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La fiscalía anticorrupción y acusaciones populares han pedido al juez que envíe a prisión sin derecho a fianza a José Luis Ábalos y Koldo García, reconociendo el riesgo de fuga, según informan fuentes judiciales. Ahora el juez Leopoldo Puente tiene que tomar la decisión. En anteriores ocasiones, el entrenador ha adoptado los criterios anticorrupción, que nunca antes le habían obligado a encarcelar al exministro del PSOE y actual diputado del Grupo Mixto, así como a su asesor.
Puente, instructor del juicio por presunta falsificación de contratos en el transporte del Ministerio de Transportes durante la era Ábalos, ha rechazado hasta el momento las peticiones de los imputados populares (agrupados bajo el liderazgo del PP) de enviar a prisión preventiva al exministro y a su exasistente. Sin embargo, la última vez que negó esta posibilidad fue el pasado mes de octubre, advirtiendo de que el riesgo de fuga «aumentaba» a medida que se acercaba la fecha del juicio. La audiencia oral ya concluyó cuando, el 3 de noviembre, Puente propuso llevar al banquillo a Ábalos, Koldo García y al comisario Víctor de Aldama por la presunta conspiración corrupta centrada en la compra y venta de mascarillas durante la pandemia de Covid-19.
Esta medida del juez ha llevado a Anticorrupción y Acusaciones Populares a presentar la semana pasada sus escritos de acusación en los que exigen altísimas penas de prisión para Ábalos (24 años para la acusación y 30 para las acusaciones) y García (19,5 y 30 años, respectivamente). Y en esos escritos, ambos han pedido al juez la celebración de una audiencia para revisar las cautelas. La exigencia de largas penas de prisión es uno de los criterios que se suele utilizar para evaluar el riesgo de fuga, uno de los peligros que la ley puede evitar con la prisión preventiva.
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Fuentes judiciales indican que Ábalos habló durante la audiencia de este jueves para decir que no huiría porque no tenía ni dinero ni dónde ir. Su abogado, por su parte, argumentó que la prisión preventiva era una violación del derecho de los parlamentarios a la representación política. Koldo, que llegó al Tribunal Supremo con una gran mochila, también aseguró al juez que no escapará.
Anticorrupción acusa a Ábalos y Koldo García de cinco delitos: asociación para delinquir, cohecho, uso de información confidencial, tráfico de influencias y malversación. Además de las penas de prisión, el ministerio exige una multa de más de 3,9 millones de euros para ellos y una indemnización subsidiaria de 34.477,86 euros entre Ábalos y García para Ineco y 9.500,54 euros para Tragsatec, las dos empresas públicas donde supuestamente vinculaba la trama a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos. Para Aldama, el ministerio sólo pide siete años de prisión con la atenuante de la confesión porque se autoincriminó en el caso y aportó documentos que, según Luzón, aportan «información relevante» para la investigación.
Hasta el momento, Santos Cerdán era el único participante preso en la conspiración corrupta cuyo epicentro era el transporte. El juez lo envió a prisión sin posibilidad de libertad bajo fianza el 30 de junio y permaneció encarcelado hasta el 19 de noviembre. En su caso, el instructor justificó esta acción no por el riesgo de fuga, sino por la destrucción de pruebas por su papel de tener “cierta supremacía” dentro de la conspiración. Cerdán quedó en libertad después de que la Guardia Civil allanara las sedes de Acciona en Bilbao y Madrid y otras empresas vinculadas a la trama, incautándose de dispositivos electrónicos y documentos.
