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Este jueves, los Veintisiete dieron por fin luz verde a nuevas medidas para reforzar las herramientas de la UE para combatir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones, poniendo el foco en los clubes y agentes del fútbol que quieren obligarles a informar de transacciones sospechosas.
Las nuevas normas, que dan un carácter más estricto a la ley, permiten el acceso a información sobre los beneficiarios reales y otorgan a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) más poderes para analizar y detectar casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como para suspender cualquier operación que realicen. considerar considerar sospechoso.
Estas entidades compartirán información entre sí y con las autoridades pertinentes y cooperarán con la recién creada Autoridad Antilavado de Dinero (AMLA), que tendrá su sede en Frankfurt, Alemania, y tendrá poderes de supervisión directos e indirectos en caso de riesgo de alto nivel. Materias Sector financiero.
El reglamento también amplía la lista de empresas que deben informar de estos movimientos sospechosos para incluir sectores como clubes y agentes de fútbol, criptoactivos o artículos de lujo como joyas, relojes, coches, aviones, yates u obras de arte.
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También prevé requisitos de diligencia debida más estrictos, regula la titularidad real y, entre otras cosas, fija un límite de 10.000 euros para los pagos en efectivo. Los dos órganos legislativos ya han reconocido en su acuerdo que el sector del fútbol profesional representa un «alto riesgo». Sin embargo, como está sujeto a “grandes fluctuaciones”, corresponde a cada Estado miembro eliminarlos de la lista si se consideran de “alto riesgo”.
Este nivel de riesgo de blanqueo de capitales se mide por factores como el comportamiento pasado o características como el tamaño y volumen de negocio de cada club o agente, dijeron a Europa Press fuentes comunitarias.
Además, las normas para el fútbol profesional se aplicarían tras un período de transición más largo que comenzaría cinco años después de la entrada en vigor de la directiva, es decir, a partir de 2029, frente a los tres años de los demás organismos obligatorios.
Por otra parte, la ley prevé una mayor vigilancia de los ultrarricos, es decir, de las personas con un patrimonio total de al menos 50.000.000 de euros, excluida su residencia principal.
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