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Revisión al alza de las previsiones de crecimiento, aumento del empleo: las cifras macroeconómicas confirman el buen momento de la economía española desde el punto de vista agregado. Sin embargo, las encuestas cualitativas pintan un panorama más complejo con matices relevantes para la política económica. Según la encuesta del Eurobarómetro del pasado otoño, casi la mitad de los europeos cree que su nivel de vida se ha deteriorado recientemente y que no hay señales de cambio en los próximos años. En el caso de España la proporción de opiniones pesimistas es ligeramente superior y en Francia es de casi dos de cada tres encuestados.
Las percepciones individuales pueden ser volátiles, pero también se basan en una realidad ineludible: el estallido de la inflación ha debilitado el poder adquisitivo de grandes sectores de la sociedad. En el bienio 2021-2022, marcado por el aumento del IPC, la remuneración media por asalariado cayó casi un 5,5% en términos reales, y la recuperación posterior fue incompleta. El salario medio hoy está prácticamente al mismo nivel que al comienzo de la crisis financiera (y sólo un 5% por encima del nivel de principios de siglo, siempre en términos reales). El consumo per cápita también ha caído drásticamente en comparación con la situación anterior a la pandemia, lo que refuerza la sensación de deterioro de las condiciones materiales.
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En los demás grandes países europeos, el descenso fue aún más pronunciado, lo que explica el malestar que se ha extendido en la opinión pública de todo el continente sobre la capacidad de los gobiernos -y de la propia Unión Europea- para mejorar la situación a diario.
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La pérdida de poder adquisitivo a consecuencia de la inflación no fue uniforme y afectó especialmente a sectores de la población por el peso de algunos de los componentes más inflacionarios como los alimentos, la electricidad o los alquileres. No debería sorprender que los grupos de bajos ingresos consideren la recuperación del poder adquisitivo de sus ingresos como su principal preocupación, según varios estudios de la Fundación de Dublín. Las personas con mayores ingresos, a su vez, prefieren otros temas, como la reducción de las horas de trabajo.
Ahora bien, el descenso del poder adquisitivo de los trabajadores que han mantenido su empleo en estos años contrasta con la mejora del millón y medio de personas que se han incorporado a un empleo (principalmente parados, jóvenes o inmigrantes). Eso significa que hay más trabajadores, pero cada uno de ellos tiende a ganar menos si se tiene en cuenta la inflación. Este hallazgo explica la aparente contradicción entre los resultados macroeconómicos respaldados por la expansión del mercado laboral y, por otro lado, el sentimiento individual de deterioro de los niveles de vida.
En general, la política económica enfrenta la tarea de mantener el dinamismo del mercado laboral y al mismo tiempo satisfacer las expectativas de mejores ingresos de un amplio espectro de la población, no sólo de los grupos más desfavorecidos. Hasta hace poco, el foco de atención ha estado en el empleo de los trabajadores de bajos ingresos, que son los más afectados por la globalización y un proceso de cambio tecnológico a expensas del trabajo poco calificado. Algunos países, como Alemania y el Reino Unido, han logrado tomar medidas efectivas en este sentido.
La situación actual, caracterizada por una pérdida casi generalizada de poder adquisitivo y un cambio tecnológico disruptivo para todo el mundo del trabajo, representa un desafío más profundo. El problema subyacente radica en la debilidad de la productividad, que a su vez refleja la insuficiencia de las medidas políticas. en un contexto global que ha cambiado radicalmente. De momento, ningún país europeo parece haber encontrado la fórmula mágica.
IPC y salarios
Según el indicador adelantado del INE, el IPC subió en junio un 3,4% interanual, valor coherente con la previsión de Funcas. Este dato eleva el incremento acumulado del índice desde que comenzó el brote inflacionario en el primer trimestre de 2021 hasta el 18,8%. Se estima que la remuneración media por asalariado -variable que surge de las cuentas nacionales e incluye salarios directos y otros costes laborales- aumentó un 14,4% en el mismo período, o 4,4 puntos menos que el IPC.
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