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Más de 1,5 millones de hogares vulnerables en todo el país se enfrentan a la inminente expiración de varias protecciones contra la pobreza energética aún vigentes, prevista para el 30 de junio. En apenas 15 días terminarán las ayudas del bono social y la prohibición de interrumpir los servicios básicos a menos que el Gobierno decida prorrogarlas. Se trata de dos palancas que se utilizan al inicio de la crisis energética y se prorrogan cada seis meses en función de la evolución del ciclo inflacionario.
La más reciente prórroga fue aprobada en el Congreso hasta bien entrado 2024, con efecto retroactivo al 1 de enero y con intención de aplicarse en el primer semestre. Ahora, a mitad de año, los precios de la electricidad siguen moderándose y el mercado de futuros apunta a nuevas subidas, por lo que el ejecutivo sigue pensando qué decisión tomar. La pelota está en el tejado del Ministerio de Hacienda y el departamento que dirige María Jesús Montero confirma que aún están evaluando la situación. De aprobarse, dijeron fuentes del ministerio, la prórroga quedaría recogida en el real decreto, que incluirá la nueva prórroga de la rebaja del IVA en alimentos, ya confirmada por el presidente Pedro Sánchez.
La principal preocupación de los consumidores vulnerables es el posible levantamiento de la prohibición de cortes de luz y gas para aquellos hogares que no pueden pagar sus facturas y actualmente reciben el bono social de electricidad. Los últimos datos de abril de 2024 sugieren que 1,6 millones de familias dependen actualmente de este plan de seguro, lo que significa que se enfrentarán a recortes si no se amplían las medidas.
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Al mismo tiempo, si no se toma una decisión, también expirarán los descuentos ampliados en el bono social de electricidad, que actualmente oscilan entre el 65% y el 80% según la categoría de riesgo y el grado de riesgo. En este caso volverían a los valores habituales del 25% y 40% respectivamente. Este cambio, junto con el aumento del IVA en las facturas de electricidad, podría incrementar significativamente los costes de las facturas para todos los hogares beneficiarios. Sí, con precios sensiblemente inferiores en el PVPC (al que están obligados por definición todos los beneficiarios del bono social) que al inicio del recorte temporal. Asimismo, el acceso al Bono Justicia Energética, que ofrece un 40% de descuento a hogares de bajos ingresos, vencerá el 30 de junio.
Otras medidas que aún esperan la decisión del Gobierno incluyen la reducción del impuesto especial sobre la electricidad, que volvería al tipo habitual del 5,11%; el límite de precio de las bombonas de butano; y ampliar el incremento de la tarifa turística de carga de gas (TUR) hasta el extremo superior.
Varias de estas palancas han estado en vigor desde el inicio de la crisis sanitaria de 2020 en respuesta a la pandemia, mientras que otras se implementaron dos años después debido a la crisis de precios de la energía que comenzó después de que comenzara la invasión rusa desde Ucrania. Hasta la fecha, el gobierno ha extendido estos mecanismos con carácter anual o semestral y generalmente anunció las extensiones en los días previos a su vencimiento. Por tanto, no es de extrañar que el Ministerio de Hacienda esté acelerando los plazos.
IVA en alimentos
El Gobierno ya ha decidido ampliar la rebaja del IVA a los alimentos básicos, así como a las pastas y los aceites, aunque aún está por ver por cuánto tiempo. El primer grupo, que incluye pan, queso, leche, frutas o verduras, disfruta de un tipo del 0% desde enero de 2023, frente al 4% habitual. Para la segunda tasa, el IVA es del 5% frente al 10% tradicional. Hasta el momento las prórrogas han sido de seis meses a seis meses. Sin embargo, en esta ocasión el Ministerio de Hacienda dejó abierta la posibilidad de una prórroga trimestral con el fin de reducir la carga sobre las finanzas públicas.
El Ejecutivo esperaba inicialmente unos costes de unos 3.800 millones de euros para las arcas públicas por todas las medidas de desgravación fiscal y ayudas directas aprobadas en el último decreto, que entró en vigor el pasado enero y tenía una validez general de seis meses. Si se suman todas las normas adoptadas desde el inicio de la crisis energética, los costes de recaudación -sin tener en cuenta otras ayudas- ascienden a 25.000 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda.
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