La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado que antes de 2029 las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz (Endesa, Iberdrola y Naturgy) pagarán un 50% menos de los impuestos correspondientes a la ecotasa autonómica que pagan actualmente. La medida responde a una demanda de Vox, en la que se apoya el PP para la ejecución de sus presupuestos.
En 2025, Almaraz pagará más de 80 millones de euros en ecotasa al Gobierno regional, una cantidad que irá disminuyendo cada año. El impacto estimado con la cifra actual sería de 15.400.000 euros en 2027, 27.125.000 euros en 2028 y 45.200.000 euros en 2029, explicó el ejecutivo a EL PAÍS. El objetivo de reducir la contribución a la mitad se alcanzará en 2029.
El objetivo, según explica Guardiola, es garantizar la continuidad operativa de la planta más allá de las fechas inicialmente previstas para su cierre. El anuncio se hizo durante el Foro Nuclear organizado por OKDiariodonde el presidente del Ejecutivo extremeño explicó que esta medida supondrá una importante desgravación fiscal para las empresas propietarias de la planta. «Queremos que Almaraz pueda seguir trabajando. Y esta bajada de impuestos es un paso en esa dirección», ha afirmado Guardiola, que ha defendido que el mantenimiento de la central es «clave» para el futuro económico de la región.
Vox ha insistido en pedir esta rebaja de impuestos antes de que se negocien los presupuestos autonómicos para 2026. El pasado mes de septiembre, la formación se ofreció a dialogar con sus antiguos socios de Gobierno y mostró su «mano tendida» a la junta, pero marcó claramente sus líneas rojas: la inmigración, el gasto innecesario y la ecotasa para la central nuclear de Almaraz. De hecho, el anuncio del recorte se produce apenas un día después de que se aprobara en la Asamblea de Extremadura la ley “Concordia”, que pone fin a la ley de memoria histórica y democrática, la nueva normativa en la que ni siquiera se menciona al franquismo, otra de las exigencias de Vox.
Guardiola ha insistido en que esta reducción de la ecotasa es una decisión necesaria pero por sí sola «insuficiente» y ha aprovechado para lanzar un mensaje al Gobierno de Pedro Sánchez, donde ha pedido que el Ejecutivo central actúe en la misma dirección y mitigue a nivel estatal la fiscalidad que grava la energía nuclear. «Si damos el paso, Moncloa no puede seguir mirando para otro lado. Exigimos que se deje de lado el sectarismo y que actuemos con responsabilidad en materia energética», ha explicado.
La presidenta extremeña ha dejado claro que su Gobierno defiende la continuidad no sólo de Almaraz, sino de «todas» las centrales nucleares del país, destacando su papel como fuente estable de energía que no emite CO₂ y, además, como motor económico de muchas zonas rurales.
Desde la oposición, el PSOE de Extremadura se opuso firmemente a la medida, argumentando que suponía una transferencia de recursos públicos a las grandes eléctricas en detrimento del bienestar de los ciudadanos. “Por cada euro quitado a las empresas eléctricas, se roba sanidad, educación y bienestar a los extremeños”, afirmó el secretario general de los socialistas de la región, Miguel Ángel Gallardo. El PSOE coincide con el PP en que se debe evitar el cierre de la planta, cuyo inicio está previsto en noviembre de 2027.
El líder de la oposición recordó que la ecotasa figura como fuente de ingresos en el proyecto de presupuestos generales de Extremadura para 2026, remitido recientemente al PSOE por la propia junta. «Estamos sorprendidos por este anuncio porque la tasa ecológica figura en el presupuesto de ingresos. Si ahora se suprime o se reduce, que la señora Guardiola nos diga qué servicios públicos quiere recortar», añadió.
Ante la oposición socialista, la Plataforma Cívica “Sí a Almaraz, Sí al Futuro” celebró el anuncio de Guardiola. En un comunicado, el presidente y alcalde de Belvís de Monroy (Cáceres), Fernando Sánchez, calificó la decisión de «una gran noticia» porque podría suponer una contribución crucial al mantenimiento de la central. «Ahora la pelota está en el tejado del Ministerio de Transición Ecológica. Le pedimos que inicie negociaciones serias con las empresas propietarias, que ya han manifestado su voluntad de seguir explotando Almaraz», ha subrayado.
La plataforma también pidió un cambio en la decisión ministerial que exige el cierre gradual de la planta. «Esta base hay que incrementarla lo más rápido posible. Son 4.000 empleos directos e indirectos los que dependen de esta instalación. No podemos permitirnos perder la primera industria de Extremadura», concluyó Sánchez.
Y en lo que respecta a las centrales nucleares, el Gobierno vetó en el Congreso la tramitación de un proyecto de ley impulsado por Vox y apoyado por el PP que proponía reducir el tipo impositivo de Enresa, el impuesto estatal que pagan las eléctricas por la eliminación de residuos nucleares.
El ejecutivo ha ejercido su poder de veto previsto en el artículo 134 de la Constitución, que le permite frenar iniciativas legislativas que reducen los ingresos presupuestarios. Según el gobierno, esta reforma fiscal tendría un impacto directo en los ingresos del gobierno.
