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El gestor de la red gasista española lleva más de cinco años ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, el Ciadi, donde disputa al Estado peruano una indemnización de 511 millones de dólares (475 millones de euros) por el fallido gasoducto GSP. Sin embargo, ya ha llegado el día de la verdad: Enagás espera un veredicto este mes, según sus últimas comunicaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En sus previsiones financieras, la compañía espera recuperar al menos 236 millones de euros a finales de la década, aplazando el resto para más adelante. La expectativa es máxima: el monto en cuestión corresponde a una pensión anual de casi dos años.
La disputa terminó en manos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en julio de 2018, luego de que Enagás presentara una demanda contra el Estado peruano en virtud del Acuerdo para la Promoción y Protección Mutua de Inversiones entre ambos países. La organización fundó el tribunal un año después con un presidente acordado por las dos partes (el argentino Diego Fernández Arroyo) y dos árbitros (el chileno Andrés Jana Linetzky y el alemán Claus Von Wobeser), uno de los cuales fue designado por la Cancillería española y el otro por las autoridades peruanas. El último avance público en el caso se produjo hace un año y medio, en diciembre de 2022, cuando ambas partes enviaron documentos escritos sobre los costos a la junta de arbitraje del Banco Mundial. Desde entonces, Sello de silencio.
Sin embargo, el 8 de enero, Enagás dijo en una breve comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que la preparación del laudo arbitral se encontraba “en una etapa avanzada de acuerdo con las instrucciones del tribunal arbitral”. También se indicó como fecha prevista para el anuncio el “primer semestre de 2024”. Un plazo al que ahora le quedan menos de tres semanas.
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Inversiones y garantías
Los 457 millones solicitados por la empresa española corresponden tanto a la devolución de la inversión financiera como a “los derechos de crédito ligados a la recuperación de las garantías concedidas como consecuencia de la resolución del contrato de concesión en GSP”, señala el último informe financiero de Enagás.
La gestora de la red gasista española registró el año pasado un beneficio neto de 342 millones de euros y la media de los analistas del panel de Bloomberg apunta a un beneficio de 266 millones en 2024, lo que se sitúa dentro del rango marcado por la propia compañía. Según las previsiones, en 2025 serán 237 millones. Por lo tanto, una decisión favorable a sus intereses significaría una asignación de fondos por un importe de 24 meses de prestaciones, lo que sería prematuro.
“En primer lugar, es necesario recibir el premio, ojalá positivo, antes de fin de mes. Y luego lo recoges, lo que puede ser un proceso que puede llevar mucho tiempo”, afirma Fernando García, jefe de análisis de Utilidades de RBC Capital Markets. Además, recuerda que la gestora gasista “tiene el problema de no poder repatriar los dividendos” de su filial Transportadora de Gas del Perú (TGP), donde tiene varados “alrededor de 400 millones”. “Enagás espera que si el arbitraje del GSP se resuelve positivamente, este otro también se resuelva rápidamente”, concluye vía correo electrónico.
En la misma línea, Virginia Romero, directora de análisis ESG de Banco Sabadell, pone el foco no tanto en la cantidad que se puede conseguir con esta primera adjudicación -la de GSP- sino en las conexiones entre ambos casos. “Aunque son independientes, la puerta estaría abierta a la negociación con el Gobierno peruano si la actual adjudicación a Enagás es positiva, lo que sería lógico, de modo que pronto se podrían desbloquear todos los dividendos cuando se produzca la segunda adjudicación, la de TGP. . sale.» La de TGP, que se anunciará a finales de este año o principios del próximo, ha bloqueado todo el dinero que genera la compañía española en el país sudamericano. “Es fundamental desde el punto de vista de su Clasificación a partir de 2026”, subraya Romero. Algo, subraya, que es muy relevante para el futuro.
Seis años de conflicto
El conflicto entre Enagás y Perú por el SGP se remonta a 2017, cuando el gobierno del país latinoamericano paralizó el proyecto que había sido adjudicado tres años antes. La empresa presidida por Antonio Llardén, que posee un 25% del consorcio que explotaría el oleoducto de más de 1.000 kilómetros, exige al país andino la devolución de todos los fondos invertidos antes de decidir el cierre definitivo. Algo especificado en una de las cláusulas del contrato. La compañía dirigida por Arturo Gonzalo Aizpiri ha confiado su representación legal al despacho de abogados británico Linklaters, mientras que el país latinoamericano ha confiado su representación legal al despacho de abogados estadounidense Arnold & Porter.
Si finalmente resulta desfavorable, la adjudicación tendría un impacto negativo en el presupuesto nacional de Perú, que ya tiene un déficit del 2,5% este año. Al contrario, indirectamente sería una buena noticia para las arcas españolas: el mayor accionista de Enagás es la Sociedad Pública de Participaciones Industriales (SEPI), cuya participación del 5% vale ahora casi 200 millones de euros. Además, el Estado tiene una acción de oro, que impide que los demás accionistas excedan su participación en el capital de la empresa.
Pese a ser una de las cotizadas con mayor rentabilidad por dividendo del Ibex, el operador de la red gasista y de las ocho plantas de regasificación españolas ha visto caer el precio de sus acciones un 20% durante el último año. Su actividad depende en gran medida de la evolución del consumo de gas, que se verá amenazado en los próximos años por la paulatina electrificación de la industria y los hogares.
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