El ministro responsable de Política Ferroviaria, Óscar Puente, afronta este jueves su primera comparecencia parlamentaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Dos ruedas de prensa de más de dos horas de duración, una comparecencia tras el Consejo de Ministros y varias entrevistas ante el jefe de Transportes en el Senado, dominado por el Partido Popular, revelaron detalles. Entre los dos accidentes, además de un mar de dudas, hay una lista de 46 muertos (uno de ellos en Rodalies) y 164 heridos (41 en Barcelona).
El equipo más cercano a la ministra estuvo este miércoles preparando el nombramiento. “No hay debate [en el Gobierno] sobre mi renuncia. Para mí son responsables quienes con sus acciones u omisiones contribuyeron al daño o lo agravaron. Es mi criterio. No puedo responsabilizar a nadie por hacer su trabajo correctamente. Ahora bien, si descubrimos que alguien no ha hecho bien su trabajo, sea quien sea, exigiremos rendición de cuentas. Y si yo también lo soy”, afirmó el ministro en una entrevista en EL PAÍS.
Fuentes cercanas a la ministra explican que se espera que en la vista se presenten nuevas pruebas sobre las revisiones realizadas en la mancha negra de la ruta Madrid-Sevilla. Según estas fuentes, Puente repasará los hechos en Adamuz (Córdoba) a partir de las 19.43 horas. el domingo 18 cuando descarriló el tren bala Iryo. La ministra intentará aclarar la cronología de la gestión del suceso utilizando los centros de control de tráfico público de Adif y Renfe, sobre los que se han ofrecido varias versiones oficiales. La actuación de los centros de mando queda en entredicho por el hecho de que transcurrieron varios minutos entre la colisión y la transmisión de la grave situación a los servicios de emergencia andaluces.
Tras describir el accidente del descarrilado Iryo, que circulaba a 200 kilómetros por hora y se cruzó en la vía ocupada por un Renfe Alvia, Óscar Puente afrontará el capítulo que atañe directamente a su ministerio: la rehabilitación integral del tramo, finalizada entre mayo y junio de 2025. Las declaraciones del ministro sobre la reconstrucción del trazado con unas inversiones de 780 millones se han convertido en un argumento de ataque para la oposición. El PP ha pedido la dimisión de Puente. Como tras el Consejo de Ministros de este martes, la ministra de Transportes utilizará el pliego de condiciones del proyecto de Adif para volver a hablar de una «renovación integral». Un proyecto licitado en julio de 2021 que no preveía la supresión de carriles distintos de los desvíos de vía en el tramo Guadalmez-Córdoba (incluido el punto Adamuz). Estos se consideran puntos críticos porque están dispuestos en curva y están sujetos a un mayor desgaste que los rectos.
La consultora de transporte ha preparado a Óscar Puente con una documentación de las pruebas realizadas en la vía y sus soldaduras entre junio y este mes de enero, incluida la que centra la hipótesis del estudio técnico en una rotura en el punto de conexión entre un ferrocarril de 1989 y otro de 2023. Más de una decena de empresas están detrás de los trabajos en Adamuz, desde el proveedor ferroviario Arcelor Mittal hasta la autora de los trabajos de soldadura, Maquisaba, o las constructoras Ferrovial, OHLA, FCC y Azví. Transportes viene subrayando desde hace días que la soldadura del punto kilométrico 318.681 fue inspeccionada por Ayesa Ingeniería el pasado 25 de junio mediante pruebas de ultrasonidos y fluidos penetrantes, no encontrándose ningún defecto. El trabajo estaba fechado apenas un mes antes. La Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) están investigando el caso.
Puente defenderá los crecientes costes de mantenimiento de la red de alta velocidad y el anticipo de un año para la reconstrucción de la línea Madrid-Barcelona ante las persistentes quejas de maquinistas y viajeros. La publicación se produce un día después de la publicación del Real Decreto-Ley en el BOE 1/2026 de asistencia a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida.
A la crisis del servicio en Barcelona se suma la revuelta del colectivo de maquinistas y la amenaza de huelga en febrero. El número dos en transportes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Antonio Santano, está intentando calmar los ánimos tanto de los trabajadores como de los grupos políticos catalanes. Además de los despidos en Adif y Renfe, Santano implementó este martes una serie de medidas incluidas en el nuevo plan Rodalies 2026-2030, que incluye una inversión de 8.000 millones. La cifra supone ya un incremento de 1.700 millones respecto al programa anterior, de los que se ejecutaron obras por valor de 2.666 millones y se licitaron más de 3.000 millones.
