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La Autoridad Catalana del Agua (ACA) ha decidido este martes extender la situación excepcional de sequía a otros 217 municipios, lo que conlleva restricciones. El número de poblaciones afectadas alcanza ya las 495, más de la mitad de la población de Cataluña (947). Con la medida, estas poblaciones ya no podrán utilizar el agua para el riego de jardines y el lavado de coches, y el consumo de agua se limitará a 230 litros por día/habitante, incluidas las actividades económicas y comerciales. La decisión coincidió con el debate parlamentario de un proyecto de ley de Junts sobre la sequía, que culminará este jueves. Junts y PSC acusaron al Gobierno de inacción en un duro debate, pero han puesto en marcha el ERC, un nuevo sistema penal para los ayuntamientos que incumplan las directrices de la ACA sobre el uso del agua.
El trato no está cerrado, pero sí supone un balón de oxígeno para el Gobierno en minoría de Pere Aragonès, ahora acorralado por el fiasco de la oposición. El Poder Ejecutivo se quedó solo hace un mes al aprobar el decreto contra la sequía y las sanciones a los municipios incumplidores. Los tres grandes partidos llegan a un acuerdo para superar el escollo del régimen de sanciones vinculando las multas a las obras de mejora de la red. ERC y PSC han acordado que las sanciones a los municipios que se excedan en el consumo de agua entrarán en vigor un mes después de que se publique la convocatoria de apoyo a las obras de mejora y prevención de fugas. La previsión es que se aprueben después del verano.
Con el acuerdo, los tres partidos dan paso y firman la cuadratura del círculo: Junts ha tomado la iniciativa parlamentaria -están dispuestos a que las sanciones no empiecen el 1 de julio-; ERC subraya que siguen vigentes las multas para quienes no elaboren los planes de sequía o no faciliten los datos a la ACA, y el PSC consigue que los ayuntamientos no sean identificados como culpables en plena precampaña y que el asunto se aplazará hasta septiembre. «Para negociar hay que ceder», dijo la socialista Alícia Romero, vocera del PSC, que hace dos semanas buscó el levantamiento de todas las sanciones. El documento de Junts -y también el de ERC- incluye mejoras de financiación por 50 millones de euros en ayudas a las comunidades afectadas.
Mientras se esbozaba el posible acuerdo. El director de la ACA, Samuel Reyes, compareció tras la reunión de gobierno y explicó con detalle que a partir de ahora se tratarán las zonas de la cabecera del Ter, el Llobregat medio y las zonas abastecidas por el embalse de Darnius Boadellas. El director del organismo ha culpado de la decisión tras comprobar el estado de las cuencas interiores y comprobar la tensión del déficit hídrico que no se ha visto afectado hasta el momento, como el de Anoia-Gaià (incluidos 38 municipios) o el de Cadaqués y otros 11 municipios, que se abastecen del embalse de Darnius Boadella. Sallent o Berga también se verán afectados por darse de alta en la entidad del Llobregat Medio.
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Las lluvias del pasado fin de semana no lograron revertir los indicadores, que siguen siendo negativos en zonas como la cabecera del Ter. «Las lluvias registradas no pueden poner fin a meses de sequía», dijo. Las restricciones entrarán en vigor cuando se publiquen en el Boletín Oficial de la Generalitat la próxima semana. La Generalitat ya empieza a informar a los municipios del cambio de estatus sobre las implicaciones de este nuevo estatus y espera que se les acompañe. En ningún caso las restricciones implican que se afectará el suministro de agua potable y se estipula una reducción del uso agrícola de hasta un 40%. Figueras, explicó Reyes, aseguró que la única comunidad multada por la ACA por la sequía fue Figueras. La sanción se debe a que no presentó el plan de emergencia exigido por el gobierno estatal y no superó el límite de consumo fijado en la situación excepcional.
Pese a la voluntad de los principales partidos de llegar a un acuerdo, las juntas y el PSC han atacado al Gobierno por las medidas previstas para paliar la escasez de agua, acusándolo de inacción y falta de planificación y queriendo culpar a los consistorios. Salvador Verges (Junts) ha acusado al Gobierno de «parálisis» ya Sílvia Paneque (PSC) de «desorden y desorientación». La Generalitat responde que ha acordado «con todos los sectores» las medidas a tomar. «Lo de la parálisis, nada de nada», respondió Eugeni Villalbí de ERC. Quien respondió con más agresividad a la propuesta de Junts fue En Comú Podem. El diputado Lucas Ferro ha tenido en cuenta que la propuesta sólo contempla suspender las sanciones contra los municipios hasta después de las elecciones. “Hacer campaña regando parques y jardines”, dijo Ferro.
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