Al convocar elecciones en Aragón, el PP ha demostrado una vez más que su relación con Vox no sigue un patrón ideológico uniforme, sino una aritmética de poder que cambia según la comunidad autónoma. Lo que en Valencia se consideraba una carga inevitable para el gobierno se presentó como una línea roja inasequible en Aragón. La diferencia reside menos en el contenido de las demandas de Vox que en la posición de fuerza desde la que negocia el PP.
«Muchas de las exigencias que hace Vox son prohibitivas. Algunas de ellas son prohibitivas porque son ilegales y otras no se pueden implementar hoy con la legislación de nuestro país», subrayó el ministro de Hacienda aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, tras el fracaso de las negociaciones con el partido de Santiago Abascal sobre finanzas públicas. El presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, ha adelantado las elecciones al 8 de febrero porque se negó a aceptar los traspasos de Vox que, en cambio, contaba con el apoyo de su colega del PP valenciano, el presidente Juan Francisco Pérez Llorca, que fue inaugurado hace apenas unas semanas. El barón valenciano se reúne este miércoles con Pedro Sánchez en La Moncloa.
Rechazo total al Pacto Verde Europeo. El partido de Abascal exigió al PP de Azcón rechazar de plano el Pacto Verde Europeo, el paquete de políticas climáticas impulsado por el PP europeo en Bruselas. Lo mismo preguntó al PP valenciano. El responsable del Ministerio de Hacienda aragonés respondió a Vox: “No podemos estar 100% en contra del Pacto Verde porque hay algunos elementos que apoyamos, como la energía nuclear”. En lugar de esto presidente Valenciano dijo en su discurso inaugural que “el Pacto Verde Europeo, tal como lo proponen y promueven las élites europeas, representa la mayor amenaza que enfrentan nuestros agricultores”.
No dar la bienvenida a inmigrantes menores de edad. El partido de Santiago Abascal exige a los ayuntamientos del PP que se nieguen a aceptar más niños inmigrantes. Ese fue el motivo por el que Vox rompió todos los gobiernos de coalición con el PP en el verano de 2024. El PP de Aragón rechaza esta medida porque, argumenta, violaría la ley. «Estamos en contra de cómo se realiza el reparto de menores inmigrantes y lo hemos recurrido ante los tribunales. Creemos en una inmigración legal, segura y ordenada, pero cumpliremos la ley», defendió el ministro de Hacienda aragonés.
Él presidente En cambio, Valenciano dijo en su discurso inaugural: “No podemos mirar hacia otro lado cuando viene gente que quiere defender prácticas que entran directamente en conflicto con nuestros valores, la igualdad, la libertad o la dignidad de las mujeres”.
Supresión de subsidios para instituciones que ayudan a los extranjeros. Vox insta al PP a comprometerse a eliminar todas las subvenciones a entidades que ayuden a extranjeros de cualquier tipo. En Aragón, el ministro de Hacienda se negó, poniendo un ejemplo de su país de origen: «Yo vengo de la ciudad de Huesca, y una de las instituciones que ha ayudado a las personas más desfavorecidas y a los inmigrantes en el pasado es Los Hermanos de la Cruz Blanca. Con las medidas de Vox, estas instituciones dejarían de recibir ayudas públicas». En Valencia, Pérez Llorca prometió “no dar ayudas públicas a organizaciones que promuevan o faciliten la inmigración”.
Limpieza de los ríos. Tras la tragedia de Dana, los de Abascal quieren que las comunidades del PP se comprometan a limpiar los cauces de los ríos, mientras los representantes populares sostienen que la responsabilidad exclusiva es de las Confederaciones Hidrográficas. «No habrá ningún ministro de Medio Ambiente que firme una restauración de un río sin autorización, porque es un delito medioambiental castigado con penas de prisión», se quejó el ministro de Hacienda aragonés.
Creación de una fuerza policial conjunta. El PP de Aragón, en respuesta a la petición de Vox de impulsar la federación de municipios para el servicio de policía local, afirmó que «no puede haber entidades parapoliciales que dependan de varios municipios, porque eso es ilegal. Son incidentes que son ilegales».
Estadísticas de criminalidad por nacionalidad. En este caso, los representantes del pueblo no se resisten a la ampliación de la nacionalidad de los presuntos delincuentes, como exige Vox, y la Policía Autónoma Vasca también lo ha hecho y baraja la opción catalana. Sin embargo, su margen de acción en este ámbito es limitado porque carecen de fuerzas policiales regionales. Génova también ha confirmado esta iniciativa: “Tener información no es malo”, afirmó la presidenta del Parlamento, Ester Muñoz.
Drástico recorte de impuestos. El PP aragonés se quejó de que la bajada de impuestos exigida por Vox era de 532 millones de euros. “Esto significa que los ingresos del municipio caerán entre un 8 y un 9%, lo que supondría el cierre de tres hospitales o de todas las escuelas públicas”, advirtió el asesor de Hacienda. En la Comunidad Valenciana, Pérez Llorca acordó con Vox duplicar todas las deducciones de la parte autonómica del IRPF y aumentar en dos millones el número de beneficiarios.
Aragón acudirá a elecciones en febrero tras rechazar estas iniciativas, algo que exigió Vox en una declaración pública al presidente Azcón en el mismo formato que la de Pérez Llorca. María Guardiola, presidenta de Extremadura, tampoco ha hecho grandes esfuerzos por preservar sus finanzas públicas y se pondrá a prueba en las elecciones del 21 de diciembre. Al mismo tiempo, en Baleares y Cantabria no fue posible ningún acuerdo sobre finanzas públicas, pero de momento no hay elecciones previstas en estas autonomías. En cambio, PP y Vox se llevaban bien en la Comunidad Valenciana y Murcia. El PP murciano también ha aceptado otras concesiones, como la supresión de la enseñanza del árabe en las escuelas. El PP practica una política de doble discurso: uno más moderado cuando se lo puede permitir; otra que exige Vox cuando no hay alternativas.
El entorno de Abascal advierte de la «contradicción» del PP, que acepta en unos ámbitos lo que rechaza en otros: «Pacto verde, sí o no. Pacto migratorio, sí o no. No son cosas pequeñas, y no puede haber un partido que tenga un pie en todos los lugares».
Con la excepción de los presidentes de la Comunidad Valenciana y Murcia, los barones populares han utilizado ahora la carta de las elecciones anticipadas para eludir las exigencias de la extrema derecha, pero, según encuesta tras encuesta, el dilema volverá a estar sobre la mesa.
