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El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha anunciado este miércoles su dimisión de su cargo de diputado en el Congreso, una medida que se sospechaba desde hacía meses pero que hasta el momento había rechazado. La medida tendrá un impacto inmediato en la caso Koldo, que se investiga a medio camino entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es el foco de toda la investigación contra Ábalos, con una pieza principal sobre la supuesta manipulación de contratos públicos para la compra de mascarillas en plena pandemia y otra pieza separada sobre adjudicaciones irregulares de obras públicas. Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS indican que el Tribunal Supremo seguirá teniendo competencia sobre el primer caso y, por tanto, continuará con el juicio previsto para abril, mientras que la segunda parte pasará muy probablemente a la justicia nacional.
El motivo es que la pérdida del escaño supondrá la pérdida de estatus de Ábalos en el Tribunal Supremo, donde está siendo investigado por los dos atentados.. No existe ninguna norma que establezca expresamente cuándo está vinculada la competencia de la Corte Suprema, pero sí existe un cuerpo doctrinal sobre el tema. El pleno de la sala penal acordó hace años -el 2 de diciembre de 2014- que el momento crucial para la determinación era la apertura de la audiencia oral. Entonces “finalmente se establece la competencia del tribunal de primera instancia, incluso si después de esa fecha se pierde la condición de persona certificada”, dice el acuerdo.
Esto plantea dos escenarios diferentes para Ábalos. En cuanto a la parte principal, la de las mascarillas, fue el pasado 11 de diciembre cuando el oficial de caso de la Corte Suprema, el juez Leopoldo Puente, llevó a juicio al exministro, a su exasesor Koldo García y al presunto autor de la conspiración, el empresario Víctor de Aldama. Este hito procesal implica que aunque el exlíder socialista ya no está sujeto a acreditación, la competencia sigue siendo del Tribunal Supremo. Y es por eso que el primer juicio para ellos. Caso Koldo Se llevará a cabo en la Corte Suprema como estaba previsto.
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Sin embargo, las fuentes consultadas suponen que la defensa se opondrá a ello en la audiencia preliminar prevista para el próximo 12 de febrero. Será el inicio del juicio y servirá al tribunal -compuesto por siete jueces que respetan el equilibrio entre progresistas y conservadores- para analizar en detalle las cuestiones de nulidad planteadas por la defensa, principalmente Ábalos y Koldo. Si las aceptas, no habrá juicio; Sin embargo, si las rechaza, el caso irá a juicio, lo que se espera para después de Semana Santa. El exministro y su exasesor se enfrentan a hasta 30 años de prisión, mientras que Aldama podría ser condenada a hasta siete años de prisión.
El artículo independiente sobre la supuesta manipulación de árboles presenta una situación completamente diferente. El propio profesor ha señalado en sucesivas resoluciones que se encuentra en un estado embrionario, se encuentra en plena fase de instrucción y, por tanto, está todavía lejos de una orden firme de apertura de audiencia. Respecto a esta otra rama del procedimiento, lo más probable es, por tanto, que Puente reevalúe su competencia y, en última instancia, lo remita a su homólogo de la Audiencia Nacional, el titular del Juzgado de Instrucción nº 2, Ismael Moreno.
El hilo del “caso Koldo” ante la Audiencia Nacional
La importancia de lo que valore y determine el tribunal radica en que de ello puede depender si el caso fracasa, retrasando así la pena de prisión del imputado ante una posible condena.
Si Ábalos hubiera renunciado a su cargo de diputado antes del verano, cuando su primer abogado, Aníbal Álvarez, se lo recomendó encarecidamente, ahí estaría todo el asunto. Caso Koldo del Tribunal Supremo habría pasado a la Audiencia Nacional, a la que hasta ahora le corresponde investigar todos los asuntos no estrechamente vinculados con Ábalos, como las supuestas irregularidades en la compra de material sanitario por parte de otras administraciones públicas; la presunta corrupción en Adif y Carreteras en la adjudicación de obras; o los pagos en efectivo del PSOE a Ábalos y García.
Y previsiblemente, este giro hacia la Audiencia Nacional habría supuesto un retraso en la investigación. Este tribunal especial lleva años dando la alarma sobre la sobrecarga de trabajo. De hecho, recientemente volvió a solicitar refuerzos: dos nuevos juzgados de instrucción y tres puestos más de juez en la sala penal. La saturación de sus túnicas lleva a largas investigaciones y eternas esperas de juicio. Por ejemplo esto Estuche para cinturón Fueron necesarios 16 años para ser juzgado caso 3%, en torno a la extinta Convergencia Democrática de Cataluña, todavía no se ha intentado. También es paradigmático el caso de José Manuel Villarejo, el comisario jubilado cuyos numerosos y variados tratos privados supuestamente ha destapado la Audiencia Nacional desde 2017 utilizando los medios policiales a su alcance. En estos más de ocho años, sólo unos pocos casos individuales han llegado a juicio, la mayoría aún se encuentran en fase de investigación y el imputado principal se encuentra en libertad con medidas cautelares una vez cumplido el plazo de prisión preventiva.
Otra razón por la que transferir todo el caso al tribunal nacional resulta atractivo para la defensa es que una sentencia del Tribunal Supremo no puede ser apelada porque proviene de la cúpula del poder judicial. Sus sentencias sólo pueden ser impugnadas mediante una acción extraordinaria de anulación -a menudo intentada y rara vez exitosa- y luego con protección legal ante el Tribunal Constitucional. El último punto es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Por otro lado, las sentencias firmadas por la Audiencia Nacional pueden ser impugnadas ante su Sala de Apelaciones, en casos de casación ante el Tribunal Supremo y en última instancia ante el Tribunal Constitucional y el TEDH.
