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El 15 de junio de 2023, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos presentaron el último acuerdo de diálogo social del último período legislativo, la condición del becario, rechazado por la patronal y los rectores universitarios. Unas horas antes de que Yolanda Díaz, Pepe Álvarez y Unai Sordo comenzaran sus intervenciones sobre el tema, el PSOE dejó claro que tampoco había firmado el texto: fuentes de Moncloa y del Ministerio de Economía dijeron que era “verde” y falta “trabajo técnico”. Sin embargo, esto no impidió que Díaz diera por sentado su aprobación ese día. Pero la ley nunca llegó al Consejo de Ministros, se celebraron elecciones generales y, a pesar de su presentación a la sociedad, sigue en el estante. El grupo del vicepresidente segundo ha dado un nuevo paso para avanzar en esta normativa y empujar al PSOE a actuar: este viernes registró una propuesta no de ley (PNL) que, de ser adoptada, instaría al ejecutivo a actuar «con urgencia». ” la condición del becario.
El acuerdo entre el PSOE y el Gobierno de Sumar contiene una breve referencia a la aprobación de este texto, pero no indica si se adoptará el texto acordado con el Gobierno central. La propuesta no jurídica de Sumar se basa en el texto de junio: “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para la aplicación urgente del estatuto de las personas en formación práctica en el ámbito de la economía que figura en el texto del acuerdo bilateral alcanzado “en junio de 2023 entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales”, afirma el PNL. Fuentes parlamentarias del PSOE entrevistadas en los últimos días sugirieron que una norma de estas características requiere el consenso de todos los partidos implicados.
Esto es exactamente lo que sufre el reglamento firmado por los sindicatos y el Partido Laborista, ante el rechazo frontal de la Conferencia de Rectores de las universidades españolas. En un comunicado, se opuso “radicalmente” a la obligación de reembolsar los gastos prevista en el reglamento. «Se trata de una disposición sin precedentes en nuestra ley, cuya consecuencia inmediata será una disminución drástica del número de empresas y, sobre todo, de instituciones públicas que estén dispuestas a aceptar becarios. La versión actual de los estatutos de becas se considera positiva». por los grupos estudiantiles más importantes.
Algunos de los socios más importantes del Ejecutivo también rechazan el texto. Fuentes del PNV expresaron dudas cuando fue aprobado por sindicatos y Trabajo: «No se ha discutido con nosotros y ciertamente no está pactado con las universidades ni con las Comunidades Autónomas tampoco». «Exigimos una apuesta clara por las prácticas remuneradas». Bildu tampoco apoyó claramente la norma.
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Verónica Martínez Barbero, diputada por Sumar y portavoz de la Comisión de Trabajo, explica que su grupo ha registrado esta propuesta no legal para reactivar la discusión sobre el tema: “Entendemos que tenemos que volver a plantearlo, es muy importante”. Quiero comprobar la posición de los grupos, hablar sobre ello, ver cuál es su situación y en qué podemos llegar a un acuerdo». No se enviará al comité hasta después del verano, por lo que cada grupo todavía tiene tiempo suficiente para definir su posición. “El texto acordado es muy completo e incluye posiciones tanto de la patronal como de los rectores. Esto es muy garantista”, añade Martínez Barbero, que cita “razones políticas” en el rechazo original del texto: “Ciertamente se pueden hacer mejoras, pero creo que con una buena explicación de la norma podemos avanzar”. También opciones para cambiar la posición del PSOE: «Creo que podemos llegar a un acuerdo fuera del ruido electoral».
¿En qué consiste la condición de becario?
El reglamento, firmado en 2023, pretende dejar claro que las prácticas no son una relación laboral. “Se presume la existencia de una relación laboral si la actividad realizada sustituye las funciones de un trabajador o si no existe relación directa entre la actividad realizada en la empresa y el programa, currículum o competencias contenidas en el plan de formación” al que se refiere. pertenece, dice Texto.
Además, los tiempos de prácticas son limitados según el tipo. Los planes de estudio desarrollados durante los estudios no podrán exceder del 25% de las horas en las que se adquieren los créditos ECTS de la titulación. Un título universitario de cuatro años consta de 240 créditos, por lo que las pasantías no pueden exceder los 60 créditos. Son 1.500 horas, que si ocho horas al día corresponden a 188 días. Las actividades extraescolares que dificultaron la negociación se limitan al 15% de las horas en las que se realizan los trabajos de curso o a un máximo de 480 horas. Eso significa 60 días con ocho horas diarias, la mitad de lo que hacíamos antes.
La ley no exige que las empresas paguen a los pasantes, pero sí impone la obligación de reembolsarles los gastos incurridos. Por tanto, los pasantes tendrían derecho al reembolso de los gastos de transporte o alojamiento. Este es uno de los puntos que más críticas ha suscitado. Si la empresa compensa al pasante y esta cantidad es suficiente para compensar estos costos, no habrá ninguna carga adicional para la empresa.
Por otro lado, el reglamento establece que los pasantes no podrán constituir más del 20% de la plantilla del centro de trabajo, con la restricción de que en las Pymes siempre podrá haber al menos dos pasantes; les impide trabajar en turnos o noches a menos que la actividad no pueda realizarse de otra forma; permite la compatibilidad de prestaciones por desempleo y prácticas; y prevé sanciones de hasta 225.018 euros para las empresas que incumplan.
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