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Josep Sánchez Llibre sabe que es una criatura política, y Antoni Cañete se define desde hace años como un activista económico. Dos perfiles proactivos para gestionar las dos grandes patronales catalanas, Foment del Treball y Pimec. Desde fuera, ambos mantienen una relación más o menos amistosa: comparten eventos y mesas de trabajo con administraciones y sindicatos e incluso acordaron, antes de las últimas elecciones, compartir a partes iguales los escaños de la Cámara de Comercio de Barcelona. Todo parece normal. Sin embargo, detrás de escena se desarrolla una especie de guerra fría. Actúan como si no lo fueran, pero no pierden el paso con el oponente. Son conscientes de que, desde el punto de vista político, corren el riesgo de tener una representación empresarial en Cataluña que vaya más allá del peso oficial que les da la Generalitat en las instituciones públicas, que les otorga igualdad de derechos.
Un buen ejemplo de esta lucha que libran tendrá lugar este mes en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de Cataluña, donde los jueces tendrán que decidir en qué proporción cada organización empresarial se reunirá con los sindicatos para negociar un acuerdo aparentemente menor. el de las instalaciones deportivas. El conflicto viene de lejos y la disputa legal se explica porque Pimec rechaza a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya y está llevando las discusiones desde la patronal con más representantes en la mesa. El presidente de la UFEC es Gerard Esteva, uno de los perfiles a los que Sánchez Llibre (que se acerca a su último mandato) ofrece más espacio público dentro de la organización.
Aunque supuestamente se trata de una guerra clandestina, los sindicatos afirman que está dificultando el diálogo social. «Está mal que un sindicalista diga esto, pero a veces nos vendría bien una pequeña acción unificada de los empresarios para saber hacia dónde vamos», dice el líder de uno de los dos principales sindicatos catalanes. No se trata de una opinión individual porque, entre otras cosas, no se aplica al acuerdo que afecta a gimnasios y piscinas públicas. Ya en junio, los centros acusaron las desavenencias entre ambas patronales, y Foment en particular, de haber echado por tierra todo el trabajo realizado anteriormente para implementar el Pacto Interprofesional de Cataluña, el instrumento que establece los criterios generales de las negociaciones.

Aunque los desacuerdos son más evidentes en la negociación de convenios colectivos, hay otros puntos en los que ambas organizaciones expresan de forma más discreta su rivalidad. Esto ocurrió durante el debate sobre el aeropuerto, cuando Pimec presentó sus propuestas, desmarcándose de la comisión creada por Foment para elaborar un documento de propuestas. Y esta distancia entre ambas instituciones se hizo aún más evidente cuando la Patronal de la Pequeña Empresa, junto con el Círculo de Economía, pidió la creación del G-8, un grupo de entidades catalanas relevantes en las que Foment no está representada para tener una participación más o menos reunión trimestral para debatir sobre la evolución de la economía catalana. La gran patronal catalana mantiene contactos con todas estas entidades -muchas de las cuales formaron parte de los grupos de trabajo de El Prat-, pero no con este foro, del que también forman parte el Colegio de Economistas de Cataluña, el RACC, Barcelona Global, FemCat, Cambra y la feria. Se espera que su reunión tenga lugar este lunes, pocos días después de que Pedro Sánchez consiguiera el apoyo de los grupos independentistas al negociar una ley de amnistía.
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La rivalidad se traslada a Madrid
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Foment lleva meses preparando la apertura de su sede en Madrid, a través de la Sociedad de Estudios Económicos y Sociales de Barcelona, donde pretende convertirse en el centro de un debate interautonómico; Pimec anunció hace unas semanas la contratación del exdiputado Ferran Bel (PDeCAT) como delegado en la capital española. Anteriormente, la organización liderada por Cañete dio un paso más al ser el principal dinamizador de Conpymes, una patronal de pymes de ámbito nacional completamente enfrentada con Cepyme y, por extensión, con CEOE.
Conpymes presentó en 2022 un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional (similar a la demanda interpuesta en Cataluña que finalmente le dio la paridad a Pimec), alegando que el Ministerio de Trabajo lo había rechazado hasta el momento. Por su parte, Sánchez Llibre anunció hace unas semanas la creación de un Consejo Territorial de la Pyme, que deja en manos de su territorio vallesano de Cecot y que, a su vez, reabre la batalla por la representatividad de las pymes. Esta medida, pese a las negativas de Foment, supone reabrir la lucha para este segmento de empresas después de que la gran patronal acordara la escisión de Fepime tras un acuerdo sobre el reparto de la representación oficial de la patronal en 2019.
Aunque este pacto debía incluir una pacificación de las relaciones entre empresarios, el conflicto sigue latente. Ya no se trata sólo de los asientos que ocupa cada organización en los foros de diálogo público, sino de hegemonía.
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