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Un testigo protegido al que la administración le debía más de 500.000 euros por su trabajo en el desmantelamiento de una banda de narcotraficantes ha muerto sin cobrar la deuda que reclamaba sin éxito durante 16 años. Aunque el poder judicial reconoció la deuda, una disputa interminable entre los ministerios del Interior y de Justicia paralizó el pago porque ambos se declararon “no responsables”.
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