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Alquilar una casa en España es cada vez más complicado. Los alquileres llevan años subiendo y, ante esta realidad, no faltan quienes recomiendan a los inquilinos que abandonen el centro de las ciudades y busquen pisos más baratos. Pero esta solución no siempre es posible. El efecto derrame de petróleo, que muchos expertos utilizan para reflejar el comportamiento de los precios inmobiliarios, hace tiempo que llegó a las periferias. Y en algunos lugares va incluso más allá: según el último informe anual del Banco de España, cuatro comunidades autónomas también superan el umbral recomendado de gasto en alquiler fuera de sus zonas urbanas. En su análisis, el supervisor distingue tres tipos de zonas: el centro de las áreas urbanas, su periferia y “fuera de las áreas urbanas”. En Andalucía, Baleares, Canarias y Cantabria, el precio medio del alquiler en todas partes supera el 30% de la renta neta de los hogares.
Lo sabe Erico García, de 30 años, que acaba de mudarse con su pareja de su misma edad a su pequeño pueblo de Herrera de Ibio (Cantabria). Vivir todo el año en Comillas (2.300 habitantes), de donde es originario, se ha convertido en todo un capricho teniendo en cuenta los precios del alquiler. La turistificación del Norte multiplica la demanda de viviendas de verano y los propietarios encuentran en el viajero una oportunidad para explotar sus propiedades. Los comillas que quieran emanciparse deberán asumir cifras inalcanzables o resignarse a buscar un techo fuera. La pareja tiene dos hijos y ahora alquila una casa con jardín por 500 euros al mes. Por esta cifra sólo hay un piso en Comillas en el portal inmobiliario Idealista, aunque sólo se ofrece en verano y sugiere truco. “Allí sólo se alquila para el verano o de septiembre a junio”, critica la treintañera.
García, trabajador de almacén en un supermercado, suspira: “En mi círculo de amigos casi todos viven con sus padres, somos nueve y sólo tres estamos emancipados, ninguno en Comillas. El boom estival deja las urbanizaciones vacías en invierno”. . Y la tensión económica se ha extendido por todo Alfoz, a medida que pueblos que antes no estaban sobrecargados como Cabezón de la Sal, sin mar, se vuelven cada vez más congestionados a medida que absorben a personas desplazadas de los pueblos costeros. El treintañero vivió allí durante un tiempo con su pareja “en un piso de un edificio antiguo, sin calefacción, con pésimos cristales, por 450 euros al mes”. Después de un año de búsqueda, encontraron su residencia actual. Cuenta que en el piso vivía un conocido suyo: la casera le exigía 500 euros al mes sin hacer ninguna mejora en la propiedad.
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“Estamos viviendo un proceso de gentrificación suave”, resume Sergio Nasarre, exdirector de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. “Desde hace tres o cuatro años vivimos una segunda gentrificación de personas que ya han sido expulsadas del centro de las ciudades hacia la periferia y ahora están siendo expulsadas de allí a una segunda corona o incluso más allá”, continúa. El documento del Banco de España hace referencia a los lugares con mayores índices de gasto en “actividades turísticas”. Y Nasarre recuerda un dato que no le parece casual: “En 2023, todos los récords de compra de viviendas los batieron los extranjeros, cuya cuota de mercado se ha cuadruplicado desde 2009”.
El análisis de los datos del gestor muestra la más que evidente difícil situación de los inquilinos en España. Sólo en dos municipios, Aragón y La Rioja, existe una relación entre los precios del alquiler y la renta media que en ningún caso supone una tensión excesiva (lo que no excluye la posibilidad de que estas situaciones se presenten de forma individualizada en muchos casos). De hecho, en muchos lugares supera con creces el 30%, por ejemplo en el centro de las zonas urbanas de la Comunidad de Madrid, donde se alcanza la tasa más alta, el 44,3%. El porcentaje que tomó como referencia EL PAIS no es casual: la ley sobre el derecho a la vivienda supone que existen “condiciones asequibles” cuando el coste de la vivienda no supera “el 30% de los ingresos de la vivienda”. Este criterio legal es más restrictivo porque incluye en el cálculo los servicios básicos (luz, agua, internet…), mientras que el Banco de España sólo tiene en cuenta la renta media mensual.
Sin embargo, la situación parece ser más pronunciada en las dos comunidades insulares. Debido a que la economía se basa fuertemente en el turismo, el territorio es escaso y la población es numerosa, tanto Baleares como Canarias superan los gastos en más del 38%, incluso en alquileres fuera de las zonas urbanas. Esta presión inmobiliaria fue una de las principales razones por las que miles de canarios salieron a las calles en abril para manifestarse contra la turistificación. El sociólogo Eugenio Reyes, portavoz de este movimiento reivindicativo, asegura que “el desarrollo del turismo vacacional ha disparado el valor del alquiler y del espacio habitable”. “Tenemos el suelo rural más caro de España”, se queja este histórico miembro de Ben Magec-Ecologistas en Acción. “Se podría pensar que la población puede buscar refugio de los precios en las zonas suburbanas o rurales, pero eso dificulta aún más la situación de la población”. Mientras tanto, se queja de que “según el Ministerio de Hacienda, hay unas 211.000 casas vacías” en el archipiélago.
España es desde hace mucho tiempo uno de los países europeos en los que la mayoría de los inquilinos superan la tasa de gasto del 40% determinada por la oficina municipal de estadística Eurostat. En su informe anual, el supervisor recuerda y busca este tipo de situaciones en las mismas áreas geográficas descritas anteriormente. Los resultados son similares pero no idénticos. Y sobre todo, nos permiten comprobar que incluso donde los valores medios no parecen indicar ningún gasto inmobiliario, son muchas las casas que viven esta realidad. De hecho, incluso en las zonas rurales más ricas, concretamente Aragón y Murcia, más del 20% de las familias (una de cada cinco) gastan al menos el 40% de sus ingresos en alquiler.
Eso es exactamente lo que María Eugenia Rivero, de 26 años, no quiere que suceda. Quiere independizarse y vivir con su novio. Pero dice que es “mortal” en su localidad de Medina Sidonia (Cádiz, 11.738 habitantes). “Los precios han aumentado considerablemente en los últimos tres años. Como está a 30 minutos de la playa, en verano se sortea y hay apartamentos turísticos que sólo se alquilan para la temporada escolar, pero de momento el alquiler a largo plazo es imposible”, afirma. Añade que una casa de un dormitorio cuesta “unos 450 euros”, un precio que en otros contextos podría parecer una ganga. Pero en Cádiz, la provincia con peores datos de empleo de España, Rivero y su novio tienen actualmente contratos a tiempo parcial. Cobran alrededor de 1.200 euros al mes y “con estos salarios y el coste de la vida, acaba siendo imposible pagar este alquiler. Una situación que nunca se hubiera imaginado: “Es un fenómeno nuevo ya que la costa es cada vez más grande”. y se ha vuelto más concurrido y la gente viene a las ciudades más cercanas”.
Ángel Sánchez, de 38 años, que dirige dos agencias inmobiliarias en la provincia de Málaga, describe algo parecido. Uno está en la costa de Fuengirola y el otro 26 kilómetros tierra adentro, en Coín. Hace años dos mundos que ahora se han integrado. Desde la pandemia, ha notado un aumento de lo que llama “clientes abandonados”. No porque estén enfadados, sino «porque empiezan a buscar en el centro de Málaga, van a las afueras y finalmente buscan en pueblos vecinos hasta llegar a Coín, que ni siquiera es pueblo». bien comunicado tanto con la capital de provincia como con Marbella. Sánchez admite que “los que vienen de fuera pueden haber subido un poco los precios”, pero sobre todo describe cambios en la base de clientes (“a la hora de teletrabajar, conozco gente que ha venido de Alemania y Dublín”) y en la ofrece: “Las casas en la ciudad normalmente se alquilan tradicionalmente, pero últimamente estamos viendo algunas opciones de alquiler de habitaciones que no eran nada comunes en una ciudad como esta”.
Los inquilinos de bajos ingresos están bajo mayor presión
En resumen: el problema del alquiler se está ampliando. Y esto puede deberse a que el Banco de España encuentra una conexión con el poder adquisitivo de los hogares, independientemente de su ubicación geográfica. “Los problemas de sobreesfuerzo relacionados con el gasto en vivienda en alquiler son evidentes en las principales economías europeas, aunque en España estos problemas son particularmente pronunciados entre los hogares de ingresos más bajos”, concluye el informe anual. Si bien el índice de gastos generales cayó del 25,5% al 22,5% entre 2011 y 2022, aumentó para los hogares de bajos ingresos durante el mismo período. Aquellos en el primer quintil (20% de las familias con menos recursos) gastaron, en promedio, casi el 45% de sus ingresos en alquiler.
“La vivienda es asequible para quienes están en un percentil muy alto y para el resto no”, analiza el economista Ignacio Ezquiaga. “Esto dificulta la demanda, que no se traduce en demanda efectiva porque no se puede comprar, y luego no se construye y acaba provocando que muchos jóvenes se queden en casa”, desarrolla. El experto cree que España está asistiendo a una «burbuja de precios inasequibles» y, en alusión al título de su último libro, matiza que «el sistema ya no financia burbujas que dejan a la gente muy endeudada, pero los bancos ya no quieren». Prestar no evita “un problema gravísimo de acceso a la vivienda” e incluso se podría decir que lo agrava.
Esto se debe a que existe una especie de círculo vicioso en el que las familias de menores recursos, que alquilan con más frecuencia que el resto porque no pueden permitirse comprar, se ven sometidas a una mayor presión para pagar más. El Banco de España describe una «prima de riesgo» que «podría estar ligada a que los propietarios perciben un mayor riesgo relativo al alquilar sus viviendas a inquilinos con menor poder adquisitivo, es decir, se ven sometidos a una mayor presión sobre los precios, lo que significa que». Los alquileres en zonas donde vive gente de menor poder adquisitivo tienen una «mayor rentabilidad» para los propietarios, según el directivo. Y a juzgar por su último análisis, cada vez es más difícil escapar de esta lógica del mercado. Ni siquiera con un refugio en el campo.
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