Los expertos en resolución de conflictos recomiendan que toda negociación de paz vaya precedida de medidas de fomento de la confianza. Con ello se pretendía disipar los temores mutuos de que el oponente no busca un acuerdo de buena fe, sino sólo para ganar tiempo o coger al otro con la guardia baja. Aunque los dos partidos de derechas son socios en un centenar de ayuntamientos, el presidente de Vox, Santiago Abascal, acusa directamente al secretario general del PP, Miguel Tellado, de orquestar campañas de guerra sucia contra su partido a través de medios afines. PP y Vox quieren negociar con los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, convencidos de que el verdadero objetivo de su interlocutor es robarles votantes en las elecciones andaluzas de dentro de tres meses y, a más tardar, en las parlamentarias del año que viene.
Abascal aceptó la orden de entrar en los gobiernos regionales cuando se dio cuenta de que lo que quería mostrar como una desconexión de los escaños se había convertido en un reproche por parte del PP: Vox no tenía ningún interés en gobernar ni en abordar los problemas de los ciudadanos, sino sólo en reunir una voz de protesta que se agotaba y bloqueaba la implantación de los líderes de derecha. «No te preocupes [el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo] «Sí, gobernaremos en las tres regiones», respondió Abascal este lunes, tras completar un ciclo electoral que incluyó tres comicios en menos de tres meses.
Aunque el meteórico ascenso de su partido se ha frenado en Extremadura y Aragón, Abascal presume de haber conseguido su mejor resultado en las elecciones autonómicas. Además, ha aumentado en más de cinco puntos respecto a la última votación de los electores de Castilla y León en las elecciones generales de julio de 2023. «No podrán decir que no hemos cumplido nuestras expectativas. Quizás sus expectativas, las de los medios de comunicación, no se hayan cumplido», afirma.
Antes de discutir su cuota en los gobiernos regionales, Abascal pide la negociación de un programa de gobierno «con medidas concretas, plazos de implementación y garantías de cumplimiento». ¿Y cuáles serían esas garantías? Fuentes de Vox bromean con la posibilidad de firmar sus contratos con el PP «en notaría», pero añaden: «La mejor garantía es que estas actuaciones las realicemos nosotros mismos». Es decir, Vox quiere que el acuerdo sobre inmigración, por ejemplo, contenga medidas concretas, un plazo para su implementación y la asignación de fondos para su implementación. Finalmente, debería asignarse a Vox el departamento responsable de aplicar estas directrices.
Abascal es consciente de que la participación de una minoría en un Gobierno de coalición trae más desventajas que ventajas: los beneficios van para el socio mayoritario y el desgaste es compartido. Por ello, reclama que su participación en el Gobierno, cuando finalmente se acuerde, tenga visibilidad y perfil propio. Que el vicepresidente de Vox y sus asesores coordinados por el partido sean percibidos por la sociedad como los responsables de implementar las políticas demandadas por su electorado. Se trata de protegerles de posibles incumplimientos de un PP que, como señalan en Vox, ha convertido en papeles vacíos los acuerdos firmados con toda solemnidad. Abascal no se fía.
Núñez Feijóo tampoco confía en el líder de Vox. Teme que los ultras quieran gobernar sin querer dejar de estar en la oposición, que se rindan en mitad de la legislatura y les dejen sin apoyo parlamentario, como ocurrió en la anterior legislatura cuando las encuestas les fueron desfavorables. Por ello, el documento marco para las negociaciones de los gobiernos autonómicos, que el PP publicó el 23 de febrero, advertía de que «los gobiernos responderán conjunta y colegiadamente a las decisiones y a su aplicación presupuestaria, con independencia de la responsabilidad ejecutiva de cada uno». Eso significa que Vox debe asumir la responsabilidad de dirigir el gobierno en su conjunto, no sólo una parte, y «evitar cualquier forma de chantaje parlamentario o fragmentación política». Además, para «garantizar la estabilidad institucional», este documento exige que Vox «se comprometa a aprobar cuatro presupuestos»; es decir, todos los que constituyen una legislatura. Fuentes de Vox rechazan firmar cuatro presupuestos por adelantado, alegando que supondría el fin del papel de las asambleas legislativas.
El documento marco del PP contenía varias concesiones a Vox. Algunas cosas son incomprensibles. Por ejemplo, el compromiso de “evitar que las aulas se conviertan en lugares de adoctrinamiento ideológico”; Un comunicado que acoge las denuncias no demostradas hasta ahora de Vox sobre el supuesto adoctrinamiento en los colegios públicos, que durante años han sido gestionados por comunidades autónomas en manos de las escuelas de primaria.
El documento del PP se publicó al día siguiente de una larga conversación telefónica entre Abascal y Núñez Feijóo en la que acordaron reiniciar las negociaciones estancadas en Extremadura y las negociaciones en curso en Aragón. El acuerdo consistía en ignorar la distribución de oficinas y ministerios y negociar primero un programa de gobierno. A pesar de las buenas palabras, restaurar la confianza sólo tomó 24 horas. A Abascal le ofendió que Feijóo limitara las negociaciones con Vox por respeto a la unidad de España, al marco constitucional y al Estado de derecho, «como si quisieran pactar con Vox salvajes y mansos», gritó. Desde entonces no ha habido constancia de que los dos líderes de la derecha española volvieran a hablar.
El tiempo es corto. El próximo 4 de mayo la Asamblea de Extremadura quedará automáticamente disuelta si para entonces María Guardiola u otro candidato no ha jurado como presidenta, y aunque Abascal expresó este lunes su intención de entrar en los tres gobiernos, no descartó volver a las elecciones. «¿Queremos repetir elecciones? En absoluto, eso me parecería una irresponsabilidad», respondió no sin avisar: «Si el PP piensa que puede volver con los recortes y robarnos, debería perder toda esperanza». El miedo a aparecer ante los votantes como el culpable de una repetición de elecciones es el mayor incentivo para llegar a un acuerdo.
