
La eurodiputada y exministra de Podemos, Irene Montero, confirmó el viernes que su partido en el Congreso apoyará el decreto de protección social aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes, que también incluye protección contra los desalojos forzosos. La votación de los cuatro diputados del partido de izquierda, que quedó en entredicho por las críticas de su secretaria general Ione Belarra al acuerdo alcanzado con el PNV, despeja una de las dudas del Gobierno pero no soluciona el problema. Junts anunció hace unos días que rechaza las medidas contenidas en la ley y que su apoyo o abstención es al menos necesario para su prosperidad. «Podemos estar ahí para defender los derechos de las familias. Cuando llegue el decreto que las proteja lo votaremos, aunque se recorte», aseguró en una entrevista en TVE, no exenta de acusaciones contra el ejecutivo. “Esta situación es consecuencia de que no dejan de cometer errores y de estar al tanto de las cosas”, subrayó.
El Gobierno ya se ha visto obligado a dividir en dos partes el decreto, que también incluía subidas de pensiones y otras iniciativas de seguridad social, después de que PP, Vox y Junts derogaran la semana pasada todas las medidas en la Cámara Baja con duras críticas al PSOE por «mezclar» todo tipo de cuestiones en un solo texto.
Para convencer al partido de Carles Puigdemont del acuerdo, el Ejecutivo negoció con los nacionalistas vascos -que de hecho ya habían manifestado su apoyo al decreto colectivo- para eximir a los propietarios de hasta dos viviendas, una de ellas en alquiler, de la obligación de ofrecer una alternativa habitacional a personas vulnerables. Un pacto que Belarra calificó de «absoluto asco», aunque este viernes indicó en declaraciones a los medios en el Congreso que su partido apoyaría las medidas «que protejan al pueblo», aunque insistió en la denuncia: «No seremos críticos, sino concisos con el Gobierno. Han acordado desmembrar el decreto y se dan cuenta de que no sólo no es más fácil dictarlo de esta manera, sino que la derecha es más exigente». Para la derecha el cambio no es suficiente y sostienen que el gobierno está incentivando las ocupaciones con estas medidas. «A falta de leer la letra pequeña, desde Junts podemos decir que votaremos en contra de la prórroga de una medida que no sólo no soluciona el problema, sino que además es injusta, porque el coste de esta protección social de la que tanto abunda la llamada izquierda española es el pequeño propietario y los vecinos que la pagan», argumentó a última hora del martes la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.
Durante la entrevista de este viernes, Montero también habló de las negociaciones con el ejecutivo para autorizar en los próximos meses la legalización de cientos de miles de inmigrantes que ya viven y trabajan en España, reconociendo su compromiso de negociar ahora el traspaso de competencias a Cataluña. «No hay ningún problema con que los poderes migratorios estén en Cataluña, el problema es el racismo», ha subrayado la línea roja de su partido. Montero reconoció que el PSOE estuvo de acuerdo con ellos en la regularización porque, aunque no necesitaba sus votos para ello, «los necesitaría para el traspaso de poderes».
La exministra de Igualdad también ha calificado de “muy grave” el caso destapado por EL PAÍS, que demuestra que el PP presionó a un concejal de Móstoles para que encubriera acusaciones de acoso contra el alcalde Manuel Bautista. «Es la prueba más evidente de que el PP quiere una sociedad en la que los agresores vivan impunemente y las víctimas vivan en silencio. Cuando aplaudes a un agresor, le estás diciendo a las mujeres que se callen», argumentó. Para Montero, también es muy grave que el partido expusiera a la víctima al revelar su identidad. “El señor Feijóo dijo que deberíamos acudir a los tribunales cuando sabemos que la mayoría de las mujeres no denuncian y sólo un número muy reducido acaba siendo condenada”, criticó numero dos de Podemos.
El eurodiputado, apuesta del partido para las próximas elecciones generales, también ha denunciado al Gobierno por el enfrentamiento entre el presidente Pedro Sánchez y los propietarios de X y Telegram, Elon Musk y Pável Dúrov. «Todas las telecomunicaciones en este país dependen de las empresas de Elon Musk. ¿Qué estamos haciendo? ¿Apareciendo en los titulares?» cuestionó el ex ministro. El propio Montero fue criticado por Musk tras unas palabras en el acto de campaña electoral en Zaragoza el pasado sábado. El operador de la red social la acusó de incitar al genocidio porque apeló a “migrantes y personas racializadas” para que “no nos dejen solos con tanta pretensión”. También mencionó la llamada teoría del reemplazo y añadió: «Por supuesto que quiero que haya un intercambio de fachadas y racistas». Tras el mensaje de Musk, Montero respondió: «La gente decente debería sustituirte».
Este viernes, el presidente se pronunció a favor de permitir votar a los inmigrantes con permiso de residencia. “Si viven y trabajan aquí, ¿por qué no pueden votar?” él defendió.
