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Rosa E. llegó a un acuerdo el pasado 29 de mayo con los coordinadores del Centro de Atención Primaria (CAP) de Barcelona, donde trabaja como enfermera durante los meses de junio, julio y agosto. Todo parecía claro. Fue liberada dos días después, el 31 de mayo. Órdenes de arriba, le dijeron. No pudieron renovar su contrato. “Me explicaron que el Institut Català de la Salut (ICS) había decidido que no se podían cubrir los días de baja ni de vacaciones y que no podían ampliar mi contrato”, explica. Sus tareas recaen en sus colegas o no se completan en absoluto.
Sandra C., que acaba de finalizar su formación como enfermera familiar y comunitaria, fue informada el mismo día en que firmó su nuevo contrato en un centro del Baix Llobregat el 3 de junio de que no podría verla como estaba acordado durante Junio y julio sólo podrían durar un mes. “Son los recortes”, le dijeron sus gerentes. Algo parecido le pasó a Paloma P., de 25 años, a quien días atrás le dijeron que tendría que ganarse la vida en julio porque “no hay dinero para reformas”. “Se disculparon porque dijeron que no podían hacer nada”, dice. Todos los testigos piden precaución al identificarse en este informe por temor a represalias en el lugar de trabajo.
El sistema sanitario catalán se prepara para un verano con menos sanitarios en atención primaria. El gobierno admitió el martes que la falta de presupuesto ha obligado al ICS a reducir el número de profesionales en consultas. En muchas clínicas catalanas (particularmente del área metropolitana de Barcelona) los días de vacaciones y festivos no pueden cubrirse ni con refuerzo externo ni con doble turno del mismo personal. «Debido a la ampliación del presupuesto, no todas las sustituciones de oficio estarán cubiertas por el sistema», afirmó la portavoz del Gobierno en funciones, Patrícia Plaja. Este miércoles, la CUP volvió a acusar al Gobierno de “recortes inaceptables”.
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Las consecuencias son inmediatas. Los pacientes son cada vez menos accesibles y la vida cotidiana en las clínicas ambulatorias se vuelve más ocupada. “Nadie va a hacer mi trabajo”, señala Paloma P. Hizo los análisis por la mañana, realizó el seguimiento de los enfermos crónicos y visitó a todo su contingente de pacientes, ya que el ICS pretende cobrar el DPO (la parte del salario sujeta a la anualidad). objetivos). “Ahora mis tareas se distribuyen entre el resto del personal sanitario, con la consiguiente sobrecarga y desmotivación”, añade. La dirección de las escuelas primarias también puede abogar por el cierre de agendas, una medida habitual cuando hay escasez de personal: los usuarios no pueden concertar una cita y tienen que esperar varios días para conseguirla.
“Procura no enfermarte en verano, porque a ver quién te cuida”, advierte Rosa E., nombre inventado. En enero, con 26 años, llegó a un CAP del distrito de Les Corts de Barcelona. Tuvo experiencia en un hospital de la red concertada cerca de su ciudad natal, Vic, y cambió de aires. “Me mudé a Barcelona y encontré trabajo muy fácilmente”, explica. Era invierno. Vacunas, gripe, resfriados. Alta demanda. Hasta la semana pasada estaba encadenado a cinco contratos temporales seguidos en el mismo centro. Ahora está en paro y rechaza parte de las declaraciones del portavoz del Gobierno, que señaló que no hay una bolsa de trabajo lo suficientemente grande como para garantizar automáticamente un reemplazo. “¿Cómo es posible que digan que no hay gente disponible y al mismo tiempo nos impidan trabajar? Si hay escasez de trabajadores cualificados, ¿por qué no prorrogan nuestro contrato?”, pregunta indignada. “Después se quedan sin bolsa. Si todos los que necesitamos buscarnos una vida ahora acabamos en el sector privado y nos gustan las condiciones y nos tratan bien, es posible que no volvamos al ICS cuando sea necesario”, advierte.
La contención exigida por el ICS, que ha contratado a unos 4.500 trabajadores cualificados más desde 2019, ilustra la inestabilidad permanente del sector. A Marta R., de 25 años, le han ofrecido contratos de entre uno y tres meses desde su llegada a Barcelona en noviembre de 2023. Y dos semanas antes de que en mayo dejara su empleo en su CAP del distrito de Sant Martí de Barcelona, le dijeron que no continuarían. «Es molesto. “Mi jefe me dijo hace poco que me quedaría en CAP para cubrir las dos reducciones de jornada de dos compañeros fijos, pero ahora estoy en paro”, se queja. Su superior lo justificó diciendo que con la internalización de buena parte de la plantilla se perderían algunos puestos de trabajo. “Me han estado entrenando todo este tiempo y ahora ya no dependen de mí. “No tiene sentido”, denuncia. En ello coincide Sandra C., que tras dos años como médica adjunta ahora ve que quizás debería abandonar Cataluña. “Me formé aquí, conozco a la población, y ahora se ha perdido todo este aprendizaje y conocimiento de la población. Es una pena”, lamenta.
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No parece fácil reaccionar cuando pierdes tu trabajo de la noche a la mañana. “Todo esto me generó mucho estrés porque tengo que llegar a fin de mes”, dice Paloma P. “El equipo trabajó bien y había muy buen ambiente. Mis compañeros se entristecieron con la noticia, al igual que yo”, añade. Ahora no sabe adónde ir, pero por ahora espera encontrar trabajo en el sector sanitario privado. “Allí te pueden ofrecer un contrato más estable”, compara, aunque admite que las condiciones económicas probablemente serán inferiores a las del ICS y que tiene intención de volver al sector público en el futuro. «A pesar de la inestabilidad, el trabajo se está haciendo bien».
El riesgo es que la población consolide la tendencia a encontrar la sanidad privada como una alternativa real a la sanidad pública. Según el último Barómetro de la Salud (2021), el 40% de los catalanes están asegurados de forma privada, frente al 25% de 2012. “Los compañeros que trabajan en seguros de salud privados constatan que tienen un mayor volumen de clientes año tras año. “Cada vez hay más gente que va a lugares privados porque tiene la impresión de que hay mucha espera en los espacios públicos”, resume Rosa E.
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