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Pedro Sánchez no cree que haya terminado la legislatura, pero no engaña al inconformista por la debilidad parlamentaria del Gobierno. El presidente ha pedido a los ministros de la coalición PSOE y Sumar que le presenten cada uno una lista de tres o cuatro medidas sociales que el ejecutivo puede aprobar en 2026 sin la aprobación del Congreso, pudo confirmar EL PAÍS a través de una decena de fuentes gubernamentales. Es decir, sin que la actuación legislativa de La Moncloa dependa de la volatilidad de un bloque de investidura destrozado, donde Podemos se opone desde hace tiempo y Junts insiste en que ya daban por roto el pacto que hizo presidente a Sánchez en otoño, aunque todo este descontento no conduce a la caída del Gobierno.
El presidente dio la orden en noviembre y en las semanas siguientes continuó su llamamiento a propuestas «ambiciosas» y «disruptivas», según ministros, ministros de Asuntos Exteriores y otros altos cargos de La Moncloa. La solicitud «no era un ejercicio de lluvia de ideas», que describe un gran peso del Gobierno, sino una lista de «ideas específicas y vendibles» que son «fáciles» de poner en práctica y «comprometerse con las personas» que, a pesar de los buenos datos macroeconómicos, están sufriendo el aumento del coste de la vida, siendo los precios de la vivienda uno de los mayores problemas sociales.
El objetivo de Sánchez es recuperar la iniciativa tras un final de año desastroso por los escándalos de corrupción y acoso sexual así como por la catástrofe socialista en Extremadura. La fórmula para fijar la agenda pública consistiría en una serie de medidas de impacto cuya validación no depende de las Cortes y que los ciudadanos sin duda pueden atribuir al Gobierno y no a otras administraciones como las Comunidades Autónomas, gobernadas en gran medida por el PP. En paralelo están medidas que deben ser aprobadas en el Congreso, como la revalorización de las pensiones y otras propuestas que forman parte de la última protección social, o el aumento de los salarios de los empleados públicos. El apoyo a estas iniciativas no está claro, pero el Gobierno juega con las dificultades de Junts para justificar su rechazo, o las del propio PP, que votó en contra de la revalorización de las pensiones hace un año en un país de 9,4 millones de pensionistas. Sin embargo, el ejecutivo es consciente de que el margen de confianza es cada vez menor: en septiembre sufrió un revés muy grave cuando PP, Vox y Junts suprimieron la reducción de jornada.
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Las perspectivas de la administración en el Congreso no son nada halagüeñas y de hecho la propuesta de presupuesto se presentará en el primer trimestre de 2026 sin garantía de éxito. Por eso, Sánchez guarda con atención los anuncios que tiene en mente, afirman las fuentes consultadas. Las medidas no tienen por qué suponer un gasto público significativo, admiten en La Moncloa. Sin embargo, nadie tiene claro que mejorar el salario mínimo será una de las principales medidas del plan elaborado por el gobierno. El salario mínimo se incrementó un 61% durante el mandato de Sánchez, de 736 euros en 2018 a 1.184 euros brutos mensuales en 2025, dividido en 14 pagas.
Los peritos solicitados por el Ministerio de Trabajo, encabezado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, proponen que en 2026 sea de 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas si está exento de tributar o de 1.240 si contribuye al IRPF. La coalición ya ha demostrado su capacidad para convertir una acción positiva en un amargo enfrentamiento entre PSOE y Sumar por la fiscalidad del salario mínimo y, por tanto, busca una fórmula de consenso que satisfaga a ambos socios. El Ministerio de Hacienda está considerando una deducción de unos 600 euros para que los beneficiarios del futuro salario mínimo no tengan que pagar el impuesto sobre la renta.
Otro ejemplo de desarrollo destacado en uno de los ministerios especializados en política social es el programa de ayudas públicas de hasta 100 euros para financiar gafas o lentillas para menores de hasta 16 años, que entró en vigor este mes y está impulsado por el Ministerio de Sanidad. En La Moncloa diferencian los ministerios con más contenido social, como Transportes o Vivienda, pero también destacan la fortaleza que ha adquirido el Ministerio de Defensa tras el compromiso de Sánchez de invertir 10.471 millones de euros más para alcanzar el 2% del PIB en gasto militar este año. “En la práctica, esto supone 220.000 puestos de trabajo en un corredor industrial en toda España”, subraya un ministro de Asuntos Exteriores, que destaca que se trata de una política que permite crear población con empleo cualificado en provincias como Soria, Jaén y Teruel.
La Moncloa tampoco da ninguna indicación de los plazos que maneja. Hay absoluta discreción y los departamentos son estancos, como reconocen varios ministros. “No conozco las propuestas de los otros ministerios”, dice uno de ellos. Se da por hecho que Sánchez las presentará y que parte de ellas coincidirán con un inicio de año condicionado por la próxima cita electoral, el 8 de febrero en Aragón, y un mes después por las elecciones en Castilla y León. Las elecciones en Andalucía tendrán lugar a más tardar en junio. «Si nos fijamos en el calendario, tiene sentido que el presidente quiera tener un cajón de iniciativas a las que pueda recurrir y diferenciarse». [de la derecha]. Es cierto que el ruido mata el contenido, pero si tienes algo interesante, el ruido también soluciona el problema. Y al fin y al cabo, el BOE es el BOE”, señaló otro ministro.
Una de las lecturas que dejó la debacle del PSOE en las elecciones extremeñas, en las que cayó de 28 a 18 escaños respecto a las autonómicas de 2023, perdiendo más de 100.000 votos (cayó de 242.659 a 136.017) y 14,2 puntos de apoyo (del 39,9% al 25,7%), es que en su mayor parte hay un hueco entre los votantes que optaron por la abstención. en lugar de la derecha. «Se quedaron en casa, sobre todo por el descontento con el candidato -Miguel Ángel Gallardo, que dimitió el martes como secretario general- y por eso son recuperables, pero hay que generar esperanza, darles futuro. La gestión desde 2018 no es suficiente, hay que seguir transformando España», dicen en el círculo presidencial, alegando que las medidas que Sánchez examinará estos días deben estar claramente identificadas con el Gobierno, «a diferencia de la gestión del PP y». Vox.
Una de las reflexiones del presidente en la reunión de la dirección del PSOE del lunes de la semana pasada fue que los ciudadanos no perciben la «transformación» en las políticas públicas que atribuye a las alianzas de la derecha y la ultraderecha, «gracias a que el PSOE gobierna España» y «las está frenando». En esta dirección se pronunció este martes Elma Saiz durante su debut como nueva portavoz del Ejecutivo, en sustitución de Pilar Alegría, tras las elecciones anticipadas en Aragón. «Los ciudadanos de las Comunidades Autónomas donde se están desarrollando los Pactos del PP y Vox aún no sufren la reversión de los recortes que proponen, ni ven las consecuencias que conllevan la muerte de servicios públicos o de libertades como el derecho al aborto, porque el Gobierno español es garante de la protección de esos derechos y servicios públicos», ha apuntado. En esta comparecencia, Óscar Puente destacó que el Ministerio de Transportes sólo había “presentado para su aprobación asuntos por valor de 3.008 millones de euros” al Consejo de Ministros en diciembre. “Sin presupuestos o con presupuestos ampliados”, subrayó, destacando que la administración promulga cada semana “políticas importantes para la vida de las personas” sin depender del Congreso.
Un ministro interpreta que hay otro mensaje subyacente en las tareas que Sánchez ha impuesto a los 22 ministerios: su voluntad de seguir gobernando en plena agonía ante la idea de gobierno que transmite el PP. «El presidente tiene la voluntad de gobernar y de seguir haciéndolo, y esta es una manera de transmitirla a todos nosotros. Quiere ideas innovadoras, pero también que el personal tenga claro que él está ahí y que quiere lo mismo de nosotros», subraya. “Y recordemos todos que no habrá elecciones generales hasta 2027”, concluye.
