El Partido Popular ha retomado una teoría que está ganando fuerza en las redes sociales, especialmente impulsada por Vox, y que hace temer un supuesto aumento masivo de las listas de votantes como consecuencia de la extraordinaria legalización de los inmigrantes. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, declaró este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez «no tiene derecho a aumentar el censo en más de 800.000 personas», aunque los extranjeros legalizados no podrán votar en las próximas elecciones: ni en las municipales ni en las generales previstas para 2027.
Por lo general, los inmigrantes que ahora reciben un permiso de residencia deben esperar cinco años para poder solicitar el derecho al voto, y sólo pueden ejercerlo en elecciones locales, y no para todos, sino para aquellos que proceden de países con acuerdo de reciprocidad con España. Los inmigrantes procedentes de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o países sefardíes pueden solicitar la ciudadanía española y así votar tras dos años de residencia. Siempre que no haya retrasos burocráticos al menos en 2028. En cualquier caso, ni uno ni otro llegarían a tiempo a las licitaciones de 2027.
Feijóo denunció hoy en Figueruelas (Zaragoza) la regularización extraordinaria que el Gobierno aprobó por decreto después de que la Iglesia católica y otras organizaciones sociales impulsaran una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llegó al Congreso con más de medio millón de firmas. Lo ha hecho repitiendo los argumentos de que esta medida desencadenará un “efecto llamada” (que no ha sido demostrado en procedimientos de gobiernos anteriores) y añadiendo uno nuevo: que detrás hay un supuesto “objetivo electoral y electoral”, como subrayan fuentes de Génova, de un aumento del censo electoral, que, sin embargo, no tendrá un impacto directo en el Gobierno, ya que no actuará en las elecciones locales ni parlamentarias previstas para 2027. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ido igual más lejos. y ha declarado que la regularización de inmigrantes es «una trampa» que «puede alterar el censo electoral».
Feijóo criticó que la regularización «va en contra de la mayoría del Congreso y en contra de la política europea acordada» y llamó a Sánchez a «presentarla al Congreso, debatirla y votarla», aunque esto no era necesario ya que se aprobó por decreto. Y agregó: “No tiene ningún derecho [el Gobierno] “Aumentar el censo en más de dos millones de personas con la ley de nietos y en más de 800.000 personas con la regularización de la inmigración”.
El jefe del PP ha confundido dos cuestiones: la regularización aprobada por el Gobierno esta semana y la concesión de nacionalidades al amparo de la Ley de Memoria Histórica, que comenzó en 2007 y continuó en la ley de 2022 con nuevos requisitos. Sin embargo, en el primer caso, es decir, la regularización, los extranjeros que lo soliciten no podrán participar en las elecciones generales de 2027 ni en las locales de este año. Incluso si el gobierno de Sánchez no pudiera beneficiarse de ella (suponiendo que todas estas personas hubieran decidido votar al PSOE), Génova insiste en que la medida “busca ingresos electorales” “comprando gratitud para los futuros votantes”.
Todos los gobiernos desde la restauración de la democracia, a excepción del de Mariano Rajoy, han aceptado la legalización de los inmigrantes. José María Aznar (PP) legalizó a cerca de medio millón de personas en diversos procesos, mientras que los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero legalizaron a unas 570.000 y Felipe González a otras 140.000.
Un total de 455.024 residentes españoles, nacionales de 13 países extracomunitarios, tuvieron derecho a votar en las elecciones locales de 2023.
El segundo supuesto, el de concesión de la ciudadanía, está previsto en la Ley de Memoria desde 2007, pero en 2022 se añadieron nuevos requisitos. La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática establece que «toda persona nacida fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, de origen español, que haya perdido o renunciado a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio por motivos políticos, ideológicos o religiosos o por su orientación e identidad sexual, podrá optar por la nacionalidad española en el sentido de Artículo 20 del Código Civil.» En este caso, se incluirían en el cómputo de residentes ausentes los extranjeros que adquieran de esta forma la ciudadanía y que no residan habitualmente en España. Por tanto, podrían votar en las elecciones generales pero no en las locales. «El PSOE pretende cambiar el censo electoral a medio plazo y el SÍ promueve el clientelismo político por parte del BOE», afirmó la vicesecretaria Alma Ezcurra, encargada de asuntos de inmigración del PP, sobre los bulos en las redes sociales.
Según el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Gobierno ha concedido hasta el momento 237.145 nacionalidades a descendientes de exiliados republicanos al amparo de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Desde que se aprobó la ley en octubre de 2022, se han presentado a los consulados un total de 876.321 solicitudes. El país que más solicitudes ha registrado es Argentina.
Según el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de octubre de 2025 los extranjeros representaban el 14% de la población total residente en España. También representan el 14% de todos los trabajadores.
Feijóo también se refirió este miércoles desde Zaragoza a la revalorización de las pensiones que el PP tumbó el martes en el Congreso, junto a Vox y Junts, al votar en contra del decreto colectivo. El líder del PP reiteró, según dijo, su «compromiso imperdonable» con las prestaciones de las pensiones, pese a las «malas mañas» del Gobierno al incluir la subida junto a otras medidas. Los representantes populares afirman que la prórroga de la moratoria de desahucios para colectivos vulnerables contenida en este decreto ómnibus implica «favorecer la inquiokupación» u ocupación de viviendas en alquiler, y por ello la rechazaron. «Si el PSOE quiere reevaluar las pensiones, mañana lo votaremos», ha exigido Feijóo. La ministra de Vivienda atacó hoy al líder del PP por afirmar que quienes se acogen a la moratoria antidesahucios son okupas. «Una persona que de repente no puede pagar el alquiler porque no puede permitírselo (no porque no quiera) no es un okupa o «okupa», respondió Isabel Rodríguez, «es alguien que necesita el apoyo de la ciudadanía para reavivar su situación». «De eso se trata la protección social», ha subrayado la ministra, quien afirma que «Feijóo miente y criminaliza la pobreza y la inmigración».
