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El Ministerio de Trabajo acaba de inaugurar una exposición de relojes antiguos. A la entrada del departamento que dirige Yolanda Díaz se encuentran reliquias que miden el tiempo, la mayoría de ellas de mucho antes de que España fijara la jornada laboral normal en 40 horas en 1983. Este lunes, sindicatos y empresarios se reunieron de nuevo con Trabajo para reducir la jornada laboral a 38,5 horas semanales este año y 37,5 en 2025, tal y como prometieron PSOE y Sumar en su programa de gobierno. Ni siquiera en la cuarta reunión hubo acuerdo y el ministerio empieza a perder la paciencia: el secretario de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha certificado que sindicatos y empresarios no han llegado a un acuerdo en sus negociaciones paralelas y no lo harán, su departamento. asume la dirección y espera llegar a un acuerdo antes de agosto.
El punto de fricción está en la regulación de las horas extraordinarias: CC OO no quiere que se aumente desde el máximo actual de 80 horas anuales, UGT sólo se plantearía un aumento moderado si se mejora el control del fraude y se les paga mucho mejor, y que CEOE quiere aumentarlos más a cambio de aceptar la contracción de la jornada habitual. Según han explicado los negociadores sindicales, este es el punto clave que ha hecho imposible llegar a un acuerdo entre los centros y la patronal en la mesa que mantienen sin el ministerio.
Los laboristas están de acuerdo con los sindicatos en este tema. “Nos resulta muy difícil encontrar elementos retributivos que incluyan un aumento de las horas extras, lo que se sabe es una lacra en nuestro país. Se abusa del trabajo extraordinario, muchas veces no remunerado”, comentó Pérez Rey. La CEOE no compareció tras la reunión y, según los sindicatos, no indicó en la mesa cuántas horas más le gustaría aumentar el límite anual.
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Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical y Empleo de CC OO, ha afirmado que su sindicato no quiere discutir esta posibilidad. Además, incluso enviaron un comunicado la semana pasada negando información de que el asunto se estuviera discutiendo en la mesa de dos partes. «Las horas extras son extremadamente abusivas en este país», afirmó.
Por su parte, Fernando Luján, secretario general adjunto de Política Sindical de UGT, destacó que “los registros de jornadas deben ser fehacientes y reflejar las horas reales” y que las horas extras deben pagarse al menos el 125% de la remuneración normal, como exige la Carta Social Europea. Por este motivo, el sindicato ha presentado una denuncia ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, que ya ha sido admitida a trámite. “Es intolerable que se realicen más de seis millones de horas de trabajo que no se registran ni se pagan”.
“Creemos que esto debería estar terminado antes de las vacaciones. Pido a los empleadores que hablen. “Se nos acaba el tiempo”, añadió Luján, que criticó que el primer semestre del año esté cerca de completarse, lo que diluye el compromiso del PSOE y Sumar de que la jornada laboral normal baje a 38,5 horas en 2024. Pérez Rey ha afirmado que no quiere fijar un plazo concreto para no complicar las negociaciones, pero ha dejado claro que su «esperanza» es que el tema se resuelva «antes de las vacaciones».
Amplio apoyo
La reducción de jornada propuesta por PSOE y Sumar cuenta con un amplio apoyo social. Según una encuesta del Instituto 40dB, dos de cada tres españoles lo apoyan. para EL PAÍS y Cadena SER. La proporción de apoyo es la misma si pides llegar más lejos, con un día menos de trabajo y 32 horas de trabajo. La mayoría de los partidarios de esta medida son jóvenes y votantes progresistas, pero también se nota la falta de oposición de los partidos de la oposición. Sólo el 24% de los votantes del PP y el 29% de los votantes de Vox rechazan el recorte de dos horas y media de trabajo semanales.
Reducir la jornada laboral a 37,5 horas beneficiaría a unos 13 millones de empleados. Asimismo, una reducción de la jornada laboral beneficiaría más a los hombres que a las mujeres; que los municipios con mayor proporción de trabajadores afectados serían La Rioja y Castilla-La Mancha; y que por sectores esto se sentiría con mayor fuerza en la construcción y la industria.
Este cambio en las regulaciones laborales requiere que el gobierno busque la aprobación de una mayoría parlamentaria. Es decir, lo que el ejecutivo acuerde con los representantes de los trabajadores y de la patronal debe lograr la aceptación de los socios que más entran en conflicto con el ejecutivo en materia laboral, Junts y PNV.
La falta de apoyo de estos partidos en el Congreso ha arruinado varias iniciativas de Sumar relacionadas con el ámbito laboral, como las destinadas a incluir sindicatos en los consejos de administración de las empresas o mejorar la transparencia corporativa para mejorar la negociación colectiva.
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