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El pensamiento académico tradicional sostiene que el hecho de que un trabajador no tenga miedo de tomar una baja por enfermedad demuestra su posición fuerte así como la del mercado laboral al que pertenece. Sin embargo, si mucha gente está ausente (y cada vez con mayor frecuencia), los costes sanitarios del sistema aumentan y el funcionamiento de las empresas se resiente. Para mantener el equilibrio entre las cuentas públicas y privadas, la solución pasa por rediseñar el marco de las prestaciones por incapacidad temporal e impulsar nuevas fórmulas que, por ejemplo, abran la puerta al partidismo. Esta es una de las consideraciones del estudio. La incapacidad temporal falta en los documentos de reforma del sistema de pensioneselaborado por Octavio Granado, exsecretario de Estado de Seguridad Social, y anunciado este lunes durante la jornada sobre el Sistema Estatal de Pensiones y Seguridad Social organizada por Fedea.
El que fuera una de las figuras más importantes en materia de economía y empleo dentro de los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y Pedro Sánchez (ocupó el cargo de ministro de Asuntos Exteriores de 2018 a 2020) tiene en cuenta en Su trabajo Repensar las pensiones de incapacidad temporal ha permanecido incomprensiblemente al margen de diversas reformas previsionales –y del debate académico– desde 2007. Y ello pese a ser una de las áreas clave, mientras que su impacto económico puede afectar al buen funcionamiento del sistema público: “No puede ser más atractivo estar fuera de la actividad laboral que dentro de ella”, lamenta.
“La Incapacidad Temporal (IT) no ha dejado de crecer rápidamente en España en los últimos años, siguiendo la tendencia general que vincula inexorablemente el crecimiento de los derechos a prestaciones a los momentos en los que el mercado laboral se comporta de forma expansiva”, afirma Granado. «La capacidad de los empleadores para ejercer presión sobre los trabajadores se reduce y estos pueden cuidar mejor de su salud», afirma el comunicado del sindicato, añadió. Pero añade inmediatamente: “Desde una perspectiva económica, un mercado laboral en el que es más difícil satisfacer la demanda de empleo permite que crezcan los abusos”.
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Para enfatizar la importancia de abordar este tema y arrojar luz sobre la realidad económica detrás del aumento del número de víctimas, el autor se basa en los estados presupuestarios del sistema de seguridad social para 2018 y 2023 del Informe Económico Financiero, que se adjunta. a los presupuestos de la seguridad social para 2023, de los informes de Mutua Umivale Activa y la Informar de incapacidad temporal por contingencias comunes publicado por la Asociación de Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social (AMAT).
De los resultados del análisis de Umivale Activa, Granado destaca que los costos de TI, incluidos los costos de ausencia y reposición para las empresas y los beneficios del sistema, representan el 1,4% del PIB. Los datos de la Seguridad Social también muestran que entre 2018 y 2023 el gasto en TI en enfermedades comunes aumentó un 91,61%, mientras que el gasto en emergencias laborales aumentó un 53,17%. Una diferencia que atribuye a que, en las contingencias profesionales, “la gestión prácticamente absoluta de las prestaciones por parte de las mutuas es crucial” para llevar a cabo un tratamiento más eficiente.
Reconfiguración
Una de las secciones específicas del estudio aborda la reconfiguración de las víctimas, tanto en su etiquetado como tales como en su denuncia de la víctima. “Debemos por tanto cambiar la regulación legal de la incapacidad temporal abriendo la posibilidad de que en determinadas situaciones y momentos la situación o incluso el reconocimiento mundial de esta y por tanto la prestación no implique el fin de la incapacidad sino que sea un cambio. de jornada completa a jornada parcial, dándole un nuevo significado a la incapacidad parcial que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico”, afirma Granado.
A su juicio, “el diseño de la prestación debe hacerse sobre la base de que, en ausencia de enfermedad crónica, la multiplicación de las situaciones de incapacidad temporal debe suponer una reducción de la cuantía percibida. De la misma forma, el ex Extranjero”. La ministra defiende que “la normativa es, por tanto, acertada: las empresas deberían incluir indemnizaciones cuando los trabajadores tengan que soportar largos tiempos de espera en el servicio público de salud y las mutuas puedan ofrecer los mismos servicios en menos tiempo”.
Pese a esta voluntad de reestructurar la protección de las prestaciones, Granado defiende en su trabajo que la normativa “debe priorizar en todos los casos el derecho al reasentamiento, siendo la salida del mercado laboral el último recurso a aplicar”. Y esto “no sólo en el caso de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o dolencias profesionales, sino en el caso de cualquier enfermedad en la que no exista sospecha de conducta negligente por parte del afectado”.
Consciente de que implementar estos cambios podría ser una quimera en términos de aceptación por parte de todos los actores, Granado señala en las conclusiones del estudio que “cualquier medida implementada no requiere de un acuerdo social”. Tampoco pueden referirse a la negativa de la administración a actuar resolviendo adecuadamente el problema, ya que la suposición de que el abuso de la incapacidad temporal es una compensación por otros supuestos abusos en las relaciones laborales es incorrecta. Y añade: “Hay que tomar medidas que no puedan derogarse cuando se produzcan cambios políticos o cuando sea prácticamente imposible implementarlos por resistencia de los empresarios o de los empleados”.
Finalmente, Granado enfatiza la necesidad de “crear una cultura que reconozca que el estado de salud y la capacidad laboral deben complementarse y que crear condiciones y horarios de trabajo que comprometan la salud de los empleados es tan negativo como simular o exagerar la salud”. y días.»
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