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Una de las universidades más antiguas del mundo, Salamanca, vive una situación insólita. El 11 de junio, la Comisión de Ética de la Investigación de España instó a la institución a «ejercer sus facultades de control y sanción» ante «las supuestas malas prácticas» de su propio rector, Juan Manuel Corchado. Más de 150 profesores han firmado un comunicado pidiendo a su rector que no abra una investigación contra ellos mismos para «preservar la reputación de la Universidad de Salamanca y eliminar cualquier sospecha de malas prácticas o negligencia por parte de la institución». el texto al que tuvo acceso EL PAÍS.
Corchado, profesor de informática e inteligencia artificial, se jactaba de ser uno de los 250 científicos más citados del mundo en su campo gracias a un currículum inflado con miles de autocitas, decenas de perfiles falsos e instrucciones escritas a sus empleados para que Lo quería cotizado 20 veces para cada trabajo. Los 151 firmantes -134 profesores en activo y 17 jubilados- consideran «la creación de una comisión de expertos independientes ajenos a la Universidad de Salamanca» para verificar los hechos.
“Dado que la investigación interna debe ser iniciada y supervisada por el Rector y dado el claro conflicto de intereses que implica, instamos a la Universidad de Salamanca a tomar las medidas oportunas para que la Junta de Castilla y León actúe como administración responsable de la universidad sistema de la Comunidad Autónoma […], abrir urgentemente un proceso de revisión con las debidas garantías legales de transparencia e imparcialidad”, continúa el comunicado. La presidenta del Comité de Ética en Investigación de la Universidad de Salamanca es Bertha Gutiérrez, quien apoyó a Corchado y es una de sus vicerrectoras.
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Los firmantes de la declaración pusieron una propuesta sobre la mesa. “Como estos hechos pueden afectar a la reputación de la universidad española y del sistema científico, recomendamos que se ponga en contacto con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para proponer expertos independientes ajenos a la Universidad de Salamanca para la comisión investigadora”, señalan allí afuera. La comunidad científica ve con asombro la situación en el Rectorado de Salamanca, como explica Alfonso Valencia, director del Departamento de Ciencias de la Vida del Centro Nacional de Computación de Alto Rendimiento de Barcelona. “Este es un caso extremadamente grave que socava la imagen del país. estoy en uno encontrarse en Bruselas con científicos de todo el mundo. ¿Cómo les explico que esto está pasando ante nuestros ojos y nadie lo detiene?», se pregunta Valencia.
También se muestra indignado el biólogo José Aguilar Rodríguez de la Universidad de Stanford (EE.UU.). «Me parece increíble que Corchado siga ocupando cargos de gran poder académico y científico, dada la magnitud de sus prácticas fraudulentas, que están bien documentadas y han alcanzado proporciones casi ridículas. Sin la gravedad del asunto, todo lo que sería». “Era incluso extraño”, afirma el científico.
“Estamos hablando de alguien que no debería enseñar ni asesorar a futuros investigadores. ¿Cómo puede alguien que ha traicionado tan descaradamente los ideales científicos formar a futuras generaciones de investigadores? Estoy muy preocupado por el daño que ya ha causado y podría causar a los investigadores jóvenes. “Es una situación muy triste”, lamenta Aguilar Rodríguez.
Se trata de un caso gravísimo que perjudica la imagen del país.
Alfonso Valencia, Centro Nacional de Supercomputación
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, apoyó a Corchado en su ceremonia de entronización el 31 de mayo. “Es un honor para mí participar en esta ceremonia de inauguración. Felicitaciones, director. Enhorabuena querido Juan Manuel”, dijo después Fernández Mañueco. Los presentes aplaudieron durante un minuto a Corchado, aunque sus mañas ya eran conocidas. EL PAÍS publicó pruebas de sus malas prácticas los días 15 de marzo, 26 de abril y 30 de mayo. Dos años antes, la organización estadounidense Retraction Watch, especializada en fraude científico, documentó miles de autocitas de Corchado y la existencia de extraños perfiles de científicos que lo citaban compulsivamente. Sin embargo, el profesor ganó la elección de rector el 7 de mayo con 474 votos afirmativos entre los profesores permanentes (titulares y titulares), 401 votos vacíos y otros 48 votos nulos. Era el único candidato.
La editorial Springer Nature también ha abierto una investigación contra Juan Manuel Corchado después de que en EL PAÍS se publicaran mensajes internos que demostraban que el profesor organizaba un cartel de citas: un grupo de investigadores que se unían para proseguir sus estudios aunque no fueran relevantes. Sus errores son fáciles de verificar: hay muchos artículos en actas de congresos publicados en Springer Nature en los que más del 90% de las referencias son citas irrelevantes a Corchado. Con la ayuda de este prestigio artificial, el profesor ha realizado proyectos por valor de varios millones de euros para su grupo en la universidad o para su institución privada, el Instituto AIR.
El 14 de junio, la mayor institución pública que financia la ciencia en España, la agencia estatal de investigación, dejó de trabajar con el catedrático salmantino, que anteriormente había trabajado como experto e influía en la distribución del dinero, como medida de precaución. Público de la institución, que gestiona un presupuesto anual de 1.420 millones de euros.
El nuevo comunicado pide que el caso de Corchado no impacte al resto de la institución. “Los profesores que suscriben este manifiesto consideran que la sospecha de las prácticas científicas antes mencionadas no debe extenderse a toda la institución con el prestigio e historia de la Universidad de Salamanca, ni debe ser ignorada por miembros de la comunidad universitaria. .”, subrayan. Entre los firmantes se encuentran 41 profesores en activo, entre ellos Juan Santos Vara en Derecho Internacional y José María Díaz Mínguez en Genética; y profesores como Ana Cuevas de Filosofía; José Manuel Bustos, traducción; y Nuria del Álamo de obra social. La lista completa de firmantes, a la que ha tenido acceso este diario, no es pública porque muchos temen represalias. Las más de 150 firmas se recogieron en tan sólo un día.
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