El 5 de abril, Ecuador irrumpió en la embajada de México en Quito para impedir la fuga del ex vicepresidente del país andino, Jorge Glas. Fue un hecho extraordinario, considerando que estaba acusado de dos casos de corrupción, había recibido asilo político del gobierno de Andrés Manuel López y esperaba una salida segura. Este es esencialmente el argumento que los representantes ecuatorianos esgrimieron este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia (TIJ) de Naciones Unidas para justificar el ingreso forzoso a una embajada extranjera que es inviolable según los tratados internacionales. Ambos países han roto sus relaciones y los jueces de este tribunal deben decidir si ordenan las medidas cautelares solicitadas por México para proteger los bienes y archivos de la misión diplomática.
Los representantes ecuatorianos, a su vez, reiteraron dos cosas ante el TIJ: que México puede fácilmente tomar lo que quiera de su embajada y que las circunstancias que llevaron a la detención de Jorge Glas “ya no existen”. “Por lo tanto, no hay ningún caso que deba ser considerado por el tribunal”, dijo Andrés Terán Parral, embajador de Ecuador en los Países Bajos, donde tiene su sede el TIJ.
El ex vicepresidente Glas fue sacado de la Embajada de México en una operación policial que, según México, fue una violación de la Convención de Viena de 1961. Se trata de un acuerdo que regula las relaciones diplomáticas y determina la inmunidad de sus legaciones y personal. Para el director ejecutivo del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, por su parte, “México dio la bienvenida a un criminal que ha sido condenado dos veces y que aún tiene casos pendientes por corrupción en el poder judicial”, afirmó el propio Terán Parral. “México no ha cooperado a pesar de ello. Había que evitar los reiterados intentos de diálogo y el abuso del asilo, la obstrucción del sistema de justicia ecuatoriano y la injerencia en los asuntos internos del país”, aseguró.
Para ir al meollo del caso, el abogado Alfredo Crosato explicó que al momento del allanamiento a la embajada de México en Quito, “Glas acumulaba dos condenas firmes y estaban pendientes otros dos casos de corrupción e intimidación desde 2022 por motivos de salud”. Razonando en la calle, «en febrero de 2024, la Corte Constitucional ecuatoriana decidió que debía regresar a prisión, pero acudió a la embajada de México», recordó. Según él, toda la carrera jurídica de Glas, «con sus juicios y condenas, fue legal y se desarrolló mientras cuatro gobiernos diferentes estaban en el poder». “En México no se hablaba de persecución en aquel entonces”, explicó. Por el contrario, la embajada se refirió al político como “un invitado y guardó silencio cuando Ecuador solicitó diálogo y acceso a la sede diplomática”. El 4 de abril Quito declaró persona non grata al embajador de México. Al día siguiente, México le concedió asilo político a Glass. “La policía viene a impedir que eluda la justicia”, enfatizó Crosato.
El 6 de abril, México protestó por el incidente y cerró la embajada, alegando que Ecuador había violado la Convención de Viena. Para el embajador Terán Parral, nada más lejos de la realidad: “Ecuador luchará contra la corrupción y la impunidad, está decidido a resolver los conflictos de manera pacífica y este caso no tiene sustento legal”, dijo a los jueces.
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