Si hay un debate central que caracteriza la campaña electoral andaluza del 17-M es el de la “privatización”. La izquierda acusa al Gobierno del popular Juan Manuel Moreno Bonilla de degradar deliberadamente servicios públicos como la educación y la sanidad para favorecer actividades privadas en estos ámbitos. No se trata de una privatización en sentido estricto, entendida como transferencia de propiedad de una entidad pública, como fue el caso de Argentaria a finales del siglo pasado, sino de la creciente importancia de entidades con fines de lucro que, bajo convenio (en el caso de la salud) o como empresa (universidades privadas o formación profesional), prestan servicios predominante o casi exclusivamente reservados al sector público. El PP rechaza que así sea en Andalucía.
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