecido los ingresos públicos y es un fenómeno que se ha dado en todos los países y, según el Banco, seguirá ocurriendo a menos que los parámetros de la tasa del impuesto a la renta se actualicen y alcancen una tasa efectiva del 15,3% anual. 2025.
A pesar de este aumento de los ingresos, la brecha en las finanzas públicas se ha ampliado estructuralmente. El banco calculó ese déficit en el 3,1% del PIB en 2019 y ahora lo cifra en el 3,7%, que es casi la mitad de lo que recauda el IRRF. Se trata de un valor muy alto tanto en comparación histórica como internacional, explica el supervisor. Y en gran parte ha aumentado gracias a las pensiones. Pero también por el consumo público (el aumento del empleo y de las compras corrientes). Esta rúbrica del consumo público ha supuesto un crecimiento del PIB de siete décimas el año pasado, un repunte que ha favorecido a la economía pero que también trae consigo el reto de corregir la divergencia de las finanzas públicas.
El banco estima que las nuevas reglas fiscales europeas requerirán un ajuste anual de alrededor del 0,5% del PIB durante siete años. Unos 7.000 millones de euros al año con el PIB actual. De forma acumulada serían 3,5 puntos del PIB entre 2025 y 2031. Para dar una idea del esfuerzo, entre 2010 y 2013 se hizo un ajuste anual de casi el 2,5% del PIB. Es decir, en el total acumulado hubo más de 7 puntos del PIB en correcciones estructurales.
Y la institución advierte que esto perjudicará el crecimiento. Precisamente por eso es necesaria una reclasificación de ingresos y gastos para que sean más eficientes y de mayor calidad. Sobre todo, insiste en rediseñar los impuestos para que promuevan el crecimiento económico. La organización recuerda que la literatura científica afirma que es mejor imponer una carga mayor a los impuestos al consumo y al medio ambiente, ya que distorsionan menos la actividad económica que los impuestos directos como el impuesto sobre la renta de las personas físicas o el impuesto de sociedades. Esto desincentiva aún más el trabajo y la inversión, advierte la agencia.
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