El año que viene habrá una fecha que marcará el futuro del polémico juez Juan Carlos Peinado y de todos los implicados en la causa abierta contra Begoña Gómez: es el domingo 27 de septiembre de 2026. Ese día el juez cumplirá 72 años y, por ley, deberá colgar la toga. Ya no podrá presidir el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, desde donde impulsa una dudosa investigación contra la esposa de Pedro Sánchez. La pregunta que pesa sobre el caso es si Peinado habrá decidido para entonces (o incluso antes) que tiene pruebas suficientes para intentar llevar a la esposa del gobernador al banquillo. De momento está a la espera de varios informes según los cuales ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil prepararse para reforzar la investigación corregida por todas las autoridades superiores.
Peinado activó los cargos contra Begoña Gómez el 16 de abril de 2024, cuando admitió manejar una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias por dos delitos (corrupción empresarial y tráfico de influencias). A partir de ese momento llevó a cabo una extensa investigación, que sumó tres delitos más (malversación, intromisión profesional y malversación de fondos) que aún quiere descartar. Durante este tiempo, el juez ha impuesto multas a abogados que fueron eliminados por autoridades superiores; Se vio obligado a absolver a presuntos sospechosos sobre los que no había pruebas; y participó en escenas estrepitosas al tomar declaraciones nada menos que al presidente del Gobierno y actual ministro de Justicia, Félix Bolaños.
En octubre de este año, cuando Peinado ya llevaba año y medio involucrado en el caso -y su intento de escalarlo a La Moncloa pidiendo al Tribunal Supremo que procesara a Félix Bolaños, el responsable de presidencia, justicia y relaciones con la cartera de Cortes- había fracasado, acordó una prórroga por otros seis meses y hasta abril de 2026. De hecho, en noviembre de este año, Peinado ordenó a la UCO que elaborara un nuevo informe sobre los correos electrónicos que Begoña Gómez recibió y envió desde su cuenta. correo electrónico de La Moncloa durante los últimos siete años, desde la llegada de Sánchez al gobierno en julio de 2018 hasta septiembre de 2025, que ha quedado en el limbo tras una orden judicial de Madrid para corregirlo. Y hace apenas unos días, en diciembre de este año, preguntó a la Guardia Civil si había “hechos nuevos” que permitieran investigar el rescate de Air Europa.
Esta segunda iniciativa vuelve a poner al juez en el ojo de la tormenta por dos motivos: porque la Audiencia Provincial de Madrid ya le ha pedido en tres ocasiones que frene esta investigación para salvar a la aerolínea en 2020 porque se basa en meras «conjeturas»; Y porque para superar este obstáculo, el juez se apoya ahora en la denuncia de un abogado cuyas conspiraciones ya han sido detenidas por el Tribunal Supremo, que afirma en una carta que la esposa del presidente «supuestamente» tiene cuentas bancarias en República Dominicana. Lo mismo dijo este abogado sobre varios miembros del Ejecutivo en un recurso anterior que el Tribunal Supremo rechazó por falta de “cualquier prueba mínimamente fundamentada”.
Este nuevo episodio sobre Air Europa es el último de una controvertida investigación judicial que está generando críticas por parte de la defensa, fiscales y expertos jurídicos. La relación con el Ministerio Público, por ejemplo, fue tensa desde el principio. En una postura poco común entre juez y fiscal, que normalmente actúan con cierto grado de fidelidad procesal, Peinado dictó una carta en los primeros días del juicio criticando al fiscal. Calificó de “completamente inusual” que el Ministerio Público presentara un recurso de apelación “casi automáticamente” e insistió en el “conocimiento inmediato del contenido de las decisiones”. Y como si esta exteriorización de los entresijos del tribunal no fuera suficiente, ordenó a su abogado que elaborara una lista de “la frecuencia” con la que el fiscal visitaba la agencia de investigación.
Una de las acusaciones más comunes que hace el Ministerio Público contra Peinado es la falta de argumentos para las resoluciones que adoptó. Esto ha llevado, entre otras cosas, a que la Audiencia de Madrid anule los registros en el domicilio y empresas del empresario Juan Carlos Barrabés, que también estaba investigado por sospecha de injerencia en la adjudicación de una serie de contratos, porque el juez los había incentivado «sin dar motivos», con indicaciones «generales» e «inexas» y sin información que sustentara dicha intromisión. «No se puede conocer la verdad real a cualquier precio», le dijo el tribunal superior.
Dos visitas a La Moncloa
En julio de 2024 se convirtió en el primer juez que viajó a La Moncloa para interrogar a un presidente del Gobierno (que en este caso ejerció su derecho a no declarar en un juicio en curso contra su socio). En abril de 2025 regresó al complejo para hacer lo propio con Félix Bolaños. Esta segunda vez llegó a La Moncloa en un coche oficial que el ministerio había enviado a recogerle porque el juez se había quejado de que los servicios de seguridad le habían hecho esperar en la entrada «más de lo necesario» durante su primer interrogatorio a Sánchez. Cuando la policía lo detuvo por la mañana, Peinado escribió otra carta en la que se quejaba de que los agentes de la delegación le parecían demasiado numerosos: «No tiene sentido que dicho vehículo esté ocupado por una tercera persona cuya finalidad en dicho vehículo no se comprende».
Al llegar al complejo de gobierno, antes de recibir la declaración de Bolaños, pidió a los funcionarios que le llevaran una tarima para poder estar en un nivel superior al ministro. “No sé por qué estás sonriendo”, le dijo el hombre durante un tenso interrogatorio en el que Bolaños tuvo que salir durante más de media hora a conseguir por teléfono una información que le había pedido el juez. “Me sorprende mucho su interrogatorio”, afirmó el político.
Tras esta declaración intentó culparlo. Las maniobras del instructor fueron constantes para convertir a quienes pasaban por su tribunal de testigos en demandados, aunque la jurisprudencia es clara sobre los límites de esta práctica, que cercena el derecho de quienes son los primeros en ser sometidos a una investigación con la obligación de decir la verdad y sin abogado. Así ocurrió, por ejemplo, con Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y con Juan José Güemes, alto funcionario del Instituto de Empresa (IE) y asesor regional durante el gobierno madrileño de Esperanza Aguirre. El tribunal regional forzó el despido de ambos. También le dio instrucciones recientemente para presentar una demanda contra Francisco Martín Aguirre, delegado ejecutivo de la Comunidad de Madrid. El tribunal dijo que lo atacó sin “un mínimo de apoyo circunstancial”.
En ocasiones no era necesaria la intervención del organismo superior y él mismo daba marcha atrás. Esto es lo que le pasó a la actual Secretaria General de la Presidencia, Judit Alexandra González, a quien llamó a declarar un domingo. Estuvo apenas 15 minutos ante el juez, quien, sabiendo que eso no tenía nada que ver con los hechos, anunció a gritos su sobreseimiento. “Queda plenamente establecido que el investigado no estuvo involucrado en el delito de malversación de caudales públicos”, argumentó después en una resolución en la que dedicó apenas un párrafo a explicar su enmienda.
Las batallas de los jueces continuaron aún más. Peinado abrió un artículo aparte para castigar a varios abogados que habían informado a los periodistas (en una nube de micrófonos a la salida del tribunal) de que se investigaba la primera declaración de Begoña Gómez. Sin embargo, el juez consideró que debería castigar menos (500 euros) a los abogados de Vox y Hazte Oír -que actúan como fiscales populares-; que al abogado de la esposa del presidente, Antonio Camacho, al que impuso una multa de 5.000 euros y al que formuló numerosas acusaciones durante el desarrollo del procedimiento como «desacato», «indiferencia», «desinterés total» o «argumentos huérfanos». El Tribunal Supremo de Madrid anuló todas estas multas por falta de justificación: no había explicado qué declaraciones “concretas” afectaban a la confidencialidad del proceso, ni cómo afectaban a ella.
Todo ello, además, se produjo en el marco de investigaciones en las que hubo constantes filtraciones y en las que él mismo puso a disposición de las partes el vídeo del testimonio (o no testimonial) de Pedro Sánchez, que finalmente fue publicado en los medios de comunicación. El tribunal también consideró innecesario proporcionar este registro.
Después de que ya se haya escuchado a casi medio centenar de testigos en este caso, varias voces jurídicas coinciden en que la investigación no parece conducir a mucho más. Peinado, que denunció al ministro Óscar López y al presidente socialista del Congreso, Patxi López, por llamarlo excursionista, pasa sus últimos meses en su despacho de la madrileña Plaza de Castilla. La cuenta atrás ha comenzado. En sus manos están las decisiones finales de este caso, por el que sin duda será recordado como juez.
