El Gobierno quiere destituir a un experto español del comité que decidirá en Estrasburgo si las normas nacionales sobre despidos respetan la Carta Social Europea. La representante de España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha pedido al presidente de ese organismo que impugne a Carmen Salcedo. Lo hace porque en julio de 2022, cuatro meses antes de su nombramiento por recomendación del propio ejecutivo español, Salcedo escribió un artículo argumentando que la normativa actual no se ajustaba a la Carta, cuestión que precisamente será la que decidirá la comisión sobre la solicitud. de UGT. Se trata de las “descaradas intromisiones” de las que el sindicato ha acusado al gobierno en las últimas semanas y que el Departamento de Justicia ha negado en el Congreso. Fuentes conocedoras de la historia de esta organización aseguran que tal intento de rechazo es “inaudito”.
En su programa de gobierno, PSOE y Sumar se comprometieron a que la normativa de despidos se ajuste a la Carta Social Europea. Si el comité interpreta que la normativa española responde a este texto, que España aprobó en su conjunto en 2021, los socialistas (que son los menos entusiasmados con la posibilidad de abordar este problema) tendrían argumento para dejarlo como está, ¿cómo? es. Si da la razón a UGT y luego a CC OO en otra reivindicación similar, Sumar tendría todo lo posible para exigir un cambio. La tesis de los sindicatos y la formación liderada por Yolanda Díaz es que la indemnización por despido improcedente no siempre compensa el daño causado al empleado, especialmente si la relación laboral fue de corta duración. La carta establece “el derecho de los trabajadores despedidos sin justa causa a una compensación justa u otra compensación adecuada”. Y la jornada laboral máxima de 33 días al año en el sistema tributario español no siempre es “razonable” o, según algunos sindicatos expertos “reparativos”.
El representante de España solicitó el rechazo de Salcedo al despido en una carta fechada el 16 de noviembre, a la que tuvo acceso EL PAÍS. “Por lo que tenemos entendido, la comisión tenía previsto reunirse poco después para debatir y adoptar una resolución que probablemente fuera muy positiva para la UGT”, explica el subsecretario general de política sindical de la organización, Fernando Luján. El sindicalista asegura que el rechazo de la solicitud de Salcedo, con base en la información que recabó, hizo que el tema no pudiera abordarse en estas citas.
Un portavoz del Consejo de Europa, que supervisa el comité, no respondió a este diario sobre la coincidencia de estos hechos, ni precisó si esta cuestión debería plantearse en los últimos días de noviembre o principios de diciembre. “Normalmente el retraso para tomar una decisión sobre el fondo de una reclamación es de hasta cuatro años. Suele haber varias consultas durante el proceso. Por lo tanto, es difícil predecir cuándo se resolverá esta demanda colectiva en particular”, afirmó el mismo portavoz.
Asimismo, se niega a dar detalles sobre el estado del rechazo de Salcedo: “Este procedimiento interno es confidencial”. Según supo este diario, el presidente del comité aún no ha indicado si destituirá o no a Salcedo en el asunto. El portavoz del Consejo también subraya que las impugnaciones “son habituales en procedimientos judiciales o cuasijudiciales como el caso del CEDS”. Otras fuentes consultadas y conocedoras del proceso no lo creen y califican este intento de la representación española como “algo sin precedentes”.
Este Diario intentó contactar a Salcedo para conocer su opinión al respecto, pero prefirió no pronunciarse por su deber de confidencialidad como miembro del comité. También ha pedido su versión al Ministerio de Justicia, de la que depende el representante que solicita el rechazo de Salcedo, pero por el momento no la ha presentado.
Rechazo
El artículo por el que el representante español destaca a Salcedo se titula La Carta Social Europea y el procedimiento de denuncia colectiva. Un nuevo y extraordinario escenario en el marco jurídico laboraly fue publicado en la revista en julio del año pasado. Trabajo y derecho. En él, el catedrático del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València habla de la normativa española sobre despidos y de sentencias judiciales, que apuntan en una dirección similar a la Carta. “Las declaraciones reconocen que el mismo comportamiento de eliminación de la empresa puede causar diferentes daños a los empleados según la situación. Si éstos se cuantifican en la demanda y se prueban en el juicio, todos los daños y perjuicios (daños emergentes, lucro cesante, daño moral…) causados por el hecho ilícito deben ser indemnizados”, señala.
La principal frase que España utiliza para referirse a Salcedo es la siguiente: “Cuando se promulgue la CEDS se añadirá otra causa, siempre que sea coherente con las anteriores”. Es decir, las normas sobre indemnización por despido improcedente”, según Según la jurisprudencia consolidada de la CEDS, no están en consonancia con la Carta Social Europea revisada”.
El documento de rechazo lleva la firma de Alfonso Brezmes, en el cargo desde 2018 y designado por el gobierno del popular Mariano Rajoy. Los sucesivos gobiernos desde entonces lo han mantenido en el cargo. «Salcedo ofrece una serie de argumentos y juicios de valor que representan una clara posición del autor a favor de estas teorías defendidas por los sindicatos UGT y CC OO», señala en la carta dirigida a la presidenta del CEDS, Aoife Nolan, quien Exige que Salcedo no participe en las reuniones en las que se esclarezcan las reivindicaciones de los sindicatos españoles.
Luján cree que este intento de rechazo es “jurídicamente insostenible” ya que el rechazo “debe presentarse en el momento en que se conozca el motivo por el cual se realiza; Pero el gobierno español ya conocía esta opinión; sirvió precisamente como argumento para justificar la solvencia del nombramiento”.
Salcedo no representa a España en el comité, que está formado por 15 distinguidos miembros de diferentes países. Los sindicatos siempre han tenido esperanzas en la resolución de este organismo, que ya se ha pronunciado a favor de los representantes de los trabajadores en otros casos similares, dos veces en relación con Francia, una vez bajo las normas italianas y otra bajo las normas finlandesas.
Reacción política
Esta cuestión fue abordada hace dos semanas por el Congreso de los Diputados que preside el diputado de ERC Jordi Salvador. Entregó la denuncia de la UGT al Gobierno, que observó las mencionadas “intervenciones” del Ministerio de Justicia. “Llamo al gobierno a dejar de obstruir la justicia y reformar el acuerdo de manera reparadora y disuasoria”, añadió Salvador este lunes. El jefe departamental, Félix Bolaños, rechazó estas intervenciones y exigió “garantizar la plena legitimidad de la decisión tomada”. El 7 de marzo, el BNG registró otra solicitud en el mismo sentido.
Entonces fuentes del Ministerio de Trabajo no se refirieron directamente al poder judicial, pero rechazaron una postura similar a la de UGT y ERC: «Creemos que hay que dar todas las garantías posibles a esta reivindicación colectiva». que el Comité considera que le impiden resolver un problema que ya ha decidido en Francia, Italia o Finlandia. La justicia debe resolver el problema”.
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