El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante, que actúa como vigilante de seguridad, ha ordenado este sábado la libertad provisional del alguacil granadino Rafael Amargo después de que fuera detenido en la noche del jueves en la estación de tren de Alicante a su llegada desde Madrid para la inspección del imputado por un delito de tráfico de estupefacientes y agresión a la autoridad al momento de su detención. El caso sigue a una denuncia de sus vecinos de Madrid sobre supuesta venta de droga en su piso del centro de la capital.
Amargo, de 48 años, está siendo investigado por un delito contra la salud pública, otro por agresión a la autoridad y dos por lesiones, ha informado el Tribunal Supremo de la Comunidad Valenciana. Se dice que los dos últimos se cometieron durante su arresto el jueves. Como medida cautelar, el magistrado impuso la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, que tiene a su cargo estas investigaciones, y la prohibición de salir del país.
Sin embargo, la jueza denegó la prisión preventiva evitable con fianza de 6.000 euros, que la Fiscalía exigía para la detenida, porque entiende que «no hay un riesgo de fuga tan alto» y que hay «otros alternativas» como estas. La jueza justificó su decisión diciendo que a la persona investigada «ya le confiscaron el pasaporte» en otro juzgado de instrucción de Madrid y «tiene arraigo en España, donde es una figura pública, lo que le dificulta afrontar la denuncia ante la justicia». judicial.» retirarse».
Dificultades económicas
Amargo ha explicado al juez que tiene problemas económicos y viaja a Alicante una vez a la semana para actuar en un local por 200 euros. El alguacil ha declarado su inocencia afirmando que no se dedica a la venta de drogas, sino que su relación con los estupefacientes es únicamente para su propio consumo. También ha declarado que está recibiendo tratamiento por enfermedad, que vive con sus padres a los que cuida y que sus cuentas bancarias fueron congeladas cuando se inició la investigación policial, con las consiguientes dificultades económicas que le obligaron a vender su vivienda. .
La de Alicante supuso la segunda detención del artista por delitos similares, ya que en diciembre de 2020 la Policía le atribuyó un delito contra la salud pública por el que la fiscalía pide nueve años de prisión. El juicio está previsto que tenga lugar en Madrid en junio. Pese a esta investigación, los vecinos de Amargo han vuelto a denunciar la situación con un continuo movimiento de personas por su piso que venían «a dormir en los rellanos de las plantas superiores». En el portal de la finca era común encontrar jeringas.
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