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Existe cierta confusión sobre el avance de la extrema derecha en las recientes elecciones europeas. Sin embargo, el cambio se viene produciendo desde hace algún tiempo. Los partidos de extrema derecha ya gobiernan o apoyan al poder ejecutivo en ocho países europeos. Existe cierto consenso en que la inmigración y la acción contra el cambio climático son las políticas que desencadenarán este cambio.
Sin embargo, otras causas más fundamentales que explican el distanciamiento de los ciudadanos respecto del proyecto europeo y de la democracia han sido menos estudiadas. Una parte relevante de la insatisfacción está directamente relacionada con la percepción de los ciudadanos de que los gobiernos nacionales y las instituciones europeas se preocupan poco por resolver sus problemas cotidianos como la escasez de vivienda, el aumento del coste de la vida y el deterioro de los derechos laborales.
El último informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Índice Global de Derecho 2024, analiza la situación de la lucha global por defender las piedras angulares de la democracia: los derechos y libertades fundamentales de los trabajadores y los sindicatos. Destaca que “hay señales claras de que los gobiernos y las empresas están aumentando sus esfuerzos para pisotear los derechos fundamentales que sustentan la democracia”.
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El informe identifica los diez peores países para los trabajadores (Bangladesh, Bielorrusia, Ecuador, Egipto, Esuatini, Guatemala, Myanmar, Filipinas, Túnez y Turquía) y confirma que los países europeos Austria, Dinamarca y Alemania son los que tienen más derechos laborales El mejor respeto, Islandia, Irlanda, Italia, Noruega y Suecia. Sin embargo, muestra su preocupación por el deterioro de los derechos en Europa. Decía: «Este declive sostenido sugiere que el sistema social europeo, con el trabajador en su centro, está siendo desmantelado activa y aceleradamente, con graves consecuencias para la región y el riesgo de una carrera global para reducir los derechos de los trabajadores».
Existe una conexión significativa entre la desconfianza política de los votantes europeos y la pérdida de los derechos que garantizan su bienestar, como se señala en el informe de la CSI. La preocupación por el futuro de la Unión queda clara en la última edición de gran espaciode la Fundación Mario Onaindia, dedicada a Europa y que contiene valiosos análisis de Jon Sodupe, Enrico Lletta, Ramón Jáuregui, Josep Borrell, Joaquín Almunia y Francisco Aldekoa, entre otros.
Contiene una interesante reflexión de la ex ministra Arancha González Laya: “Sabemos que millones de personas han salido de la pobreza gracias al comercio internacional. Pero también sabemos que muchos otros han quedado atrás. La fuerza de los mercados por sí sola no basta para contrarrestar los efectos negativos de la globalización, la tecnología, el comercio y la integración económica». En su opinión, «la legitimidad del comercio internacional debe ser respaldada por medidas públicas y privadas… Desde políticas fiscales justas hasta Los activos Política de empleo, educación y formación, protección social o sanidad”. La UE ha hecho un buen trabajo al ser un referente de derechos que han dado confianza a sus ciudadanos.
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