Amnistía Internacional ha alertado por primera vez en su informe anual sobre la “amenaza” que supone para los derechos humanos el avance descontrolado de la inteligencia artificial (IA) si no se regula oportunamente. El documento, que analiza la situación de los derechos y libertades en 155 países en 2023, advierte de que esta tecnología “puede aumentar las desigualdades raciales, aumentar la vigilancia y aumentar el discurso de odio en línea”. Además, condena las violaciones del derecho internacional humanitario en escenarios como la Guerra de Gaza y la invasión de Ucrania.
La ONG con sede en Londres destaca los “riesgos y daños asociados” de la inteligencia artificial y pide a los gobiernos que adopten medidas legislativas urgentes para regularla. En marzo, el Parlamento Europeo aprobó una ley pionera a nivel mundial sobre el tema, pero fracasó para la organización porque “no iba lo suficientemente lejos para prevenir daños e incluso podría contribuir a la expansión y legitimación de las actividades de vigilancia policial y de seguridad”. autoridades migratorias”. En concreto, el estudio señala que la vigilancia mediante reconocimiento facial, tecnología biométrica y algorítmica es una de las áreas más vulnerables a vulneraciones de derechos.
Agnès Callamard, secretaria general de la organización, aseguró al presentar el informe este martes que las tecnologías no reguladas “amenazan con acelerar la ruptura del Estado de derecho”. “Los actores políticos los utilizan para difundir noticias falsas, atacar a las minorías y obtener beneficios entre los ciudadanos”, añadió, en un año electoral importante como 2024. Callamard destaca casos como el de Serbia, que introdujo en 2023 un sistema automatizado de seguridad social que discriminaba a la población gitana y a las personas con discapacidad en particular. Francia también aprobó una ley sobre videovigilancia masiva impulsada por inteligencia artificial antes de los Juegos Olímpicos del próximo verano.
Israel, a su vez, ha “aumentado las restricciones a la libertad de movimiento” en los territorios palestinos ocupados a través de estos sistemas, dicen los documentos de la ONG. Y eso no es todo. Una investigación reciente encontró que el ejército israelí utilizó IA para rastrear y seleccionar a las víctimas de las bombas, matando al menos a 15.000 palestinos en las primeras siete semanas del conflicto de Gaza. Se estima que un 10% de las personas marcadas como objetivos por esta tecnología no lo eran.
Veto sin control
De hecho, la guerra entre Israel y Hamás fue una de las mayores fuentes de abusos de derechos el año pasado. Las milicias palestinas lanzaron un ataque el 7 de octubre, matando a más de 1.200 personas y tomando a otras 240 como rehenes. Amnistía describe estos actos como “crímenes de guerra”, acusación respaldada por vídeos grabados por los propios milicianos de asesinatos deliberados de civiles, incluidos mujeres y niños, así como de violencia física, sexual y psicológica.
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El ataque provocó una respuesta clara de Israel, que lanzó una ofensiva militar con bombardeos y un ataque terrestre que mató a 21.600 palestinos en Gaza en los últimos meses de 2023, según el Ministerio de Salud controlado por Hamás. “Los signos de crímenes de guerra aumentaron cuando las fuerzas israelíes bombardearon campos de refugiados y viviendas superpobladas, aniquilaron repetidamente a familias enteras y destruyeron hospitales, escuelas administradas por las Naciones Unidas, panaderías y otras infraestructuras esenciales”, denuncia la organización.
Aunque ambas partes en el conflicto violaron las leyes de la guerra al atacar a civiles, Amnistía dijo que la respuesta internacional fue parcial: “Algunos Estados […] Continuaron suministrando a Israel armas que cometieron graves violaciones de derechos humanos. “Estos Estados, que protestaron legítimamente contra los crímenes de guerra de Hamás, demostraron un flagrante doble rasero”, acusa el informe, y han paralizado repetidamente la capacidad del Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto el fuego.
Mientras tanto, Rusia y China también utilizaron su poder en el sistema internacional para evadir las sanciones, afirma la ONG. Moscú continuó su campaña militar contra Ucrania e impuso mayores restricciones a la libertad de expresión con medidas como prohibir el movimiento LGTBI por “extremista”. Beijing, a su vez, censuró sistemáticamente las protestas relacionadas con la oposición al gobierno y “siguió atacando sistemáticamente a los defensores de los derechos humanos” y a la comunidad musulmana uigur, según Amnistía.
Con estos argumentos, el informe llama a todos los estados miembros de la ONU a reformar el Consejo de Seguridad “para que los miembros permanentes no puedan usar su derecho de veto sin obstáculos”. Callamard precisó durante la presentación en Londres que “cuando los poderosos se ponen por encima de la ley, se convierte en un arma a la que muchos más recurren”.
A pesar de la mala situación de los derechos humanos en general, en la medida en que la organización considera que el orden internacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial está en riesgo, Amnistía destaca el “activismo incansable” de personas en todo el mundo. Los ejemplos que destaca incluyen a mujeres en países como Estados Unidos, Polonia y El Salvador que reclamaron el derecho al aborto; el movimiento climático mostrando sus músculos en los tribunales internacionales; y las manifestaciones en innumerables países para exigir la liberación de rehenes y un alto el fuego en Gaza. “La gente ha dejado muy claro que quiere derechos humanos; «Ahora corresponde a los gobiernos demostrar que están escuchando», dijo Callamard.
“Aspectos preocupantes” en la ley de amnistía española
El informe de Amnistía Internacional se detiene en España para alertar de que la ley de amnistía de Procesos contiene “algunos aspectos preocupantes”, como la inclusión de casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y la “inadecuada protección de los derechos de las víctimas del delito”. En otro apartado, también critica la falta de avances en la investigación del uso de programas de espionaje contra periodistas, políticos y miembros de la sociedad civil catalana.
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