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Series y documentales sobre crímenes reales (crimen real) están de moda. Él caso asunta (Netflix) o El caso Sancho (Max) son algunos de los últimos títulos que desglosan la Crónica Negra española. En medio de esta vorágine, Patricia Ramírez ha lanzado una cruzada para conseguir que el asesinato de su hijo no sea ficcionalizado y así rentable. En 2018, el pequeño Gabriel, de ocho años, fue encontrado muerto en el coche de la entonces pareja de su padre tras una angustiosa búsqueda de 12 días. La madre del menor asesinado, de nuevo en el foco mediático, ha reavivado un complejo debate: ¿cuáles son las líneas rojas del crimen real?
Este género enfrenta no sólo dilemas éticos sino también legales. En principio, ninguna normativa exige que una productora deba obtener el consentimiento de los familiares de las víctimas de un delito si es de importancia pública. Tampoco necesita la aprobación del guión. “La libertad de expresión y la creación artística permiten como punto de partida la producción de este tipo de contenidos”, explica Mabel Klimt, socia directora de Elzaburu. Hay sentencias del Tribunal Supremo, subraya el experto, “que abogan por utilizar elementos de la realidad para contextualizar ficciones inventadas”.
Klimt hace la distinción de que los documentales caen bajo el paraguas de la libertad de información siempre que sean fieles a los hechos. “Es como una extensión de la labor investigativa de un periodista”, aclara el abogado. En general, el afectado “no puede impedir la producción de una película documental que describa hechos notorios de importancia pública”. Y, añade Elena Ordúñez, socia de Propiedad Intelectual de Écija, “ni el derecho de creación ni el derecho a la información pueden estar limitados por ningún tipo de censura previa”.
Sin embargo, la libertad artística para recrear y ficcionalizar la historia del crimen no debe distorsionar la realidad ni desconocer la privacidad, la imagen o el honor de las personas involucradas en el hecho. Esta es la primera y más importante línea roja. crimen real. Entre las situaciones que traspasan este límite, José Carlos Erdozain pone un ejemplo: De consejo (Asesor Jurídico) de Pons IP, “sugeriría que alguien cometió un delito sin que ello quede acreditado en sentencia firme, o que mantuvo una relación personal sin que esto sea cierto”.
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El conflicto con estos derechos podría dar lugar inicialmente a un proceso judicial contra los responsables. Es el juez quien debe tomar la lupa para comprobar si el guión sigue las reglas, teniendo en cuenta que las medidas pueden cambiar según las circunstancias del caso. En general, Erdozain señala que “los tribunales son muy escrupulosos y, salvo prueba de injerencia, dan prioridad a la libertad de creación o a la libertad de información. Así ocurrió en el caso de los marqueses de Urquijo, que fueron asesinados mientras dormían”. en agosto de 1980, cuando ese Tribunal Constitucional permitió ciertas publicaciones que sugerían la participación de la hija de las víctimas.
Hay que tener en cuenta, explica Marisa Herrero-Tejedor, socia de Averum Abogados, que las personas implicadas en una causa penal, ya sea como investigadores o condenados o incluso como víctimas, “son consideradas personas con proyección pública repentina”. Según el abogado, esto supone que su derecho a la intimidad y a la propia imagen “se debilita, sin que ello signifique que el fabricante pueda desviarse del sumario del proceso”.
La frase sobre Paquirri
Las familias de las víctimas también tienen algo que decir. Herrero-Tejedor señala que desde la famosa “sentencia Paquirri” (Tribunal Constitucional, 1988), determinadas informaciones o imágenes sobre la muerte de una persona pueden vulnerar el derecho de la familia a la intimidad, lo que podría dar lugar a una indemnización por daño moral.
Las series que se centran en la historia de menores requieren de una lupa con mayor aumento. La ley les otorga una protección especial. En este sentido, Herrero-Tejedor cree que las productoras deben obtener su permiso o el de sus representantes legales antes de acudir a ellas. “El interés público no abarca todo tipo de historias”, afirma el abogado, en referencia al caso del pequeño Gabriel. Y en su opinión, la privacidad de los niños supera la libertad creativa.
La exhibición de menores es también otra línea roja para José Carlos Erdozain. “Incluso si el hecho es cierto, definitivamente se debe preservar su identidad. Poco importa que se obtenga el consentimiento”, defiende. Incluso si los padres tienen permiso, el fiscal puede intervenir.
Una de las interrogantes de estos días es si Ana Julia Quezada, la asesina de Gabriel, podrá participar en un documental sobre el caso desde prisión. Sin embargo, esto está castigado por la ley, que considera una invasión ilegal de la privacidad y el honor de las víctimas si menoscaba su dignidad. En 2010, a raíz de casos como el de Marta del Castillo, los legisladores cambiaron la ley para que los condenados no puedan lucrar ni ganar notoriedad explotando el delito.
En 2023, la Generalitat de Cataluña impuso una restricción de llamadas a Rosa Peral por conceder entrevistas desde prisión para el documental Las Cintas de Rosa Peral (Netflix). Condenado junto a Albert López por el asesinato de un agente de la policía de la ciudad, Peral volvió al foco mediático con el estreno de la serie El cuerpo en llamas en septiembre del año pasado. La propia Peral intenta prohibir la transmisión porque atenta contra su honor y el de sus hijas.
Precauciones
Intentar impedir que una serie se emita es pedirle a un juez que la detenga como medida cautelar. Como explica Elena Ordúñez, socia de Écija, la persona ofendida debe acreditar “que existe conflicto entre el derecho al honor, a decir cosas que no son ciertas, a la intimidad y a revelar aspectos íntimos que no son de dominio público o público”. la propia imagen porque se está utilizando innecesariamente”. En 2018, un juez acordó el embargo cautelar del libro de Fariña por estos motivos. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid anuló la medida al considerar que no se habían superado los límites del derecho de información.
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