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A un año de la entrada en vigor de los retiros por impedimento menstrual, sólo se han tramitado 1.418, con una duración promedio de tres días, según los últimos datos hasta mediados de abril presentados por el Ministerio de Integración en la víspera del día en que se celebra . Para hacernos una idea de la gravedad de esta cifra en su conjunto: en todo 2023 se iniciaron 8,8 millones de expedientes de ERTE y, a juzgar por el bajo número de ERTE, los expertos encuestados apuntan a un “infradiagnóstico” y al miedo a la discriminación en el lugar de trabajo.
La posibilidad de solicitar estas cancelaciones fue aprobada bajo la Ley del Aborto y entró en vigor el 1 de junio de 2023, lo que generó debate y controversia sobre su impacto. Para solicitarlo, las pacientes deben tener un diagnóstico médico de dismenorrea secundaria, es decir .
La duración se amplía mientras persistan estos síntomas relacionados con la menstruación y las prestaciones económicas relacionadas con esta incapacidad temporal sean abonadas por la Seguridad Social desde el primer día de baja. Subdiagnóstico y perspectiva de género en la sanidad Cuando se aprobó la norma, la vicesecretaria de UGT, Cristina Antoñanzas, aseguró que la forma en que se diseñó esta retirada era «otra forma de discriminación» hacia las mujeres, ya que las empresas saben el motivo por el que podrían pagar. en base al código utilizado por la Seguridad Social en los informes.
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La semana pasada, en una conferencia sobre mujeres líderes organizada por el sindicato, recordó que hace un año fue acusada de que el sindicato estaba “en contra de una ampliación de derechos”, dice, y aunque apoya este recorte, lo cierto es que al final es “discriminatorio”. Antoñanzas lamentó que se haya tardado tanto en darse cuenta de que se trata de una situación incapacitante para muchas mujeres, debido a que hasta el momento sólo se han investigado enfermedades masculinas y que «fisiológicamente somos diferentes».
La secretaria de Mujer, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal, cree en la misma dirección y acusa al sistema sanitario, centrado en el estudio clínico del cuerpo masculino, de falta de perspectiva de género y de lentitud para dar tiempo a un diagnóstico rápido. Este “infradiagnóstico” explica el bajo número de prestaciones por incapacidad menstrual concedidas desde su introducción, ya que se requiere una condición preexistente reconocida como la endometriosis para que el médico de familia emita el informe.
Para Vidal, es importante luchar por el reconocimiento de esta baja laboral porque consigue «visibilizar nuestras circunstancias». No tenemos que luchar para ir a trabajar.» «Las mujeres no somos heroínas, somos personas con problemas normales, algunos de ellos estructurales como este. (…) Y no tenemos que ocultarlo, tenemos que luchar para que no seamos discriminados», deja claro Vidal.
Según un estudio de la consultora Kantar, el 49% de las mujeres sufre menstruaciones dolorosas, y la cifra se eleva al 76% de las mujeres más jóvenes. En el momento de su aprobación, el Ministerio de Igualdad de Oportunidades estimó que el derecho a vacaciones por incapacidad menstrual llevaría asociado un coste adicional máximo de 23,8 millones de euros al año. A partir de cifras de población activa y ocupada, Igualdad calculó que alrededor de 6 millones de mujeres de entre 16 y 50 años están trabajando y estimó que el 1%, o unas 60.000, podrían sufrir estas normativas de discapacidad.
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