La reducción de los niveles de alcohol en sangre en España de 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2 gramos está bloqueada en el Congreso, aunque genera un gran consenso. La Cámara de los Comunes comenzó a negociar el proyecto de ley el pasado mes de marzo con el único voto en contra de Vox y la abstención del PP. Sin embargo, el texto permanece en la Comisión de Seguridad en el Transporte del Congreso hasta que finalicen las negociaciones entre las partes.
Este bloqueo, según varias fuentes parlamentarias, se debe a la exigencia de Esquerra Republicana de transferir competencias para gestionar los exámenes de conducción en Cataluña. Hace apenas un mes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió públicamente que se aprobara “lo antes posible”. “No hay una sola excusa que justifique posponer para un día más esta reforma, no se puede posponer”, afirmó.
La propuesta del PSOE unifica las tarifas para todos los conductores, elimina las diferencias actuales entre conductores novatos y profesionales y también busca prohibir la difusión de información sobre controles policiales de alcohol y drogas y cualquier otra medida introducida por motivos de seguridad vial.
Para impulsar esta medida, Interior estudió otros países de referencia en política de seguridad vial, como Suecia y Noruega, que tienen una graduación de alcohol en sangre de 0,2 gramos por litro, valor que también se aplica en Polonia y Estonia. En Rumanía, República Checa, Hungría o Eslovaquia la tasa es 0,0 para todos los conductores. El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (una organización independiente y sin ánimo de lucro comprometida con la reducción de las muertes y lesiones en el transporte en Europa) recomienda un valor de 0,1 miligramos por litro de aire exhalado o 0,2 gramos por litro de sangre, límite que equivale a tolerancia cero.
“Reducir el consumo de alcohol al volante es una obligación moral para con quienes han perdido la vida en la carretera”, concluyó en abril el director general de Transportes, Pere Navarro, al presentar un estudio de la Universitat de València que respaldaba la medida con evidencia científica. El informe, que analiza datos de diversas fuentes oficiales españolas, entre ellas la DGT, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y la Fiscalía de Seguridad Vial, concluye que el alcohol sigue siendo uno de los factores de riesgo más graves y persistentes para la seguridad vial. Entre 2018 y 2022 se produjo un aumento del 20% en los accidentes con víctimas relacionadas con el alcohol en España. Además, la presencia de alcohol no sólo aumenta un 16% el número de víctimas y otros cinco puntos porcentuales el número de muertes, sino también la gravedad de los accidentes.
En 2024, el 48% de los conductores autopsiados dieron positivo en alcohol, drogas o narcóticos.
Si el cambio tiene éxito, un solo vaso de bebida alcohólica superaría en muchos casos el límite legal para conducir. 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre (o dicho de otra manera: 0,1 miligramos de alcohol por litro de aire espirado) se pueden conseguir tanto en hombres como en mujeres de entre 70 y 90 kilos con un tercio de cerveza (5º), 100 ml de vino o cava (12º) o una copa de vermú de 70 ml (17º), según un cálculo del Real Automóvil Club de España (RACE).
Pruebas de conducción
Los socialistas siguen negociando con los grupos parlamentarios de la Cámara Baja. “La cuestión ha parado”, confirman fuentes parlamentarias. Entre los obstáculos que citan está “la transferencia de autoridad a los inspectores de tránsito”, que han pedido los defensores de la independencia.
ERC está utilizando sus armas, en este caso sus votos decisivos en el Congreso, para frenar la bajada de la alcoholemia hasta que se aclaren las negociaciones de traspaso, al menos en lo que se refiere a la gestión de la competencia en las pruebas del permiso de conducción. Acusan al PSOE de Madrid de bloquear el tema de los examinadores de conducción porque creen que tanto el PSC como el Ministerio del Interior e incluso los Mossos serían los responsables de permitir esta solución al problema. Para Esquerra, el obstáculo es que el PSOE no quiere solucionar “el enorme problema de los suspensos en los exámenes de conducción” y no ofrece nada a cambio, informan fuentes conocedoras de estos contactos.
Esquerra quiere alcanzar la competencia absoluta en los exámenes porque entiende que así se aceleraría el problema de congestión que está muy extendido en toda España en estos exámenes. Mientras tanto, sin embargo, han exigido que se les permita al menos asumir este papel y garantizar que los Mossos puedan cooperar en la realización de estas auditorías. Otras fuentes de esta formación aseguran que están esperando “una solución eficaz para reducir las listas de espera en los exámenes de conducción”.
Navarro se ha dado cuenta en los últimos meses de que la plantilla de auditores de la DGT no es suficiente para tramitar todas las solicitudes, aunque está cubierta casi en su totalidad. El cupo de 900 profesionales se aprobó cuando España tenía 40 millones de habitantes y actualmente roza los 50. El director de la DGT ha anunciado que se está negociando con el Ministerio de Función Pública una aplicación de la plantilla para adaptarla a las necesidades actuales.
En Cataluña, el colapso de los auditores está retrasando la recepción de esta aprobación durante meses. La lista de espera incluye a más de 70.000 personas y obliga a muchos jóvenes a desplazarse a otras comunidades para obtener la licencia. En 2019, 2023 y 2025, el Parlamento adoptó resoluciones a favor de transferir la responsabilidad a la Dirección General de Transportes. Por ahora, el Ejecutivo ha aceptado la llegada de auditores adicionales (25) y propone posibles tareas de gestión que actualmente se están examinando para resolver la cuestión.
