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Esta vez no fue una ONG como Cáritas, Oxfam Intermón, Cruz Roja o Save the Children ni un estudio de expertos lo que dio la voz de alarma sobre el empobrecimiento de los más vulnerables. Fue el Banco de España el que señaló el deterioro de las condiciones de vida de los sectores más pobres de la sociedad.
Los datos son convincentes. En 2022, el 9% de los hogares (1,6 millones de familias) no pudo cubrir los gastos esenciales con sus ingresos totales debido a los “aumentos observados en la inflación y las tasas de interés”. La situación se ha deteriorado en comparación con 2020, cuando el 7% de los hogares enfrentaron dificultades. Las sanciones son más severas para el 20% de la población con ingresos más bajos, y los hogares que no pueden cubrir los gastos esenciales representan el 17% del gasto total en 2022, frente al 14,6% dos años antes.
Lo más preocupante de esta radiografía social es que el deterioro se ha producido a pesar de las medidas extraordinarias del gobierno de coalición, como la creación del salario mínimo vital, el aumento de las pensiones y el salario mínimo. El estudio del Banco de España admite que no tuvo en cuenta estas u otras medidas, como el código de conducta aplicado en los últimos trimestres, que cree que han ayudado a mitigar algunos de los impactos denunciados. Es significativo que no se haya cuantificado el impacto de la ayuda en los más necesitados. No es necesario especular mucho para imaginar lo que puede pasar con un futuro gobierno que suprima o reduzca este apoyo.
Los efectos devastadores de la alta inflación fueron mayores de lo esperado en todas partes. El informe económico anual del Banco de Pagos Internacionales reconoce que «el rápido aumento de la inflación ha debilitado significativamente el poder adquisitivo de los salarios».
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A pesar de las exitosas medidas de apoyo a los más vulnerables, no han sido suficientes para neutralizar la imparable inercia de un modelo de capitalismo que se ha convertido en uno generador de desigualdades. Un sistema que ha normalizado la existencia de trabajadores en riesgo de pobreza, llegando al 12% en la UE; en España fue del 13%, pero en 2019 superó el 20%. Una realidad que explica cómo la compensación de los trabajadores redujo su participación en la producción total de la economía al 46,9% en 2022, en comparación con el 49,7% en 2020.
Es necesario repensar una distribución más equitativa de los ingresos generados entre los salarios y los beneficios de la empresa. La subida del 25% de los márgenes empresariales en el sector energético es un claro indicador de la dificultad de corregir este modelo voraz de capitalismo.
Una forma de reducir la inercia hacia la desigualdad es asegurar que la producción de ciertos bienes esenciales, como la vivienda, esté fuertemente controlada por la administración pública. No es utopía. Austria y los Países Bajos han logrado excelentes resultados.
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