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La primera reunión sobre la reducción de la jornada laboral, lema principal del acuerdo entre el PSOE y el gobierno de Sumar, finalizó el 25 de enero con obligaciones autoimpuestas por sindicatos y empresarios. Ambas partes propusieron una negociación paralela en la que se determinarían los detalles de la implementación de la reducción estándar del tiempo de trabajo. El gobierno aceptó este enfoque manteniendo abierto el diálogo tripartito para expresar su punto de vista. El 19 de febrero tuvo lugar una segunda reunión en el ministerio y este jueves tuvo lugar la tercera, a la que acudieron los representantes sociales sin haber llegado a acuerdos significativos por sí mismos. Esta reunión del Partido Laborista no cambió nada y al final ni siquiera los sindicatos acudieron a dar su valoración de la reunión, como suelen hacer. Pero el acuerdo pronto podría cobrar impulso: una vez se alcance el acuerdo sobre la reforma de las prestaciones por desempleo, el departamento de Yolanda Díaz priorizará estas negociaciones.
El compromiso del PSOE y Sumar es acortar la jornada laboral normal de 40 horas semanales a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025. El pacto de Gobierno no especifica en qué época del año aprobarían el cambio, sino la idea de qué trabajo haría el servicio para dar frutos antes del verano. En febrero, el ministro de Empleo, Joaquín Pérez Rey, propuso que el cálculo se hiciera anualmente y también propuso prohibir los registros diarios de trabajo en papel. Esto significa que las empresas con más de 50 empleados siempre deben registrarse electrónicamente y permitir que las inspecciones accedan a ellos de forma remota.
Las partes acudieron este jueves a la mesa de negociaciones sin ningún signo de avance, tanto por la falta de acuerdo en el diálogo bilateral entre sindicatos y patronal como por el momento de la reunión en plena campaña electoral europea. Tampoco es el mejor momento en la relación entre el departamento de Díaz y los agentes sociales. Tanto empresarios como sindicatos expresaron su malestar por la reciente aprobación de la difusión de acuerdos autonómicos, una concesión del PSOE al PNV con motivo de la toma de posesión de Pedro Sánchez. Y también les ha gustado el cambio en la normativa del Consejo Económico y Social (CES), permitiendo participar a las patronales regionales, lo que abre la puerta a la Pimec catalana, más independiente de la CEOE.
Son los empresarios los que más han insistido en que las negociaciones sobre la reducción de la jornada laboral deberían limitarse a ellos y a los sindicatos, sin que el poder ejecutivo esté presente. Los representantes empresariales sostienen que en los sectores más productivos la jornada laboral ya se ha reducido y se puede seguir reduciendo: cuatro de cada diez acuerdos, datos de los que tiene conocimiento el Partido Laborista, prevén, por tanto, una jornada laboral de 38,5 horas o menos.
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Amplio apoyo
La reducción de jornada propuesta por PSOE y Sumar cuenta con un amplio respaldo social. Según una encuesta del Instituto 40dB, dos de cada tres españoles lo apoyan. para EL PAÍS y Cadena SER. La proporción de apoyo es la misma si pides llegar más lejos, con un día menos de trabajo y 32 horas de trabajo. La mayoría de los partidarios de esta medida son jóvenes y votantes progresistas, pero también se nota la falta de oposición de los partidos de la oposición. Sólo el 24% de los votantes del PP y el 29% de los votantes de Vox rechazan el recorte de dos horas y media de trabajo semanales.
Según cálculos de CC OO, alrededor de 13 millones de empleados se beneficiarían de una reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas. Asimismo, a partir de microdatos de la Encuesta de Población Activa, el sindicato constata que una reducción de jornada beneficiaría más a los hombres que a las mujeres; que los municipios con mayor proporción de trabajadores afectados serían La Rioja y Castilla-La Mancha; y que por sectores esto se sentiría con mayor fuerza en la construcción y la industria.
Este cambio en las regulaciones laborales requiere que el gobierno busque la aprobación de una mayoría parlamentaria. Es decir, lo que el ejecutivo acuerde con los representantes de los trabajadores y de la patronal debe conseguir la aceptación de los socios que más entran en conflicto con el ejecutivo en cuestiones laborales, Junts y PNV. Este jueves, ante la falta de apoyo de estos partidos, fue derrotada una propuesta parlamentaria de Sumar del Observatorio de Márgenes Empresariales para que las mesas de negociación colectiva cuenten con información más confiable.
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