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El volumen de las demandas de financiación de los nacionalistas catalanes ha disminuido, pero el asunto está lejos de resolverse. Lo que queda pendiente es la condonación de parte de la deuda autonómica, una petición de ERC para apoyar la investidura de Pedro Sánchez y la cuestión de cómo afrontar el trato especial que ha reclamado Junts. Ambos citan el supuesto maltrato financiero de Cataluña para sustentar sus afirmaciones, volviendo al debate sobre los equilibrios presupuestarios y la necesidad de datos para calcularlos. De momento, el Ministerio de Hacienda ha publicado los primeros datos al respecto, una información que hacía años que no se difundía debido al enorme caos político que genera y que, según Carles Puigdemont, es necesaria para «abordar el debate al respecto». En este contexto, la patronal catalana Foment del Treball ha decidido contratar un grupo de expertos externos para que le asesoren en esta materia, aunque la posibilidad de llegar a un consenso es muy baja debido a las diferentes posiciones de Sus miembros. “Me temo que es muy complicado”, admite uno de ellos.
La cuestión no es baladí, porque no existe una manera uniforme de calcular el saldo de los saldos presupuestarios -es decir, la diferencia entre los beneficios que los ciudadanos de un territorio reciben de las acciones de la administración central y su contribución fiscal a los mismos- y sus resultados han sido utilizados como arma arrojadiza en el debate político. La Generalitat calcula que tiene un déficit presupuestario de más de 20.000 millones, cifra que otros expertos reducen a la mitad y catalogan por debajo de la aportación de Madrid. “Es normal que las zonas más ricas aporten más. Lógicamente pagan más impuestos, pero eso no les da derecho a mejores servicios, lo que también ocurre a nivel individual”, afirma Ángel de la Fuente, director gerente del Centro de Análisis de Fedea y uno de los expertos consultados por la catalana Asociación de Empresarios. “El problema no son los déficits de Cataluña o Madrid o los superávits de Andalucía o Extremadura, sino que municipios pobres como Valencia tienen déficit mientras que otros ricos como el País Vasco tienen superávit”.
La comisión de equilibrio presupuestario creada por Foment no es la primera que crea la patronal, lo que también permitió a otra dar a conocer una posible solución para la ampliación del aeropuerto de El Prat. En este caso, se trata de una cuestión clave para la Generalitat, que cada año intenta actualizar su cálculo con un modelo que conocen bien dos de los comisarios, Maite Vilalta y Guillem López Casasnovas, que participaron en su borrador. Así, con datos de 2020, Cataluña sufrió un déficit presupuestario de 21.982 millones, equivalente al 9,6% de su PIB. Los sucesivos gobiernos regionales han utilizado este cálculo como prueba de la infrafinanciación de la Comunidad Autónoma en términos de recursos que aportan al sistema, pero también como argumento contra el bajo nivel de inversión de la administración pública en Cataluña.
Foment del Treball busca una fórmula que permita una convergencia de posiciones entre los artífices de los dos cálculos diferentes, cuyas mayores diferencias son quizás López Casasnovas y De la Fuente. “Si no hay voluntad de consenso político, nada es posible, pero si hay voluntad queremos crear ese mínimo consenso académico sobre el modelo a tener en cuenta”, explica Jordi Alberich, presidente de la patronal catalana creado por la Comisión. La Cambra de Comerç de Barcelona, a través de su consejo asesor, está intentando buscar un enfoque diferente al tema, una muestra del interés que despierta un tema tan aparentemente teórico entre políticos, empresarios y académicos de Cataluña. De hecho, una ley de 2022 exige que el gobierno catalán calcule sus saldos presupuestarios cada año utilizando los últimos datos disponibles antes de aprobar sus planes presupuestarios.
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El trabajo de la organización empresarial apenas se resume en un documento que puedan firmar los cinco especialistas designados para la comisión, que asesoran a otro comité interno de Foment que analiza el asunto. Además de López Casasnovas, De la Fuente y Vilalta, en el grupo externo también están Santiago Lago Peñas, catedrático de la Universidad de Vigo, y Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Hasta el momento sólo ha habido una reunión en Barcelona y se decidió programar otra reunión, esta vez en Madrid, tras las elecciones autonómicas que se acaban de celebrar en Cataluña.
Foment tampoco pretende que su documento sea firmado por todos los expertos, pero espera que sirva para defender una opción para su organización e intentar sumarse a otras entidades en un contexto en el que se está produciendo una reforma autonómica para presionar a los destacados sistema de financiación que se necesita con urgencia desde hace una década. «Trabajamos para encontrar un modelo estable y consistente y alejarnos de lecturas simplistas e interesadas», dice Alberich. En definitiva, no quieren hacer cálculos, sino formarse una opinión informada y establecer los criterios para poder llevarla a cabo.
Datos incompletos
Como los trabajos no han comenzado, parece haber un consenso general: la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda que controla María José Montero, no ha facilitado todos los datos necesarios para los cálculos, independientemente del método utilizado. De hecho, la información proporcionada por el Ministerio de Hacienda sigue siendo incompleta e insuficiente para calcular el saldo de Libra, pero el ministerio explica que todavía no hay una fecha fija para publicar los datos que faltan.
¿Es posible el entendimiento que busca Foment? “De momento diría que no, las posiciones en la primera reunión estaban muy alejadas”, afirma López Casasnovas, que defiende que el modelo utilizado por la Generalitat es el de mayor tradición en Cataluña –“aquí ha habido tradición” desde entonces “Segunda República”, defiende –y la más adecuada, aunque faltan datos para afinarla. El modelo utilizado por los técnicos del Departamento de Economía y Hacienda de Cataluña se centra en los efectos directos que surgen de la actividad de un determinado sector público en un área: por un lado, se codifican los ingresos y gastos de la seguridad social; y de otro lado, los de la administración central del Estado, autoridades administrativas y empresas públicas como Adif y Renfe.
En términos generales, existen dos enfoques para calcular el saldo presupuestario. El enfoque carga-beneficio, que intenta determinar quién se beneficia de la actividad del sector público y quién soporta realmente sus costos, y el enfoque del flujo de caja, que tiene en cuenta adónde va “físicamente” el pago. “Las diferencias pueden ser importantes. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el gasto de los ministerios que, aunque concentrados en Madrid, trabajan para todos los españoles? Hay quien sostiene que hay que concienciar a Madrid de todo esto, pero a otros les parece un disparate”, explica De la Fuente. “Cataluña inicialmente realiza el cálculo por ambos métodos, pero luego se ciñe al segundo a la hora de presentar las reclamaciones. Además, aquí suele producirse un extraño salto al vacío: si exigimos que desaparezcan los déficits presupuestarios y que cada región mantenga sus propios impuestos, estamos cerrando la puerta a cualquier tipo de redistribución territorial. A nadie se le ocurriría preguntar esto a nivel individual”, afirma.
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