El Ministerio Público apoya el indulto a Álvaro García Ortiz al considerar que la sentencia, que lo condenó a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, conllevaba «consecuencias no penales graves y desproporcionadas». Así lo afirma la fiscal adjunta del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, en un informe a la Sala de lo Penal al que tuvo acceso EL PAÍS. Sánchez Conde pide un indulto parcial que eximiría a García Ortiz de cumplir la pena por inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General.
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