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El juez del Juzgado de Instrucción nº 5 de Estepona ve «indicios suficientes» para condenar al alcalde de la ciudad, José María García Urbano (PP), por malversación de fondos públicos al contratar a una persona íntima «sin tener que realizar ninguna actividad». Considera que la actitud fue “una mera ficción jurídica” y por ello ha decidido continuar el caso investigando al concejal y a la propia mujer como colaboradora necesaria. Fuentes del Ayuntamiento defienden la inocencia de García Urbano y han asegurado que es necesaria la ampliación de la investigación para «defenderse» de una «falsa acusación». El 27 de noviembre, la defensa del consistorio solicitó el sobreseimiento del caso, aunque todo indica que llegará a los tribunales.
El auto judicial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, recuerda que de las diligencias realizadas hasta el momento se desprende “indicativamente” que García Urbano, alcalde de Estepona desde 2011, aprovechó su cargo para contratar a un allegado como funcionario interino con cargo de asesor en el área de control externo del Ayuntamiento de Estepona, con el fin de realizar labores especiales de asesoramiento y confianza. Lo hizo por decreto de alcaldía el 13 de febrero de 2023, aunque dejó el cargo el 31 de marzo de 2023. Durante este tiempo cobró 5.276,92 euros «sin que se pudiera acreditar que realizó actividad alguna relacionada con este nombramiento», según el juez, que considera que estos hechos «podrían constituir un delito de malversación de caudales públicos» imputable a las dos personas investigadas. El primero como autor directo; el segundo como empleado esencial.
La investigación también reveló que el ayuntamiento mantenía una «relación íntima y amistosa» con la investigada y que algunas conversaciones de WhatsApp muestran cómo García Urbano le pagó hasta 21.000 euros de su propio dinero en transferencias mensuales entre enero de 2022 y 2023, ingresos con los que pagaba el alquiler y sus propios gastos. Un mes después de perder esos ingresos, acaba de ser contratada como consultora del Ayuntamiento de Estepona sin tener “oficina ni lugar autorizado” para su trabajo, según consta en el auto, del que se desprende que no existen registros de control horario ni otros documentos. La mujer afirmó en sus declaraciones que solo vino a firmar su contrato. El concejal del distrito donde fue contratada, Blas Ruzafa, aseguró que este tipo de cargos son elegidos directamente por el alcalde y que no hay control sobre su desempeño.
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Un informe del ayuntamiento destaca que a la mujer se le encomendó específicamente “recopilar información sobre el estado de la limpieza viaria, la iluminación, el paisajismo y el mobiliario urbano”. Se trata de tareas que, tal y como consta en el escrito judicial, se pueden realizar «a simple vista» y, aunque la mujer vivió en Córdoba durante la duración de su contrato, «difícilmente pudo realizar este trabajo». García Urbano luego dijo que su trabajo en realidad era “estar atento a las redes sociales, analizar lo que se dice en la comunidad y las inquietudes que tienen los ciudadanos”. El juez reconoce la evidente contradicción entre uno y otro y afirma que aún no ha podido comprobar “la verdadera misión” de la mujer. Finalmente, tenga en cuenta que existe “evidencia razonable” de que recibió su salario sin hacer nada. Por ello, cree que ambos podrían ser responsables de un delito de malversación de caudales públicos y que la investigación debe continuar durante al menos seis meses.
“Campaña política injusta”
Fuentes del Ayuntamiento de Estepona insisten en que la acusación es falsa y que “no existe delito ni irregularidad en los contratos ejecutados por el Ayuntamiento de Estepona desde que José María García Urbano llegó a ser alcalde”. De hecho, hace apenas unos días, el 27 de noviembre, la defensa del ayuntamiento pidió el sobreseimiento del caso (mientras la Fiscalía y la acusación particular pidieron que se continuara). Lo hizo en una comparecencia en la que también presentó un documento que acredita que se transfirieron al tesoro municipal 5.276,92 euros del bolsillo del alcalde, la misma cantidad que había cobrado el acusado.
Lo hizo, explicaron en su momento, con el fin de “dar mayores garantías al proceso y demostrar que no hay irregularidades ni se causa ningún daño al ayuntamiento”. “En ningún caso la asignación de estos fondos supone una admisión de culpabilidad por parte del alcalde, como ha afirmado falsa y maliciosamente la oposición, sino todo lo contrario”, subrayan las mismas fuentes. “Se trata, como ya ha quedado demostrado, de una campaña política y mediática ilegítima e injusta cuyo único objetivo, como ha confirmado el tribunal, es dañar la dignidad y la carrera política del alcalde de Estepona y destituirle del ayuntamiento y de su compromiso con esta ciudad”.
El pasado mes de enero, el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona archivó el otro caso llevado a los tribunales por García Urbano, una denuncia por acoso y coacción sexual contra un funcionario municipal y su pareja.
