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Hace poco más de un año, la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen y la neofascista italiana Giorgia Meloni formalizaron una nueva alianza europea que rompía con las preocupaciones ideológicas del pasado. En una carta conjunta con un tono orwelliano, los primeros ministros y sus aliados criticaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por restringir su alcance para tratar con criminales extranjeros. Citando la necesidad de escuchar a la gente, preguntaron si las antiguas convenciones internacionales “están a la altura de los desafíos de nuestro tiempo” y afirmaron que “lo que era correcto un día puede no ser la respuesta mañana”. Desde entonces, la lista de cuestiones que “un día tuvieron razón” parece no tener fin y que hoy deberían arrojarse a la trituradora de la ley, como lo demuestra la reciente regulación europea que permite el establecimiento de centros de detención y castigo para solicitantes de asilo en terceros países.
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