La dirección del PSOE insiste en que no ha encubierto a Francisco Salazar ni a otros dirigentes acusados de casos de acoso, que, unidos a una serie de escándalos de corrupción y escenas sin precedentes como la incorporación de la UCO a la SEPI, a Correos o a los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, han provocado la derrota de los socialistas en una de sus crisis más graves desde su llegada al poder. «Ni yo ni nadie hemos intentado tapar y encubrir ningún caso», afirmó Rebeca Torró, la secretaria de organización del PSOE, en su primera rueda de prensa desde su nombramiento en el comité federal el pasado 5 de julio, la misma en la que Salazar iba a ser uno de sus suplentes. “No me siento cuestionado en absoluto (…) Me gustan las críticas, las opiniones de mis compañeros, porque eso realmente nos hace mucho mejores”, dijo Torró, cuestionado por dirigentes de varias asociaciones encuestadas y también por miembros del Comité Ejecutivo Federal. Según fuentes de la dirección socialista, la Oficina Antiacoso citó varias veces a Salazar durante estos cinco meses sin poder localizarlo.
El secretario de organización ha informado que la conducta de Salazar constituye «una falta gravísima» prevista en la ley federal, «además de una conducta que viola el Código de Ética», y que «incluso después de registrarse como militante, hemos determinado que esa falta gravísima está registrada en el censo y no puede registrarse automáticamente como militante». En el caso de Antonio Hernández, que fue cesado de su cargo en el Gobierno el fin de semana por sospechas de que había encubierto los hechos denunciados contra Salazar y no había señalado su gravedad, el PSOE le ha abierto un expediente informativo «con el objetivo de recabar la información necesaria y esclarecer los presuntos hechos».
Torró también ha decidido abrir un expediente de información de oficio contra Javier Izquierdo, que dimitió el jueves por la tarde a la dirección socialista y como senador sin dar motivos y en medio de la ola de casos de acoso que afecta al principal partido gobernante. «Creo que podría haber sido más claro», afirmó Torró, quien afirmó haber recibido su «dimisión voluntaria por motivos familiares y profesionales». «Después vimos que podía tratarse de un caso de acoso mediático», afirmó el máximo responsable de la organización, destacando que el PSOE no había recibido «ninguna denuncia» contra él, aunque en los últimos días se había hablado de presuntas conductas de acoso por parte del exdirigente. «Hemos visto en los medios que este podría ser un caso diferente y queremos aclararlo. Por eso he decidido abrir un expediente de información de oficio sin denuncia, ya que ha surgido noticia de un posible caso», explicó Torró. Abrir el expediente no significa que usted será suspendido como militante. Izquierdo renunció esta tarde a su historial en la Cámara alta.

A lo largo de su comparecencia, Torró repitió, en nombre del PSOE y en nombre propio, su «disculpa» a las víctimas «por no estar a la altura». «Hubo un error en la comunicación con ellos y eso generó dudas legítimas sobre el proceso. Algo así nunca debería haber sucedido», admitió. También afirmó que por cuestiones legales no podía comentar sobre el contenido de la denuncia contra Salazar. Y mantiene la posición ya adoptada por Sánchez de que el PSOE no denunciará casos de acoso al Ministerio Fiscal por iniciativa propia, sino que lo hará junto con los denunciantes que estén dispuestos a dar el paso. “Las mujeres que quieran emprender acciones legales recibirán todo el apoyo legal, y respetamos a las que no quisieron emprender acciones legales”, señaló Torró. Y ha insistido en su compromiso de brindarles apoyo psicológico. Si dieran el paso perderían la condición de anonimato.
La Federación Asturiana planteó este escenario en la reunión telemática que Pilar Bernabé convocó de urgencia hace una semana con los responsables autonómicos y portavoces de esta región. Un día después, Adriana Lastra, ex vicesecretaria general, expresó la posición de su asociación sobre el tema de la violencia contra las mujeres. El protocolo antiacoso del PSOE establece que «en caso de denuncia procedente, si los hechos tuvieran el carácter de delito en el sentido del Código Penal, se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal, si no hubieran sido ya denunciados al Ministerio Fiscal o al juzgado de lo penal, para que éste, en su caso, valore la correspondiente denuncia».
Sin embargo, Sánchez indicó el sábado en el Congreso que este paso no se podría dar a menos que los denunciantes quisieran revelar sus identidades. Según el Primer Ministro, esta vía no es viable porque la legislación exige que las víctimas decidan por sí mismas si quieren o no llevar este asunto a los tribunales.
Salazar ha sido uno de los colaboradores más estrechos de Pedro Sánchez desde la campaña preelectoral en la que fue reelegido secretario general del PSOE en 2017, desempeñando un papel clave desde el primer momento tanto en Ferraz como en La Moncloa.

Los socialistas esperaban una solución ejemplar para poner fin lo antes posible a una crisis que ha asestado un durísimo golpe a la tabla de salvación de un partido ya muy afectado por los casos de corrupción de las dos últimas secretarias de organización del PSOE, que se define como feminista en sus estatutos y cuyo principal electorado son las mujeres. «Es de esperar que casos de esta gravedad sean resueltos por el PSOE», pusieron el listón muy alto a principios de semana bajo el liderazgo de Ferraz. La respuesta no convenció a tres secretarios generales y otros cargos orgánicos consultados. «Este gobierno funciona y gobierna bien. Aún tenemos mucho por hacer y por eso seguiremos gobernando», concluyó Torró al ser preguntado si la crisis del PSOE y la inestabilidad por la serie de escándalos, la falta de presupuestos y la debilidad del Parlamento están derivando en una ventaja electoral.
Según varios dirigentes de la zona, el manejo del caso fue “nefasto”. Hay incomprensión en el partido porque a un escándalo que estalló en julio no se le dio la relevancia necesaria. Antes de que dos empleados de La Moncloa presentaran denuncias contra Salazar días después, las acusaciones de acoso obligaron a su dimisión de la junta ejecutiva federal, donde estaba a cargo del análisis electoral, y sería ascendido a uno de los tres diputados de Torró. Una opinión generalizada en el PSOE es que Salazar sería quien realmente controlaría «en la sombra» la sala de máquinas de Ferraz, según hasta cuatro miembros de la actual dirección federal.
Sánchez aceptó «en primera persona» el «error» de no llamar a las víctimas de Salazar, pero aseguró que no hubo ninguna «condonación». «El feminismo nos da lecciones. Yo primero. Pedimos perdón y actuamos», el presidente del Gobierno pronunció este martes el mea culpa en un homenaje a Pablo Iglesias, fundador del PSOE y UGT, horas antes de que se conocieran las acusaciones de acoso contra José Tomé, presidente de la Diputación Provincial de Lugo y secretario provincial.
